Los fiscales 'tumban' la amnistía: Puigdemont no es amnistiable, hubo «beneficio patrimonial»
Existe «ánimo de lucro» al desviar fondos públicos a un fin distinto del previsto y, por tanto, para intereses particulares
Los fiscales del 'procès' Javier Zaragoza y Fidel Cadena. | Europa Press
Los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que ejercieron la acusación en el juicio del 1-O, han comunicado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la amnistía no es aplicable para los fugados y procesados por malversación Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, ni tampoco para los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa porque hubo un «beneficio patrimonial», según el escrito al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE.
Los fiscales del Tribunal Supremo explican: «En nuestro caso y respecto del delito de malversación es claro que concurre en los procesados rebeldes, Puigdemont, Comín y Puig, a la sazón presidente de la Generalitat, consejero de Sanidad y consejero de Cultura, respectivamente, al igual que en los condenados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, todos los elementos del tipo penal». Y puntualizan que los independentistas cometieron «infracción del deber de custodia, apropiación de fondos públicos, beneficio patrimonial, en cuanto se dedican a fines inconstitucionales de extraordinario costo que les beneficiaban para conseguir sus propósitos, no restitución y ánimo de lucro».
Así, en dicho escrito remitido a García Ortiz, los fiscales del Supremo concluyen que «debe indicarse que el tipo penal no exige el enriquecimiento del autor, pero en este caso existió un beneficio patrimonial de los autores». Subrayan que «con el dinero sustraído de las arcas públicas se pagaron servicios y contratos públicos que daban cobertura, respaldo y solvencia a un proyecto político exclusivo de los autores beneficiados». Por ello, defienden que existe «ánimo de lucro» puesto que se desviaron fondos públicos a un fin distinto para el que estaba previsto y, por tanto, para unos intereses particulares y «totalmente ajena a los intereses públicos que se gestionan».
Además, los cuatro fiscales del 1-O señalan que «la malversación de fondos públicos afecta a los intereses financieros de la Unión Europea» y dichos actos no son aplicables con la ley de la amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas.
Amnistía
La votación y posterior aprobación de la amnitía se ha podido llevar a cabo este jueves después de que hace unas semanas el PP levantara el veto a la norma en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta. La misma se ha retrasado algo más de lo normal por la estrategia de los populares en la Cámara Alta, basada en un informe de sus letrados en la que se cuestionaba la constitucionalidad de la norma y donde aseguraban que ésta podría vulnerar derechos de la Unión Europea. Pero, pese a ello, finalmente el Congreso ha avalado la ley impulsada por el Gobierno junto a sus socios independentistas catalanes.
Aunque no hay cifras oficiales, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, realizó un cálculo en el que se determinaba que un total de 372 personas con causas penales, se iban a poder beneficiar de la ley que finalmente se ha aprobado este jueves. Entre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, éste último se aprovechará de la nueva ley ya que, aunque fue indultado, la medida de gracia fue parcial.
Pero la cifra de personas podría ser aún mayor, ya que también se sumarán a los sancionados en aplicación de la ley de seguridad ciudadana -que podrán recuperar las multas abonadas-. Junts calcula en un millar a estos últimos y ERC ha llegado a hablar de hasta 1.500 personas. De hecho, la organización jurídica vinculada a la izquierda independentista Alerta Solidària ha cifrado en 419 el número de manifestantes y activistas amnistiables, un recuento del que excluyen a políticos, miembros de la administración o trabajadores bajo órdenes de gobiernos autonómicos o municipales.
