El Gobierno intenta evitar que Illa sea imputado por las mascarillas 'fake' en plena campaña
La Abogacía del Estado sale al rescate del exministro a pesar de que ya hay cinco altos cargos de Sanidad imputados
Salvador Illa, candidato del PSC a la Generalitat. | Europa Press
El Gobierno intenta evitar que Salvador Illa sea imputado por el caso de las mascarillas ‘fake’ en plena campaña electoral en Cataluña. Pocos días después de que el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid tomase declaración a los primeros de los cinco cargos y exaltos cargos del Ministerio de Sanidad imputados en este caso, quienes trabajaban como subordinados del ahora candidato del PSC cuando estalló la pandemia, la Abogacía del Estado alude a un presunto error de plazos del juez para pedir que se dé por concluida la causa.
Se trata de unas pesquisas reabiertas hace 16 meses por orden de la Audiencia Provincial para investigar si el exministro y/o su antiguo equipo en Sanidad incurrieron en un presunto delito contra la salud de los trabajadores del sector sanitario, al permitir que un lote de dos millones de mascarillas chinas no homologadas fueran utilizadas por médicos, enfermeros y otros profesionales en hospitales públicos durante varios días en abril de 2020, cuando morían alrededor de 800 personas diariamente por covid-19 en España.
En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Abogacía del Estado -que defiende al Ministerio de Sanidad y a tres altos cargos imputados en el caso- ha solicitado cerrar la causa y anular las declaraciones como imputados de los exsubordinados de Illa. Los servicios jurídicos del Gobierno apuntan en su recurso a que «no consta» en el sumario del caso ningún documento que acredite que el plazo de instrucción hubiese sido prorrogado en tiempo y forma por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
En una estrategia similar a la que utilizó para cerrar la investigación sobre el rescate a Plus Utra hace dos años, la Abogacía del Estado pide que se dé por concluida cualquier investigación sobre las mascarillas ‘fake’ de Salvador Illa a partir del 30 de agosto de 2022, y solicita que se anule el auto del pasado 20 de febrero por el que se citó a declarar a los tres actuales altos cargos de Sanidad que fueron citados por el juez Carlos Valle para declarar la pasada semana.
Según fuentes jurídicas, la declaración prestada por una de las personas imputadas la semana pasada, así como la documentación remitida por distintos organismos de Sanidad y las comunidades autónomas al juzgado durante los últimos meses, habían apuntalado las tesis principales de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), sindicato que impulsó la querella contra Illa que dio origen a la causa.
Un contrato de 23,8 millones
De acuerdo a las mismas fuentes, el testimonio de uno de los investigados que prestaron declaración y la nueva documentación aportada confirmarían nuevos indicios de que el Ministerio de Sanidad -dirigido entonces por Illa- tardó diez días en retirar de los hospitales públicos millones de mascarillas FPP2 no homologadas, de la marca Garry Galaxy, modelo N95. Se trata de un tipo de material sanitario que incumplía con la normativa de seguridad y que presuntamente fue utilizado por médicos y enfermeros en hospitales públicos de distintos puntos de España en abril de 2020, poniendo en riesgo su integridad.
Esas mascarillas defectuosas FFP2 N95, de la marca Garry Galaxy, fueron adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros adjudicado a la empresa Hangzou Ruining Trading, sin publicidad ni licitación previa, al inicio de la pandemia. Su nivel de filtrado era de tan solo el 70%, según la denuncia del sindicato médico, «muy lejos del 92% mínimo» que exige la normativa. Fuentes del juzgado informaron a este diario en enero que el juez Carlos Valle había prorrogado la causa el pasado mes de diciembre, antes de que se cumpliera un año desde que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura.
Las mismas fuentes aseguraban entonces que, tras analizar la «ingente documentación» remitida por varios organismos dependientes del Ministerio de Sanidad, el juez Carlos Valle había visto indicios suficientes para prorrogar la investigación durante otros seis meses y dictar un auto en el que ordenaba nuevas diligencias de investigación a practicar antes del 30 de junio. Pocas semanas después, según se desprende del recurso presentado el pasado 17 de abril por la Abogacía del Estado, el magistrado confirmó las intenciones adelantadas por fuentes del juzgado a este medio. En febrero citó a declarar como imputados a cinco funcionarios o exaltos cargos de Sanidad que trabajaban a las órdenes de Illa cuando ocurrieron los hechos investigados. Los tres empleados públicos que siguen en el Gobierno comparecieron el pasado martes ante el juez Carlos Valle, pero se acogieron a su derecho a no declarar.
¿Extravío o error?
Este diario se ha puesto en contacto con las mismas fuentes del juzgado para aclarar cuál es el motivo de que no aparezca en el expediente digital del sumario, según el recurso de la Abogacía del Estado, el documento por el cual se acordó prorrogar hasta finales de junio la investigación. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta oficial hasta el momento. En caso de tratarse de un extravío, en una causa cuyo sumario ha sido refoliado hasta en tres ocasiones según otras fuentes jurídicas, el error burocrático podría ser subsanado y la causa contra Illa y su antigua cúpula podría continuar pese al intento del Gobierno por dar carpetazo al caso a través del recurso de la Abogacía del Estado, que alude a la ausencia de documento alguno que acredite la prórroga de la causa en el expediente digital del sumario.
El documento en cuestión sería un auto o providencia dictado antes de llamar a declarar en febrero a los altos cargos de Sanidad imputados en esta causa. En su recurso, la Abogacía del Estado sitúa en «el 30 de agosto de 2021» la fecha en la que se incoaron las diligencias previas por las que se dio origen al caso de las mascarillas ‘fake’. Por el contrario, desde el juzgado se tomaba como referencia diciembre de 2022, fecha en la que la Audiencia Provincial había ordenado al mismo juez reabrir la causa.
Maniobra para blindar a Illa
En su recurso, la Abogacía del Estado intenta situar en agosto de 2021 la fecha de inicio de la causa -a efectos de plazos- y añade que «hasta la fecha no consta que se haya prorrogado la instrucción de las presentes diligencias previas, superando, con creces, los 12 meses previstos en el art. 324 de la LECrim». «La consecuencia de lo aquí expuesto, es la invalidez de aquellas diligencias acordadas y practicadas una vez agotado el plazo previsto, sin que éste hubiera sido previamente prorrogado», indica la Abogacía del Estado para solicitar que se anulen las declaraciones de los altos cargos de Sanidad imputados.
«Así resulta del art. 324.3 de la LECrim: ‘Si, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha», añade el recurso del Gobierno para solicitar el cierre de la investigación por las mascarillas ‘fake’ de Illa .
Un argumento similar hizo que el caso Plus Ultra se cerrase en noviembre de 2022 por un error de plazos. La jueza que instruía aquella causa no pudo acreditar que se hubiese dictado el correspondiente auto para prorrogar la instrucción, mientras la Audiencia Provincial resolvía un recurso interpuesto para intentar cerrar la investigación judicial sobre las presuntas irregularidades en el rescate con fondos públicos a la aerolínea. Cuando se resolvió el recurso y la juez citó a declarar como imputada a Plus Ultra, la aerolínea logró con otro recurso que la Audiencia Provincial cerrase el caso sin acudir a testificar, debido a que la instructora no dictó el correspondiente auto de prórroga de instrucción de la causa antes de citar a la compañía como imputada.
Vínculos con el ‘caso Travis’
En su denuncia sobre el caso de las ‘mascarillas fake’ de Illa, el sindicato médico CESM se querellaba exclusivamente contra Salvador Illa por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores del sector sanitario como responsable de haber facilitado ese lote de dos millones de mascarillas defectuosas a trabajadores del sector sanitario durante la primera ola de la pandemia. La empresa Hangzou Ruining Trading actuó como contratista del Gobierno para el transporte de material sanitario durante la pandemia, pero nunca se había dedicado al sector antes.
Uno de los fundadores de esa mercantil asiática, Xiaojuan Li, figura también entre los administradores de Hong Kong Travis Asia, otra de las empresas chinas que recibió el mayor de los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Sanidad al inicio de la pandemia: 192,5 millones de euros por mascarillas que, como reveló este medio, llegaron con casi un año de retraso pese a ser pagadas por adelantado.
Los contratos de esta última empresa están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid en otra causa abierta a raíz de una querella de Vox y en la que hay dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad investigados por prevaricación y malversación en relación a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación a Hong Kong Travis Asia, vinculada a través de uno de sus socios a Hangzou Ruining Trading.
Como adelantó este diario, el pasado mes de diciembre el partido político pidió a la juez Concepción Jerez que solicite traslado de toda la documentación aportada por Sanidad en el caso que dirige el magistrado Carlos Valle en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. Fuentes jurídicas afirman que aún no ha habido decisión de la jueza Jerez -titular del Juzgado 26- respecto de solicitar copia de las actuaciones al juzgado que investiga al exminsitro Salvador Illa por las mascarillas defectuosas. Este otro caso, en el que se investigan los contratos de Sanidad a empresas chinas durante el inicio de la pandemia, se encuentra pendiente de otro recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, añaden fuentes jurídicas.
