Begoña Gómez lleva imputada por corrupción desde que el juez abrió la causa
La esposa del presidente del Gobierno está investigada por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias
Begoña Gómez está investigada. Una condición procesal que adquirió desde el momento en el que el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra ella el pasado 16 de abril por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El magistrado ordenó que así se notificara a la esposa de Pedro Sánchez, según se desprende del sumario (bajo secreto hasta este lunes) al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El día 24, el presidente del Gobierno escribió su famosa «carta a la ciudadanía» en la que anunció que se tomaba un periodo de reflexión para seguir en el cargo. La misma jornada en la que el abogado de Gómez firma el escrito de personación, de lo que se infiere que el dirigente socialista sabía de la imputación de su pareja.
«Sin perjuicio de que, en el presente momento procesal, no se acuerde la declaración de la persona investigada, y dado que se le atribuye dicha condición procesal, se considera, a los efectos de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución Española, necesario, que se le dé traslado del presente auto, a fin, de que, si lo estima conveniente, designe procurador y abogado que la represente, y puedan estar presentes, e intervenir, en su caso, en las diligencias que se acuerdan en esta resolución judicial», afirma el auto firmado por Peinado el 16 de abril.
Eso supone que Begoña Gómez tiene la condición de investigada, lo que antes se denominaba como imputada, desde el momento en el que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió diligencias contra ella. De hecho, en la parte dispositiva del citado auto, el juez insiste en que se ponga en conocimiento de la persona investigada «la incoación de las presentes diligencias previas, a los efectos, de que, si lo estima oportuno, designe abogado y procurador».
El abogado de Begoña Gómez
Hace apenas dos semanas trascendió que Begoña Gómez había elegido al exministro socialista Antonio Camacho como su abogado en la causa. Camacho fue secretario de Estado de Seguridad y después ministro del Interior del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. Es fiscal de carrera desde 1991, ha ejercido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y llegó a ser presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en 2003.
El letrado ya ha dejado su impronta. Camacho ha solicitado al juez que instruye el caso que suspenda temporalmente las declaraciones previstas para el 6 y 7 de junio porque le coincide con el arranque de un juicio en la Audiencia Nacional, aunque «no ha aportado ni una sola prueba documental que ratifique la imposibilidad de asistir a la cita». Dos días antes de las elecciones europeas está prevista la declaración en calidad de testigo de Carlos Barrabés, el empresario que obtuvo diversos contratos públicos tras las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.
Que el juez haya levantado el secreto del sumario ha revelado que Begoña Gómez y, por ende, su marido, sabrían de su situación procesal cuando Sánchez anunció el 24 de abril que se planteaba renunciar a la presidencia del Gobierno. Aquella tarde, el dirigente socialista publicó una «carta a la ciudadanía» a través de su perfil oficial en redes sociales en respuesta a la causa judicial abierta contra su esposa.
«Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa», afirmaba Sánchez en la misiva. El presidente se dio un plazo de cinco días para decidir si «continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor». El dirigente canceló su agenda pública «unos días» para «decidir qué camino tomar». En mitad de ese periodo, miles de simpatizantes socialistas de toda España se manifestaron en la calle de Ferraz para pedirle que continuara al frente del Ejecutivo, algo que anunció el lunes 29 de abril.
La carta se publicó en las redes sociales del presidente del Gobierno el mismo día en el que el abogado de Begoña Gómez firmaba el escrito de personación. «Habiendo recibido testimonio de la parte dispositiva del auto dictado en las presentes diligencias previas, por el cual se acuerda incoar diligencias previas y atribuir a mi defendida la condición de investigada, vengo a poner en conocimiento de ese Juzgado que interesa al derecho de mi representado instar su personación en la presente causa», sostiene el escrito de Camacho al que ha accedido este diario.
A pesar de ello, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha hallado pruebas «por el momento» del presunto tráfico de influencias denunciado por Manos Limpias. El análisis encargado por el juez Peinado señala que el único elemento que puede vincular a Begoña Gómez con Globalia (grupo propietario de Air Europa) es que uno de sus directivos, Javier Hidalgo, coincidió con ella en dos eventos celebrados en 2020 en los que participaba una filial del grupo empresarial, Wakalua. Aún así, los investigadores seguirán buscando pesquisas.