Los policías heridos durante las protestas de Tsunami, al juez: «Temimos por nuestra vida»

Los policías heridos de gravedad durante las protestas de la plataforma Tsunami Democràtic temieron por su vida. Así se lo han hecho saber este martes al juez que instruye el caso por terrorismo en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Los agentes, que ante la gravedad de las agresiones tuvieron que jubilarse, solicitan ser indemnizados como víctimas de terrorismo. Durante su declaración han asegurado que los manifestantes estaban organizados y que conocían sus movimientos. Tras sufrir el ataque, han insistido, debieron ser escoltados en el hospital porque pretendían atacarles en el centro sanitario.

Los hechos se produjeron en la Plaza de Urquinaona el 18 de octubre de 2019, días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por el procés. Miles de personas tomaron las calles de Barcelona para protestar, convocados por Tsunami. Atacaron a los agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Dos de ellos sufrieron heridas de grave consideración que les obligó a abandonar la profesión de manera permanente.

Los agentes han relatado al juez de Tsunami que llegaron a temer por su vida. Han advertido que nunca se habían enfrentado a tanta virulencia, motivo por el que las unidades de antidisturbios se estaban quedando sin personal, indican a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. Una agresividad que, han subrayado, que perseguía matar a un policía. Uno de los afectados ha explicado que las protestas comenzaban siendo pacíficas, pero que «en cuestión de segundos» prendía la mecha y se tornaban violentas.

Tsunami y el terrorismo

A pesar de que en la protesta había más de 10.000 personas, los agentes han cifrado entre 2.500 y 3.000 las que participaban en los ataques. Han asegurado que estaban «muy organizados» y que tuvieron la percepción de que conocían los movimientos de los antidisturbios porque, cada vez que iban a reforzar un flanco, aparecían otros manifestantes rápidamente para evitar que se pudieran reagrupar y reorganizar.

Los dos policías lesionados han señalado que durante los ataques les tiraron baldosas, adoquines, bolas de petanca, picos, palas y hachas. A ellos les impactó un adoquín de grandes dimensiones, de unos 40 o 50 centímetros, que les provocaron lesiones importantes. Ambos han manifestado a García-Castellón que mantienen secuelas, tanto físicas como psíquicas, por lo que debieron solicitar la jubilación por incapacidad permanente.

Uno de los heridos ha especificado que recibió un golpe en el antebrazo que le provocó una fractura abierta y que se le veía el hueso. Los sanitarios le recomendaron que no regresara a la zona después de que le trasladaran a la Jefatura de la Policía Nacional en Vía Laietana porque la cosa «está muy fea y puede haber algún muerto». Aún así, decidió volver a primera línea, momento en el que recibe el impacto en la cabeza, se queda inconsciente y lo vuelven a llevar a la jefatura.

Su compañero ha señalado que las ambulancias tardaron en llegar porque los manifestantes habían levantado barricadas. Como la situación no se calmó tras trasladarles al hospital, tuvieron que poner seguridad porque les llegó la información de que los protestantes de Tsunami pretendían atacarles en el centro sanitario y que allí también peligró su integridad física.

La imagen con Sánchez

Uno de los agentes, que sufrió un traumatismo craneoencefálico, ha asegurado que aquel episodio le cambió la vida. Dos días después de haber recibido el impacto en la cabeza recibió la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hizo pública su imagen. Ese gesto provocó que sufriera una persecución y hostigamiento en el pueblo en el que vivía. No solo contra él, también contra su mujer y sus hijas. Ha informado de que debió malvender su casa y marcharse a otro lugar.

El Tribunal Supremo decidió en febrero que investigará por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y el parlamentario de ERC Rubén Wagensberg en el marco del caso Tsunami Democràtic, siguiendo así el criterio de García-Castellón, que había solicitado esta decisión al alto tribunal con una exposición razonado al estar aforados. Otros 10 imputados serán juzgados en la Audiencia Nacional.

La magistrada del Supremo que se encargar del caso, Susana Polo, acordó el pasado 9 de mayo que la Asociación Dignidad y Justicia ejerza la acusación popular en la causa que investiga a Puigdemont y Wagensberg por presunto terrorismo en los disturbios atribuidos a Tsunami. La decisión llega después de que las acusaciones, entre las que también se encuentran Vox y Sociedad Civil Catalana, no llegaran a un acuerdo para «concurrir en única representación y defensa».