El juez que investiga a Begoña Gómez mantiene imputado a un alto cargo de Almeida
El gerente de la EMT, Alfonso Sánchez Vicente, declaró el pasado viernes tras una denuncia de Podemos
El juez Juan Carlos Peinado, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Gómez. | Alejandra Svriz
Le enviaron mensajes amenazantes, intentaron desacreditarle a través de su hija y le acusaron de estar vendido a la derecha. Los últimos días de Juan Carlos Peinado han sido una pesadilla, reconoce su entorno a THE OBJECTIVE. El ensañamiento comenzó el miércoles, cuando trascendió que había admitido a trámite una denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Lo que pocos saben es que, 48 horas más tarde, el juez tomó declaración a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, tras una denuncia de Podemos por presunta malversación.
La formación morada llevó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el encargo de un evento sobre movilidad sostenible a favor de la editora de OKDiario. La adjudicación, a dedo, tuvo lugar en diciembre de 2022 y ascendió a 72.600 euros (IVA incluido). Podemos denuncia que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que depende del Ayuntamiento que lidera Martínez-Almeida, habría pagado cuatro veces más de lo que abonó a otra empresa por un acto similar.
«No existe a priori justificación al sobreprecio (…) podría resultar irreal y enmascarar un fin distinto», denunció Podemos. El evento, denominado Ciudades y Transporte del Futuro: Movilidad y Electrificación Sostenibles, tuvo lugar el 27 de diciembre de 2022 en una de las cuatro torres de La Castellana. Participaron diferentes personalidades, entre ellas Martínez-Almeida. Otro de los concurrentes fue el gerente de la EMT, Alfonso Sánchez Vicente, uno de los tres investigados por el contrato.
Ayuda de Almeida
Sánchez Vicente acudió este viernes a declarar ante Peinado, aún con la resaca por la admisión a trámite de la denuncia de Begoña Gómez. Ese escenario motivó que el presidente del Gobierno se apartara durante cinco días de la primera línea política para «reflexionar». El gerente de la EMT defendió que el procedimiento fue correcto y que siguió los trámites habituales. Además, reveló que el evento había tenido una repercusión positiva para el ente, indican a este diario fuentes jurídicas.
El gerente de la EMT no fue el único en comparecer ante el juez. También acudieron la empleada de la empresa pública que tramitó el expediente, que aseguró que todo se ajustó a la legalidad, y Juan Carlos García Cabrera, representante de Dos Mil Palabras SL, editora del diario que recibió la ayuda. El contrato se realizó por el procedimiento negociado sin publicidad, lo que permite a las partes concretar sus condiciones sin iniciar un proceso público y evitar así que compitan otras empresas.
«Se hicieron todos los estudios económicos. Lo que se pagó era lo más viable», indicó Sánchez Vicente al juez. Desde la EMT siempre han defendido que Podemos compara la ayuda que se desembolsó a OKDiario por el acto de movilidad con otro evento que organizó con Madrid Open City, donde la empresa pública solo era uno de los patrocinadores.
El organismo contratante fue la EMT. La entidad depende del área de Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, otro de los asistentes al evento celebrado el 27 de diciembre de 2022. La publicidad institucional es una de las formas habituales que tienen los medios de comunicación para financiarse. En el caso de OKDiario, la empresa Dos Mil Palabras SL recibió más de 270.000 euros entre 2018 y 2021 de Administraciones gobernadas por el PP, según reveló El Salto.
Críticas por lawfare
El juez pasó inadvertido tras la admisión a trámite de la denuncia de Podemos. Sin embargo, cuando aceptó investigar las posibles relaciones de Begoña Gómez con la trama Koldo se desató crítica airada que desestabilizó a Peinado, con cuatro décadas de carrera a sus espaldas. Comenzó a recibir amenazas y se ensañaron con su hija por ser concejal del PP en Pozuelo de Alarcón. Incluso le acusaron de lawfare desde el Gobierno.
El entorno de Peinado rechaza que se trate de un juez partidista y destacan su independencia. «Por eso es capaz de admitir a trámite denuncias de organizaciones que están en las antípodas, como Manos Limpias y Podemos», subraya una persona que ha trabajado con él. El juez, de 70 años, permanecerá en activo hasta enero de 2026, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le autorizará a retrasar su jubilación hasta los 72 años, edad máxima que establece la ley.
Hace una década, trató sin éxito de convertirse en vocal del CGPJ como independiente. Peinado corrió la misma suerte en 2019, cuando solicitó la plaza como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Manuel García-Castellón. Su primer destino fue en Arenas de San Pedro (Ávila). Antes de recalar en Plaza de Castilla pasó por Talavera de la Reina y Getafe.
En 2015 investigó a los concejales de Ahora Madrid Pablo Soto y Guillermo Zapata por unos tuits ofensivos, también a petición de Manos Limpias. Peinado acabó inhibiéndose porque el caso ya estaba en manos de la Audiencia Nacional. También instruyó las denuncias del Ministerio de Cultura contra varias productoras por subvenciones y precios en taquilla y se encargó de las pesquisas contra el exfutbolista del Real Madrid Raúl González por una supuesta deuda.
El juez al que algunos han puesto ahora bajo sospecha citó en 2020 a Martínez-Almeida por cerrar los parques públicos de Madrid durante el confinamiento por la pandemia. Peinado acabó reculando a petición del regidor y reconoció que su citación podría suponer «una estigmatización». Uno de los casos más mediáticos está relacionado con la imputación de 12 periodistas por informar de la causa de los Comités de Defensa para la República (CDR), entonces secreta, y que acabó archivando.
