García Ortiz pide al Congreso que reconsidere llamar fiscales a la comisión del 'caso Koldo'
Sostiene que la comparencia de Luzón puede constituir «un inconveniente» y afectar a las investigaciones en marcha
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz el pasado verano. | Europa Press
La Fiscalía rechaza que los fiscales acudan a declarar al Congreso. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido por carta al presidente de la comisión de investigación creada para investigar contratos durante la pandemia que reconsidere la decisión de llamar al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, porque podría perturbar su trabajo. El listado de comparecientes, que se aprobó este martes, incluye a 134 personas, entre ellas tres fiscales, aunque dos desempeñan su labor en Europa.
García Ortiz considera que Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso podría «perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública». En un comunicado, la Fiscalía sostiene que la comparecencia de Luzón podría constituir «un inconveniente» para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones.
La comisión del Congreso que investigará presuntas irregularidades en contratos de material sanitario cometidas por las Administraciones durante la pandemia, que empezará por el llamado caso Koldo, inicia sus primeras comparecencias el lunes 22 de abril. Ese día está citado el exministro de Sanidad, Salvador Illa, candidato del PSOE en las elecciones autonómicas de Cataluña que se celebran tres semanas más tarde.
Citan a tres fiscales
Además de Luzón, han sido llamados a declarar ante esta comisión el fiscal europeo que supervisa la investigación del caso Koldo, Ignacio de Lucas, y la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi. Tal y como avanzó THE OBJECTIVE, ninguno de los tres figuraban inicialmente en el listado que propuso el PSOE el pasado jueves, pero sí en la propuesta consensuada que ha actualizado este martes, en la que se recogen las exigencias de sus socios de Junts, quienes solicitaron la inclusión de Ignacio de Lucas en su listado inicial.
Con estos llamamientos, el PSOE se salta una línea roja: que los jueces y fiscales no serán llamados a declarar a una comisión de investigación porque «lo prohibe la Constitución española». La afirmación la realizó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el pasado 21 de diciembre. De esa forma se alineaba con García Ortiz, que horas antes había reconocido que el ordenamiento jurídico impedía esas citaciones. La citación de los fiscales preocupa porque permite allanar el terreno para que los independentistas puedan citar a jueces en las comisiones de investigación sobre los supuestos casos de lawfare.
Una cuestión nuclear de la legislatura es el alcance de las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña, los atentados de Barcelona y Cambrils y el espionaje a dirigentes políticos independentistas. Constituyeron la moneda de cambio, junto a a ley de amnistía, para que Pedro Sánchez consiguiera el apoyo de Junts. Dichas comisiones fueron acotadas por el Gobierno, que negó que se pudieran llamar a jueces y fiscales, después de que los dirigentes nacionalistas denunciaran en el Congreso «una cacería política» de diversos magistrados, a los que nombró.
La comisión de investigación del Congreso citará a un total de 134 personas, entre ellas altos dirigentes políticos. Destacan los presidentes autonómicos de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens. También desfilarán por la Cámara Alta el exministro Ángel Víctor Torres y Koldo García, antiguo asesor de Ábalos.
