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La Fiscalía cifra en 486 los procesados que podrían beneficiarse de la amnistía

Según precisa el Ministerio Público, la ley podría afectar «aproximadamente» a 82 causas penales en tramitación

La Fiscalía cifra en 486 los procesados que podrían beneficiarse de la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Europa Press

La Fiscalía General del Estado calcula que 486 personas podrían beneficiarse de la ley de amnistía que ha entrado en vigor esta semana tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según informa el Ministerio Público, la norma «puede afectar, aproximadamente, a 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación». Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Cataluña.

Al hilo, matiza que es posible que no se pueda aplicar la amnistía en los 82 procedimientos porque hay causas con delitos que no se incluyen en la ley –como los delitos de odio– en conjunto con otros que sí se contemplan en el texto legal. En el Supremo consta la causa especial 20907/2017, conocida como la causa del procés, que incluye al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros catalanes que fueron procesados en rebeldía. Esta causa abarca delitos de desobediencia y malversación.

Fuentes fiscales puntualizan que, aunque en el Supremo también está la causa por presunto terrorismo contra el propio Puigdemont y el diputado electo de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, esta se enmarca –y contabiliza– en el procedimiento que abrió la Audiencia Nacional en 2019 por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’. En la Audiencia Nacional se registra, a su vez, el procedimiento relativo a los Comités de Defensa de la República (CDR), procesados por delitos de organización terrorista, tenencia de explosivos y estragos.

En el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña figuran dos procedimientos penales por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Según las fuentes consultadas, una de ellas sería la causa contra la consejera catalana Natàlia Garriga, el exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat Josep María Jové y el exsecretario de Hacienda del Govern Lluís Salvadó, que están a la espera de juicio por los preparativos del 1-O.

Barcelona acumula la mayoría de las causas

Otro dato que revela el Ministerio Público es que la provincia de Barcelona es la que mayor número de causas acumula. Hasta 39, seguidas en la Audiencia Provincial y juzgados de instrucción y de lo penal de la ciudad de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Martorell, San Felíu de Llobregat, El Prat de Llobregat, Villanueva y Geltrú, Sabadell, Sardañola del Vallés, Mataró y Terrassa.

En segundo lugar, se encuentra Gerona con 19 procedimientos judiciales vinculados al procés en la Audiencia Provincial y juzgados de instrucción de Gerona ciudad, La Bisbal del Ampurdán y Figueras. Le sigue la provincia de Tarragona, con 12 causas en juzgados de instrucción y de lo penal de ciudad de Tarragona, Reus, Tortosa y Valls. Mientras que en la provincia de Lérida, hay 7 causas entre juzgados de instrucción y de lo penal de la capital de provincia y Solsona, que podrían beneficiarse de la medida de gracia que perdona una década del proceso independentista catalán.

Los procesos judiciales abarcan delitos de malversación, desobediencia, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en subvenciones, coacciones, falsedad documental y delito electoral, revelación de secretos, blanqueo, desórdenes públicos y daños, lesiones y contra la integridad moral, torturas y tratos degradantes, incitación al odio, injurias, ultrajes, abandono de servicio, resistencia, atentado, amenazas, grupo criminal, contra la seguridad vial, hurto o robo.

Un documento de la Fiscalía, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, cifra en 359 las causas totales que podrían verse afectadas por la ley de amnistía. Los procedimientos vinculados se encuentran en diferentes ámbitos, tanto territoriales como jurisdiccionales. La publicación de la norma en el BOE, ya ha desencadenado una oleada de peticiones para que se aplique.

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