Anticorrupción se opondrá a que la Fiscalía Europea asuma la totalidad del 'caso Koldo'
El Ministerio Público considera que el organismo europeo no sería competente para hacerse cargo de la instrucción de esta causa
El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre.
La Fiscalía Anticorrupción se opondrá a que la Fiscalía Europea asuma la instrucción del caso Koldo como le ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la adjudicación de una serie de contratos de compra de mascarillas por parte de algunas administraciones públicas a una misma empresa durante la pandemia.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, esta será previsiblemente la postura que Anticorrupción plasmará en el correspondiente informe que presente al juez Ismael Moreno, que esta misma mañana ya ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la petición de la Fiscalía Europea antes de adoptar una decisión al respecto.
En Anticorrupción, según las fuentes consultadas, consideran que el organismo europeo no sería competente para hacerse cargo de la instrucción de esta causa —de la que ya había asumido la investigación de las adjudicaciones por parte de los gobiernos de Islas Baleares y Canarias—, al considerar que en los contratos investigados por el juez y que se adjudicaron a la empresa Soluciones de Gestión no se aprecia una malversación que afecte a fondos europeos.
Lo que pretende la Fiscalía Europea es «investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo», según informó ayer en un comunicado, al entender que todo ello responde a una misma presunta organización criminal y debe ser analizado en su conjunto.
La Fiscalía Europea en Madrid inició el pasado 4 de marzo su investigación sobre un posible fraude en los contratos públicos adjudicados por las autoridades sanitarias de las Islas Baleares y Canarias a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de equipos médicos, incluidas mascarillas, durante la pandemia.
Al constatar que el juzgado de Ismael Moreno estaba investigando contratos a esta misma empresa y dado que uno de ellos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para ver si ejercía su derecho de avocación como finalmente así ha sido.
Una vez reciba el informe de Anticorrupción, el juez tomará una decisión, y de oponerse a la pretensión de la Fiscalía Europea, el magistrado podría plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el que debe decidir quién se queda el caso, tal y como dicta la norma que regula en España la Fiscalía Europea.
Sobre esta petición, el juez también ha dado traslado a las otras acusaciones personadas en la causa, entre ellas Vox y PP, si bien en su caso únicamente lo hace para que tengan conocimiento de la petición y no para que informen al respecto.
Esto es así porque, según han explicado las citadas fuentes, de ser aceptada finalmente la competencia de la Fiscalía Europea, las acusaciones populares no podrán formar parte del procedimiento, según el reglamento de la Fiscalía Europea.
Dicho reglamento es el que establece que cuando la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación sobre una causa, «las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito».
Si finalmente la Fiscalía Europea se queda con la investigación, el juzgado de la Audiencia Nacional ya no sería competente y tendría que dejarla completamente en sus manos, ya que, a diferencia del modelo español -en el que las investigaciones las dirige un juez-, en el europeo la instrucción de las causas es competencia de la Fiscalía bajo la supervisión de un juez de garantías.
La Fiscalía Europea es la responsable, dentro de la Unión Europea, de investigar delitos contra los intereses financieros de la UE y otros indisolublemente vinculados.
Esta misma semana, el juez Ismael Moreno recibía el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a que el exministro de Transportes José Luis Ábalos tuvo conocimiento de los contratos investigados y de la empresa sobre la que pivota la causa, de mano del que fuera su asesor Koldo García, uno de los principales investigados.
En ese informe, la UCO destacaba también el papel de varios altos cargos del actual Gobierno, lo que ha motivado que el juez haya pedido a Transportes los correos de dos de ellos: el actual subsecretario de este departamento, Jesús Manuel Gómez, y también de Javier Sánchez Fuentefría, actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y entonces director general de Organización e Inspección del Ministerio que dirigía Ábalos.
