Los fiscales del 'procés' siguen negándose a amnistiar la malversación y piden ser relevados
García Ortiz convoca una Junta de Fiscales de Sala para imponer su criterio favorable a perdonar delitos financieros
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Europa Press
Los fiscales del procés mantienen su negativa a amnistiar la malversación y piden ser relevados. En el escrito de respuesta al fiscal general al que ha accedido THE OBJECTIVE, los representantes del Ministerio Público se oponen a la solicitud de Álvaro García Ortiz. Este les había ordenado emitir un informe favorable a perdonar los delitos financieros porque «no hubo ánimo de lucro». Los cuatro fiscales involucrados siguen defendiendo la tesis del informe que entregaron hace dos días a su superior, que ha convocado una Junta de Fiscales de Sala el próximo martes para apartarles de la causa, tal y como ellos mismos solicitan.
«Seguimos considerando que los argumentos expuestos (por García Ortiz) para justificar la aplicación incondicional de la ley de amnistía a los hechos constitutivos de malversación de esta causa especial no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos, de manera que son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida», reza el escrito firmado por Javier A. Zaragoza como representante del resto de fiscales que participaron en el juicio del procés en el Tribunal Supremo.
García Ortiz, tal y como establecen los artículos 22.2 y 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), había ordenado unas horas antes a este fiscal y a Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que respondieran a las providencias de 11 de junio de 2024 del Supremo de forma favorable a amnistiar la malversación. Un extremo al que los cuatro representantes públicos han vuelto a negarse. En su escrito han pedido que se active el mecanismo legal para solventar discrepancias, recogido en el artículo 27 del EOMF.
Fiscales díscolos
«Como ya le avanzábamos en nuestro escrito el pasado 12 de junio, si finalmente mantiene la decisión adoptada sobre la aplicación de la ley de los hechos constitutivos de malversación, solicitamos expresamente que se aplique el artículo 25 del EOMF para que dicte un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para despachada por V.E. o quien designe a tales efectos», insiste Zaragoza en el texto, de dos páginas. Dicho y hecho. García Ortiz ha convocado a los Fiscales de Sala para celebrar una junta el próximo martes. El cónclave comenzará a las 9.30 horas.
La Fiscalía es un órgano jerárquico, por lo que todos los representantes del Ministerio Público están obligados a seguir el criterio de su superior. El EOMF prevé en su artículo 27 un mecanismo para solventar las discrepancias. El precepto establece que el fiscal que reciba una orden que considere contraria a las leyes o improcedente se lo hará saber a su superior mediante informe razonado. Si este considera insatisfactorias las razones alegadas, podrá plantear la cuestión a la Junta de Fiscales y, una vez que esta se manifieste, la resolverá, bien ratificándola o reconsiderándola.
Como el criterio de García Ortiz no se corresponde con el de sus subordinados, convocar para este martes a los fiscales jefes de todos los órganos judiciales para escuchar su postura. El resultado de la reunión no es vinculante, ya que la decisión final le corresponde a él. Si decide sustituir a los fiscales que participaron en el juicio del procés debe dictar un decreto motivado en el que se acuerde la avocación de la causa, como establece el artículo 25 del EOMF, al que hacen referencia los propios díscolos en su escrito.
El texto que estos presentaron el miércoles respondía a la petición que realizó García Ortiz un día antes. El Supremo dio entonces cinco días para que la Fiscalía informara si debía aplicar la amnistía a cuatro exconsejeros de la Generalitat que siguen teniendo pendiente una pena de inhabilitación por malversación y otros cuatro procesados que huyeron de la justicia, entre ellos Puigdemont. Los fiscales que participaron en el juicio del procés se mostraron en contra de perdonar los delitos financieros de los condenados y huidos por ser «improcedente y contraria a las leyes».
García Ortiz considera que sus subordinados confunden en su informe el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. Entre las exclusiones que incluye el artículo 2 de la norma destacan «los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la UE». Esto supondría perdonar la malversación de fondos públicos vinculada al procés siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento.
El fiscal general considera que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la UE. Además, subraya que sus subordinados «han anticipado el planteamiento de una discrepancia» con su postura «sin conocer previamente el contenido de la orden o instrucción ni los argumentos en que esta se fundamenta».
