Llarena mantiene la orden de detención contra Puigdemont tras la publicación de la amnistía
El Supremo da plazo de cinco días a la Fiscalía y las defensas para que se pronuncien acerca de la revisión de los casos del ‘procés’
Pablo Llarena | Europa Press
El Tribunal Supremo ha acordado mantener la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont después de que este mismo martes se haya publicado la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, ha dictado una batería de providencias, recogidas por Europa Press, en las que da traslado a la Fiscalía y a las defensas para que en cinco días se pronuncien acerca de la revisión de casos del procés por la ley de amnistía. Precisamente, también hoy la defensa de Puigdemont ha informado que esperaría a los movimientos del juez del Supremo antes de solicitar la aplicación de la amnistía. En cambio, ERC ya ha presentado 37 peticiones de amnistía para sus dirigentes.
Cabe recordar que en el Supremo constan dos procedimientos penales relativos al plan rupturista del Ejecutivo que encabezó Puigdemont. En primer lugar, la causa especial 20907/2017, conocida como la causa del procés, incluye a Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía; y al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas que fueron condenados en 2019. Esta causa abarca delitos de desobediencia y malversación.
En segundo lugar, figura el procedimiento penal abierto el pasado febrero por presunto terrorismo contra el propio Puigdemont y el diputado electo de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg en el marco de los disturbios atribuidos a la plataforma independentista Tsunami Democràtic.
Contra amnistiar la malversación
Los cuatro fiscales de la causa -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno- se limitarán a responder a lo que le pregunten los tribunales y no harán un informe general sobre la ley de amnistía, según han informado a la agencia.
El criterio de los cuatro fiscales, sin embargo, trascendió el pasado 30 de mayo, tras la reunión que mantuvieron con el jefe del Ministerio Público. Según fuentes conocedoras del encuentro, al término entregaron un documento en el que avisaban de que no están a favor de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont en el delito de malversación.
En el texto, los firmantes defendían que el expresidente sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE. No obstante, los fiscales aseguraron que sí sería posible aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al procés.
