García Ortiz prepara el relevo de los fiscales que se niegan a amnistiar la malversación

La división en la Junta de Fiscales de Sala de este martes será máxima. La posibilidad de que Álvaro García Ortiz remueva a los fiscales que participaron en el juicio del procés y se niegan a amnistiar la malversación ni cotiza. Se da por segura. Para relevarlos suenan la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la secretaría técnica, Ana Isabel García León. El resultado de la reunión será muy ajustado, aunque el cónclave es preceptivo y, por tanto, no vincula. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE destacan que una derrota comprometería al fiscal general, en el ojo del huracán tras el recurso contra su nombramiento y la causa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en la que podría acabar imputado por un presunto delito de revelación de secretos.

Entre las exclusiones que incluye el artículo 2 de la ley de amnistía destacan «los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la UE». García Ortiz busca imponer su criterio a favor de amnistiar la malversación durante el procés. El fiscal general sostiene que dicho delito exige el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial», algo que en su opinión nunca se produjo. Los fiscales que participaron en el juicio contra los independentistas en el Tribunal Supremo consideran que existió ánimo de lucro y se oponen a perdonar la malversación.

Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno anunciaron el pasado miércoles a García Ortiz que se negaban a perdonar la malversación por ser «improcedente y contraria a las leyes». Incluso abrían la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general les obligaba a emitir un informe favorable, tal y como este les pidió. Ante ese escenario, los cuatro fiscales díscolos solicitaron activar el mecanismo para solventar discrepancias que prevé el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Apoyo de los fiscales progresistas

Las fuentes consultadas revelan que la Junta de Fiscales de Sala, conformada por 38 miembros, estará «dividida». García Ortiz contará con el respaldo de los representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció el ahora máximo dirigente del Ministerio Público. En total, más de una decena de fiscales, la mayoría ascendidos durante la etapa de su predecesora, Dolores Delgado (que también participa en el cónclave). La exministra fue cuestionada por «haber ideologizado la carrera» con el nombramiento de afines.

«Vencerá su tesis por un puñado de votos», avanzan fuentes fiscales. Eso, aseguran, evitará más problema a García Ortiz, cercado por varias polémicas que pueden llevarle incluso a ser imputado en el Supremo por la filtración del caso de la pareja de Díaz Ayuso, imputado por dos delitos contra Hacienda y otro de falsedad documental. «Su criterio es el mismo que del Gobierno, que trata de amnistiar la malversación a toda costa», lamentan algunos fiscales con décadas de experiencia.

Como la decisión de la Junta de Fiscales de Sala no es vinculante, García Ortiz encargará previsiblemente a uno de sus fiscales de confianza un informe a favor de perdonar los delitos financieros, extremo al que se oponen los cuatro fiscales que participaron en el juicio del procés. Destacan dos nombres. El primero, el de María Ángeles Sánchez Conde. La teniente fiscal del Supremo fue la elegida cuando la Junta de fiscales del Alto Tribunal tumbó el informe redactado por Álvaro Redondo que exoneraba a Carles Puigdemont del delito de terrorismo en el caso Tsunami.

García Ortiz tiró de su número dos después de las discrepancias que mostraron los dos fiscales jefes del Supremo, Fidel Cadena (uno de los cuatro fiscales involucrados en esta ocasión) y Joaquín Sánchez-Covisa. El máximo dirigente del Ministerio Público derivó el caso a la superior jerárquica de órgano judicial, algo que soliviantó a varios de sus subordinados, que alertaron de una estrategia para que el informe dependiera directamente del fiscal general. Finalmente, el Supremo se opuso a la opinión de la Fiscalía y decidió investigar al expresidente catalán por terrorismo.

Posibles relevos

La otra persona que suena para recibir el encargo de emitir el informe que avala la amnistía de los delitos de malversación es Ana Isabel García León, la jefa de la secretaria técnica de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, responsable de la intendencia en el órgano. «García Ortiz tiene la potestad de nombrar a uno o más fiscales para sustituir a los cuatro que han decidido no realizar un informe avalando que se perdonen los delitos financieros», insiste otro miembro del Ministerio Público consultado.

Los fiscales del procés mantuvieron su negativa a amnistiar la malversación después de que García Ortiz les solicitara un informe favorable. Los cuatro miembros del Ministerio Público involucrados defienden que sus argumentos «son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida». Zaragoza, Cadena, Madrigal y Moreno pidieron que, en caso de imponerse el criterio de su jefe, se activara el mecanismo de discrepancias que recoge el EOMF y se produjera su relevo.

La Fiscalía es un órgano jerárquico, por lo que todos los representantes del Ministerio Público están obligados a seguir el criterio de su superior. El EOMF prevé en su artículo 27 un mecanismo para solventar las discrepancias. El precepto establece que el fiscal que reciba una orden que considere contraria a las leyes o improcedente se lo hará saber a su superior mediante informe razonado. Si este considera insatisfactorias las razones alegadas, podrá plantear la cuestión a la Junta de Fiscales. Sin embargo, esta no es vinculante.

Para remover a los fiscales del procés, García Ortiz debe dictar un decreto motivado en el que se acuerde la avocación de la causa, como establece el artículo 25 del EOMF. El máximo dirigente del Ministerio Público sostiene que sus subordinados confunden en su informe el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. En su opinión, los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la UE. La última palabra, no obstante, la tendrán los jueces del Supremo.