El CGPJ reprende a Sánchez: su carta a la ciudadanía deteriora la «independencia judicial»
Progresistas y conservadores aperciben al presidente por sus ataques al juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. | Rober Solsona (Europa Press)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apercibe a Pedro Sánchez. El órgano ha pedido «contención» al presidente del Gobierno tras sus ataques al juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Vocales conservadores y progresistas han consensuado, tal y como avanzó este diario, una declaración en la que han pedido al dirigente socialista, aunque sin nombrarle, que respete los pronunciamientos judiciales. El escrito advierte que la carta que publicó el pasado 4 de junio «solo contribuye al deterioro de las instituciones» y de la «independencia judicial».
«Hacemos un nuevo llamamiento a la contención y se evite cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales», han señalado este lunes los vocales del CGPJ, reunidos de urgencia. El comunicado indica que la nueva carta a la ciudadanía de Sánchez hace «una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción».
Los vocales han recalcado que, una vez más, se ven en la «necesidad» de recordar que «las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna».
La carta de Sánchez
La Comisión Permanente del CGPJ la semana pasada pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas de Sánchez. La reunión estaba fijada el mismo jueves, pero tanto los vocales conservadores como los progresistas decidieron aplazarla unos días para no interferir en la campaña de las elecciones europeas de este domingo. El presidente del Gobierno había publicado días antes una nueva carta a la ciudadanía donde ponía en entredicho la resolución del juez que investiga a su esposa.
«Esta decisión se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», escribió Sánchez en sus redes sociales el pasado 4 de junio.
El presidente insinuó que el juez Juan Carlos Peinado había citado a su esposa a declarar en plena campaña electoral para interferir en las elecciones. Begoña Gómez tendrá que personarse en el juzgado el próximo 5 de julio. El magistrado abrió diligencias contra Begoña Gómez a mediados de abril por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
En el CGPJ causaron estupor las palabras de Sánchez, pero también las declaraciones de algunos de sus ministros. La vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, aseguró que el magistrado se saltó la pauta habitual de no tomar decisiones que puedan interferir en una campaña electoral. El ministro de Transportes, Óscar Puente, sostuvo que la citación de Begoña Gómez «claramente interfiere» en las elecciones y señaló que la decisión «carece de lógica procesal». La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reconoció que el proceso era «extraño y burdo».
Respuesta consensuada
Los representantes de ambas sensibilidades han consensuado la respuesta, tal y como avanzó este diario. Un detalle que celebraron especialmente los vocales conservadores, conscientes de la dificultad de lograr unanimidad en un CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces suele dividirse en los asuntos de calado. Así sucedió en los dos pronunciamientos que aprobó el Pleno contra los ataques por lawfare que recibieron algunos jueces desde el Congreso y el que suscribió tras el acuerdo de PSOE y Junts para investir a Sánchez.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha criticado que CGPJ reclame contención al presidente mientras «la mayoría conservadora» se comporta como «un actor político más, que interfiere en el debate político llevando al desprestigio a la judicatura». Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha reprochado que «se atreva, en su situación, a hablar de deterioro institucional», ya que el órgano de gobierno de los jueces lleva más de cinco años con el mandato caducado.
Los jueces de instrucción de Madrid, en cambio, han mostrado este lunes apoyo a Peinado «frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo en las últimas semanas y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta». Los compañeros del juez se han reunido el mismo día que el CGPJ para rechazar «las descalificaciones» que recibido en los últimos días porque «la ley es igual para todos, sin privilegios».
Pese a la carta de Sánchez, al juez Peinado no le tembló el pulso. El jueves, el mismo día en que el CGPJ anunciaba su reunión para reprender al presidente, dictó una providencia en la que aseguró que no conocía «precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley» que le impidiese anunciar la citación como investigada de la esposa del presidente en plena campaña electoral.
Este lunes se ha conocido que la Fiscalía Europea ha reclamado a Peinado una parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez. Se trata de la parte que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien firmó cartas de recomendación la esposa de Sánchez, que se habría hecho con fondos europeos. Este movimiento se produce una semana después de que la Guardia Civil se personara en la sede de la sociedad pública Red.es para solicitar documentación.
