Villarejo desliga 'Kitchen' de sus negocios privados y pide que Sánchez y Rajoy declaren
Asegura que el operativo parapolicial no tiene nada que ver con la macrocausa y que la Audiencia Nacional no es competente
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha desligado ‘Kitchen’, el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, de la macrocausa en la que la Audiencia Nacional investiga sus encargos privados, negando haber participado en los hechos por los que se sentará en el banquillo de los acusados.
Así se desprende de su escrito de defensa, recogido por Europa Press, en el que su letrado le señala a lo largo de 187 páginas como víctima de una presunta persecución que nació de una querella «que se preparó por medios espurios» por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para su defensa, propone la declaración como testigos en la vista oral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que fuera jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la titular de Defensa, Margarita Robles, de la exministra María Dolores de Cospedal y de la también exministra Dolores Delgado.
Villarejo, que se enfrenta a una petición de 19 años de cárcel por parte de la Fiscalía, asegura que en esta pieza separada del ‘caso Tándem’ «se han investigados otros hechos distintos» a su actividad privada, que es el nexo central de la macrocausa que instruye el juez Manuel García Castellón. Su letrado, en concreto, recuerda que el auto de septiembre de 2020 por el que se alzo el secreto señalaba que la investigación policial habría revelado «un proyecto distinto a los analizados» hasta la fecha «en la medida que se trataría de ejecutar un operativo parapolicial del que serían responsable órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado».
«Investigación prospectiva»
«Sin perjuicio de que pese a reconocerse que se trata de un hallazgo casual no hay auto habilitante que diera cobertura a la investigación de nuevos hechos con apariencia delictiva hallados en la documentación (en soporte papel y digital) intervenida, contraviniendo además lo dispuesto en los Autos de entrada y registro», asegura.
El abogado de Villarejo insiste en que «no puede desconocerse que el proceso penal se inició en virtud de querella de la Fiscalía Anticorrupción por unos hechos y delitos muy concretos que guardan poca relación con este hallazgo casual que ha dado origen a esta pieza separada en una evidente investigación prospectiva». En concreto, argumenta, todo encontraría su origen en la «denuncia anónima realizada por el colaborador del CNI David Rodríguez Vidal, utilizando una documentación que con engaño se obtuvo de (el empresario) Francisco Menéndez Rubio, con la participación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil».
A la Audiencia Provincial de Madrid
Pero, además, su letrado afirma que la Audiencia Nacional no sería la competente para conocer de estos hechos, sino que los mismos deberían haber sido remitidos a la Audiencia Provincial de Madrid. «Finalizada la instrucción, tras el dictado del auto de transformación a procedimiento abreviado, e incluso presentados ya sus correspondientes escritos de acusación por todas ellas y, sobre todo, una vez dictado el auto de apertura del juicio oral, resulta que ninguno de los delitos por los que se les acusa puede ser objeto de enjuiciamiento por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la que no es competente», apunta.
En su escrito de defensa, Villarejo también critica que no se haya permitido a su abogado «obtener copia del propio material que ha sido la fuente de prueba de cargo en su contra y que se haya fijado un régimen, que dice cumplir con las exigencias constitucionales de publicidad, impidiendo el acceso a una copia completa del material que le fue intervenido y que no fue declarado secreto».
Por otro lado, su representación considera que Villarejo «ha sufrido la más atroz campaña de desprestigio a través de masivas filtraciones de la causa (…) con la indudable afectación de su derecho de defensa». «Se han producido numerosas y continuadas declaraciones públicas de altos funcionarios y miembros del propio poder ejecutivo, legislativo y judicial que han violado, sin lugar a dudas, su derecho a la presunción de inocencia», añade.
La petición de fiscalía
Además de a Villarejo, el Ministerio Público pide condenar a 15 años de cárcel al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y a los mismos años a su ex ‘número dos’ Francisco Martínez, al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y a Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. La Fiscalía, además, también solicita condenar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que fuera jefe de la UCAO, el comisario Enrique García Castaño, y al que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando se habría producido el espionaje, Marcelino Martín Blas.