La Audiencia de Madrid avala la investigación del juez contra Begoña Gómez
Rechaza así la pretensión de la Fiscalía, que había pedido el archivo de la causa sobre la mujer de Sánchez
Begoña Gómez. | EP
La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción, esposa del presidente del Gobierno, según han podido conocer THE OBJECTIVE por fuentes jurídicas. El tribunal, que deliberó este martes a puerta cerrada, sí decidió aceptar parcialmente el recurso del fiscal en lo relativo al secreto de sumario, y al mismo tiempo, permitió al instructor que continúe con la investigación «realizando las diligencias necesarias según lo establecido».
Hay que recordar que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó la revocación del auto recurrido y el archivo de la causa abierta contra la mujer de Pedro Sánchez el pasado 25 de abril, tan solo un día después de la decisión del juzgado de Madrid de abrir diligencias contra Begoña Gómez.
En concreto, la Sección 23 de la Audiencia Provincial, con ponencia del magistrado Enrique Jesús Bergés, señala que «pese al contenido algo desvalazado de la denuncia» de Manos Limpias, sí que existen «datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación» en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés.
En la denuncia, que fue registrada el pasado 9 de abril, se afirmaba que Gómez «aprovechándose de su estatus personal como esposa del presidente del Gobierno de España, ha estado recomendando o respaldando con cartas de recomendación firmadas por ella a empresarios que participaban en licitaciones públicas».
Desde el sindicato afirmaban que uno de los empresarios «favorecidos por estas recomendaciones o avales» de Gómez es Carlos Barrabés, a quien se le habrían adjudicado contratos públicos por un valor de 10 millones de euros. «Este empresario además organizó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», añadían, y señalaban que la cátedra de Begoña Gómez también lo contrató como profesor asociado.
Además, mencionaban que Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional como presunto intermediario en el ‘caso Koldo’, era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (…) de la compañía» Air Europa, filial de Globalia. A esto se suma que Air Europa «acordó pagar 40.000 euros al año al IE África Center de la denunciada» y que el acuerdo entre Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros anuales en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.
«Indicios objetivos»
El tribunal explica ahora al respecto que, de la documentación unida a la denuncia, se desprende que Innova Next SLU –del entramado empresarial de Barrabés– obtuvo contratos con Red.es «ganando a ofertas económicas más atractivas» y que, «al parecer, la denunciada Begoña Gómez recomendó su contratación por carta».
Sin embargo, sobre lo que sostiene la denuncia de Manos Limpias de que Gómez habría podido mediar en el rescate público de Air Europa gracias a su supuesta conexión con el ex consejero delegado de la compañía Javier Hidalgo, la Sala asevera que es «una simple conjetura» más allá «de llamativas coincidencias temporales y personales».
«De lo anterior se deduce que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo para el comienzo de la instrucción acordada mediante el auto recurrido y que son suficientes en relación a lo que el Tribunal Constitucional exige para la incoación de un procedimiento», añade.
E incide en que la denuncia de Manos Limpias proporciona «indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos, respecto de los hechos concretos referidos a la UTE formada por Innova Next SLU y la Escuela de Negocios The Valley, actividad que legitima una investigación». Apunta que no es necesario por el momento anticipar una calificación jurídica.
En este sentido, le dice al Ministerio Público que con independencia del resultado de la investigación abierta, «no es el momento de valorar los indicios para imputar un delito» y, por tanto, «resulta completamente improcedente el análisis detallado del hecho delictivo denunciado para ser calificado jurídicamente».
«Lagunas de impunidad»
Además, afea a la Fiscalía que «su pretensión de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica, ‘ab initio’, en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer».
Y dado que solo ve base en lo referido a las adjudicaciones a Barrabés, le dice al juez que debe limitarse a esos hechos y debe dar «las órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora, dado el carácter genérico del inicial oficio» que emitió.
En cuanto a que Peinado declarara secreta la causa al inicio, el tribunal dice que era «innecesario» porque en el auto de incoación no indica la finalidad de dicha restricción de derechos. «Y no obstante, se permite a la denunciada tomar conocimiento del resultado de las diligencias, no cumpliéndose con la finalidad que justificaría el secreto que hemos indicado», apunta, por lo que acuerda alzar el secreto, si bien esa medida ya fue adoptada por el propio instructor hace días.
El informe de la UCO
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid llega después de que se haya levantado el secreto de la causa y tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emitido un informe en el que descarta que haya vinculación de Begoña Gomez con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo que favoreciera el rescate de la aerolínea de la compañía por parte del Estado. También descarta que su intervención decantara adjudicaciones a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés.
En el informe, que incluye el sumario de la causa a la que ha tenido acceso Europa Press, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica 3 indican que el único elemento que vincularía objetivamente a Begoña Gómez con Globalia es el hecho de que coincidió con Hidalgo en dos eventos que tuvieron lugar en enero de 2020 en los que participaba la sociedad Wakalua –filial de Globalia–.
Por otro lado, la UCO, tras analizar los contratos públicos adjudicados a sociedades vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, concluye que en los tres expedientes de la sociedad Innova Next con Red.es, que están en el foco de la investigación del juzgado, la empresa de Barrabés (o la UTE con la que participaba) obtuvo «la mejor puntuación» en criterios dependientes de juicio de valor, cuyo peso en el concurso era del 40%. En el apartado de criterios económicos (60%) no fue, sin embargo, la primera.
Los agentes explican, no obstante, que con la normalización de las puntuaciones y aplicando el porcentaje de peso de cada criterio, las dos UTE en las que estaba Innova Next obtuvieron la mejor puntuación en los cuatro contratos.
En el marco de la investigación el juez ha practicado ya una serie de diligencias: desde la toma de declaración a responsables de medios de comunicación en los que se publicaron las noticias en las que se basó la denuncia, hasta la petición a la UCO para que reclamase los expedientes de los contratos bajo sospecha al Consejo Superior de Deportes (CSD) o al Ayuntamiento de Madrid.
Por otro lado, ha trascendido que la Fiscalía Europea (EPPO) preguntó al juez Peinado si esta causa afecta a contratos suscritos con fondos europeos y ya analiza documentación del procedimiento para determinar si es competente para investigar. Así consta en un decreto del 26 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el órgano comunitario pide al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le informe de los hechos que investiga y de si en el procedimiento «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley», integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalan en ese decreto que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estima pertinente, por los que solicita al juzgado que le remita la documentación oportuna.
