El fiscal general impone su criterio y pide a los fiscales díscolos que amnistíen la malversación
García Ortiz considera que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la UE
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Europa Press
Habrá Junta de Fiscales de Sala el martes. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido a los fiscales que intervinieron en el juicio del procés en el Tribunal Supremo que emitan un informe favorable a amnistiar la malversación, en contra de su criterio. Los cuatro representantes del Ministerio Público involucrados entregaron el miércoles un documento a su superior donde se oponían a perdonar los delitos financieros de los condenados y huidos por ser «improcedente y contraria a las leyes». Se niegan a cambiar su posición y piden activar el mecanismo legal para solventar discrepancias.
García Ortiz, tal y como establecen los artículos 22.2 y 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), ha ordenado este viernes a los fiscales Fidel Cadena, Javier A. Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que respondan a las providencias de 11 de junio de 2024 del Supremo de forma favorable a amnistiar la malversación, según informan a THE OBJECTIVE fuentes del Ministerio Público.
El fiscal general se ha pronunciado este viernes en un decreto en el que defiende aplicar la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros líderes del procés. «Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados», defiende García Ortiz en su escrito.
Fiscales en contra
El máximo exponente de la Fiscalía considera que sus subordinados confunden en su informe el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. Entre las exclusiones que incluye el artículo 2 de la norma destacan «los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la UE». Esto supone perdonar la malversación de fondos públicos vinculada al procés siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento.
El fiscal general considera que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la UE. Además, subraya que sus subordinados «han anticipado el planteamiento de una discrepancia» con su postura «sin conocer previamente el contenido de la orden o instrucción ni los argumentos en que esta se fundamenta». A partir de este momento, emplaza a los cuatro a responder ahora por escrito, tal como exige el EOMF, si acatan su orden o invocan el artículo 27, que conllevaría celebrar una Junta de Fiscales de Sala el próximo martes.
Los cuatro fiscales que participaron en el procés ya avanzaron el miércoles que lo harían en caso de que García Ortiz les impusiera su criterio. «Si [el fiscal general del Estado] considera que debe aplicarse en todo caso la ley [de amnistía], prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes (…) deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada y, a continuación, proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)», sostenían en su informe.
La Fiscalía es un órgano jerárquico, por lo que todos los representantes del Ministerio Público están obligados a seguir el criterio de su superior. El EOMF prevé en su artículo 27 un mecanismo para solventar las discrepancias. El precepto establece que el fiscal que reciba una orden que considere contraria a las leyes o improcedente se lo hará saber a su superior mediante informe razonado. Si este considera insatisfactorias las razones alegadas, podrá plantear la cuestión a la Junta de Fiscales y, una vez que esta se manifieste, la resolverá, bien ratificándola o reconsiderándola.
Decisión de García Ortiz
Como el criterio de García Ortiz no se corresponde con el de sus subordinados, convocará este martes a los fiscales jefes de todos los órganos judiciales para escuchar su postura. El resultado de la reunión no es vinculante, ya que la decisión final le corresponde a él. Si decide sustituir a los fiscales que participaron en el juicio del procés debe dictar un decreto motivado en el que se acuerde la avocación de la causa, como establece el artículo 25 del EOMF.
El escrito que los fiscales del procés presentaron el pasado miércoles responde a la petición que realizó García Ortiz un día antes. El Supremo dio entonces cinco días para que la Fiscalía informara si debía aplicar la amnistía a cuatro exconsejeros de la Generalitat que siguen teniendo pendiente una pena de inhabilitación por malversación y otros cuatro procesados que huyeron de la justicia, entre ellos Puigdemont. Aunque no ven posible amnistiar la malversación, si consideran aplicable la norma a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
