Los fiscales avalan el criterio de García Ortiz para amnistiar la malversación en el 'procés'
El fiscal general del Estado encarga los informes que demanda el Supremo a su ‘número dos’ y a Sánchez-Covisa
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
La Fiscalía defenderá que se perdone el delito de malversación durante el procés. La Junta de Fiscales de Sala ha avalado por una exigua minoría la tesis de Álvaro García Ortiz, partidario de amnistiar las infracciones financieras porque no hubo «enriquecimiento personal de carácter patrimonial». La reunión celebrada este martes, que no era vinculante, supone un espaldarazo para el fiscal general del Estado, cuyos subordinados se negaron a exculpar a los independentistas catalanes y pidieron ser relevados de la causa. García Ortiz ha encargado los informes que solicita el Tribunal Supremo a su número dos, María Ángeles Sánchez Conde, y a Joaquín Sánchez-Covisa.
La Junta de Fiscales de Sala se ha celebrado en un ambiente tenso y con posturas divididas, explican a THE OBJECTIVE fuentes presenciales. De hecho, la posición que defiende García Ortiz se ha alzado con la victoria por solo dos votos: 19 frente a 17 y la abstención del fiscal Antonio Vercher. Entre los potenciales beneficiarios se encuentran el expresidente catalán Carles Puigdemont y los dirigentes de ERC Oriol Junqueras y Marta Rovira.
La reunión ha durado más de cinco horas, receso incluido. Han asistido 34 de los 38 fiscales que lo componen. Dos han intervenido telemáticamente y otros dos han excusado su presencia por razones médicas. La reunión comenzó pasadas las 9.30 horas con la intervención de algunos de los fiscales que rechazan amnistiar la malversación. Para defender su posición, García Ortiz les ha sustituido en la causa por la teniente fiscal del Supremo, Sánchez Conde, y otro miembro del Ministerio Público cercano a sus tesis, Sánchez-Covisa.
Fiscales díscolos
Tras un receso a mediodía, la reunión se retomó con un turno de palabra organizado por orden inverso a su nombramiento, es decir, dejando a los miembros más antiguos para el final. Las fuentes consultadas por este diario afirman que han tenido lugar una veintena de intervenciones, algunas muy críticas con la posición de García Ortiz, que ha sido el último en tomar la palabra para fijar la posición, favorable a amnistiar la malversación. No obstante, la decisión final la tomarán los jueces del Supremo.
Los fiscales que participaron en el juicio del procés ya avanzaron a su superior en una reunión el pasado 30 de mayo que se oponían a perdonar la malversación. El artículo 2 de la ley de amnistía excluye varios supuestos de su aplicación, entre ellos «los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la UE». Esto supone que la malversación de fondos públicos se considera amnistiable siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento.
La victoria por la mínima en la reunión de este martes supone un espaldarazo para un cuestionado García Ortiz. El fiscal general se encuentra en el ojo del huracán tras el recurso de una asociación contra su nombramiento y la causa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en la que podría acabar imputado por un presunto delito de revelación de secretos.
La semana pasada, una vez que entró en vigor la ley de amnistía, la Sala Segunda del Supremo y el juez Pablo Llarena solicitaron a la Fiscalía que se pronunciase sobre la aplicación de la norma. García Ortiz ordenó a Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que emitieran un informe favorable a perdonar los delitos financieros porque «no hubo ánimo de lucro». Todos se negaron al considerar que se trataba de una posición «improcedente y contraria a las leyes» y se mostraron partidarios de apartarse de la causa si García Ortiz mantenía ese criterio.
Relevo de fiscales
El fiscal general les solicitó el martes que elaborasen un «informe procesal» y «no genérico» como el que presentaron días antes. García Ortiz se pronunció el viernes a través de un decreto en el que defiende aplicar la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros líderes del procés. «Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados», defendió. La respuesta de sus subordinados no se hizo esperar.
«Seguimos considerando que los argumentos expuestos (por García Ortiz) para justificar la aplicación incondicional de la ley de amnistía a los hechos constitutivos de malversación de esta causa especial no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos, de manera que son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida», rezaba el escrito firmado por Zaragoza.
Los cuatro fiscales díscolos solicitaron entonces a García Ortiz que activara el mecanismo legal para solventar las discrepancias, recogido en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). El fiscal general, que ya se venía venir el desenlace, había advertido a los fiscales de sala que se reservaran este martes por si había que celebrar una junta, como finalmente ha sucedido.
La Fiscalía es un órgano jerárquico, por lo que todos los representantes del Ministerio Público están obligados a seguir el criterio de su superior. El EOMF prevé en su artículo 27 un mecanismo para solventar las discrepancias. El precepto establece que el fiscal que reciba una orden que considere contraria a las leyes o improcedente se lo hará saber a su superior mediante informe razonado. Si este considera insatisfactorias las razones alegadas, podrá plantear la cuestión a la Junta de Fiscales y, una vez que esta se manifieste, la resolverá.
El resultado de estas reuniones no es vinculante, ya que la decisión final corresponde al fiscal general. Para sustituir a los cuatro fiscales que se negaron a perdonar los delitos de malversación, García Ortiz ha tenido que dictar un decreto motivado en el que se acuerda la avocación de la causa, como establece el artículo 25 del EOMF. Como avanzó este diario, una de las favoritas era la teniente fiscal del Supremo, Sánchez Conde, que ya fue la elegida cuando la Junta de fiscales del Supremo tumbó el informe redactado por Álvaro Redondo que exoneraba a Puigdemont del delito de terrorismo en el caso Tsunami.
