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Un grupo de prostitutas paga una multa a una periodista que publicó tuits contra Ábalos

Decenas de trabajadoras sexuales aportan entre 10 y 200 euros cada una para sufragar la sanción a Cristina Seguí

Un grupo de prostitutas paga una multa a una periodista que publicó tuits contra Ábalos

José Luis Ábalos y Cristina Seguí. | THE OBJECTIVE

Las trabajadoras del sexo han salido en defensa de Cristina Seguí, una periodista que ha sido condenada a indemnizar a José Luis Ábalos con 6.000 euros por «intromisión ilegítima en su derecho al honor» tras publicar varios tuits contra el que fuera ministro de Transportes. En uno de ellos deslizaba que era un «putero». Decenas de prostitutas se han movilizado y han puesto dinero de su bolsillo para pagar la indemnización y/o el recurso de casación al Tribunal Supremo. Y lo hacen por un motivo muy claro: «Es un despropósito condenar a alguien por llamar putero a un ministro que supuestamente contrató nuestros servicios cuando el Gobierno no para de llamar puteros a los clientes».

Así lo asegura Susana Pastor, una madame conocida por su activismo contra la abolición de la prostitución, que ha sido la que ha movilizado a trabajadoras sexuales a través de varios grupos de WhatsApp, en las que hay un total de 450 prostitutas. De estas algunas han aportado entre 10 y 200 euros para sufragar la sanción. Así, en tres días ya se ha recaudado el dinero de la multa y sólo falta el necesario para cubrir los gastos judiciales habidos y por haber, cifrados en torno a los 4.000 euros, y para llegar a los cuales la demandada ha creado un crowfunding.

Susana Pastor y Cristina Seguí lideran una manifestación en favor de la regulación de la prostitución y contra la prohibición. | Cedida

«Me siento orgullosa de colaborar con alguien que nos ayudó y nos sigue ayudando, y que mi sector me respalde otra vez movilizándose rápidamente y demostrando nuestra solidaridad», celebra Pastor, que reconoce que algunas prostitutas «están poniendo una hucha» en los burdeles para que colaboren los clientes.

La sentencia

En los tuits que motivaron la demanda, publicados entre diciembre de 2020 y abril de 2021, Seguí acusaba a Ábalos de haber enchufado a «una hermanísima» en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, de tener una amante boliviana «traída para las funciones propias», de comprar un doctorado y de «poca higiene». El abogado de la periodista recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, aferrándose a la libertad de expresión, pero esta ha dado la razón al exministro de Transportes.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el tribunal considera «inadmisibles las referencias y críticas a aspectos íntimos» de la vida privada de Ábalos, «incluso relacionadas con la falta de higiene, que ninguna relación guardan con la posible discrepancia política o con la posible crítica a la gestión de intereses públicos o generales -que sería lo que pudiera amparar el tono y los calificativos utilizados-, y lo que, obviamente, lesionaba su dignidad y menoscaba de manera injustificada su fama o prestigio frente a los demás».

El fallo fundamenta su decisión en que «a la demandada le asiste el derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas u opiniones; pero no el insulto ni la vejación gratuita ni el infundio, aunque pudiera ser un político la persona contra la que dirigía su crítica».

Recurso de casación

La demanda de José Luis Ábalos fue admitida a trámite en junio de 2021, un mes antes de que el socialista abandonara el Gobierno. Su defensa pedía una indemnización de 40.000 euros, que se eliminaran los mensajes, que publicara la sentencia en un periódico de difusión nacional y que Seguí se abstuviera de hacer manifestaciones semejantes en lo sucesivo. Finalmente, se le ha condenado sólo a suprimir los tuits y abonar 6.000 euros por los daños causados.

Pese a lo expuesto, Seguí considera ser víctima de una «injusticia» y anuncia que interpondrá un recurso de casación al Tribunal Supremo, y ha iniciado una campaña de crowdfunding en caso de no prosperar para hacer frente a estos gastos y «seguir denunciando la corrupción». En opinión de la periodista, esta sentencia «instala la peligrosa vía de que la corrupción sea dura y crudamente azotada mediante el ejercicio de la libertad de expresión de cualquier ciudadana».

La periodista resalta que José Luis Ábalos, según una información publicada por El Español, habría pagado supuestamente los costes del juicio gracias a transferencias de Koldo García Izaguirre y su mujer, Patricia Úriz, que realizaron una provisión de fondos superior a 7.000 euros para los litigios que el exministro mantenía con tres comunicadores. Entre ellos, el que tenía con la propia Cristina Seguí que, por su parte, ha contado con el apoyo económico de las prostitutas.

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