La Fiscalía solicita dos años y medio para 'Tito Berni' por falsedad documental
El exlegislador socialista contrató a un marroquí en una de sus empresas para que no fuese expulsado del país
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido este martes dos años y medio de prisión para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, por cometer un presunto delito de falsedad documental al contratar ilícitamente a un marroquí para que éste último pudiese permanecer en España, mientras se encontraba tramitando la renovación de su permiso de residencia.
Tito Berni utilizó una de sus sociedades, Ganadería Tetir, para dar de alta durante tres meses como trabajador al ciudadanos de Marruecos por petición de su hijo, que también se encuentra imputado en la causa por el mismo delito. Asimismo, la mujer del exdiputado del PSOE también está siendo investigada por tramitar «la documentación mencionada a sabiendas de su falsedad y con la evidente finalidad de que se presentara en el oportuno expediente administrativo».
El Ministerio Público señala que como consecuencia del contrato «ficticio», R. Zankti pudo permanecer en España, además de acceder a una ayuda del SEPE valorada en más de 2.000 euros, que la Fiscalía reclama que se devuelva.
Tito Berni y El Mediador
El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo era uno más de los que pueblan el Congreso hasta el 14 de febrero de 2023. Aquel día de San Valentín la Guardia Civil inició en las Islas Canarias una operación de anticorrupción que acabó en un primer momento con la detención de un general del cuerpo en retiro por acusado de cohecho y tráfico de influencias y con el legislador socialista investigado fraude de subvenciones de productos alimentarios.
Según se fueron sucediendo los días apareció el personaje principal de la trama: Marcos Antonio Navarro, apodado El Mediador. Las pesquisas de la Guardia Civil desvelaron una trama de corrupción con respecto a las subvenciones que se otorgaban desde la Dirección General de Ganadería del Gobierno del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La trama ofrecía a empresarios privilegios en materia de contratos con la administración, les facilitaban recibir subvenciones públicas y evitaban que estos empresarios recibieran inspecciones en sus compañías. A cambio de estos servicios, los empresarios pagaban una comisión a los miembros de la trama, unos 5.000 euros, a través de una empresa que controlaba el propio Tito Berni.
El Mediador captaba a los empresarios a los que posteriormente el exdiputado socialista recibía en el Congreso de los Diputados, donde trataban los asuntos a pactar. Además, tras ir a la Cámara Baja, el general retirado de la Guardia Civil les recibía en una de las sedes del Instituto Armado. Como colofón, los miembros de la trama y algunos de los empresarios acudían a las fiestas que organizaban con drogas y prostitutas.