El juez acordó grabar en vídeo la declaración de Begoña: «No tiene condición de autoridad»
Responde a su abogado que «no se alcanza a comprender» su petición ya que es una práctica que tiene soporte legal
El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó grabar sólo el sonido y no la imagen de su declaración del viernes pasado porque «no tiene la condición de autoridad» y porque «todos los españoles son iguales ante la ley».
Así consta en una providencia emitida por el magistrado Juan Carlos Peinado, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que rebate de esta manera lo alegado por la defensa de Gómez, el exministro Antonio Camacho, que indicaba que hacía esa petición atendiendo a que es un «personaje público».
«La investigada no tiene la condición de autoridad ni cargo alguno que le atribuya que no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la igualdad, y que todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», indica el magistrado en su resolución.
Precisamente, el viernes Peinado acabó suspendiendo la declaración de Gómez dado que Camacho informó de que no se le había notificado una de las querellas que constan en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra ella, la de ‘Hazte Oír’. El juez ha señalado nueva fecha para el 19 de julio a las 10:00 horas.
Todo apunta a que esa nueva declaración, por tanto, será grabada con audio y con vídeo y la misma estará a disposición de las partes personadas –entre ellas Vox, Hazte Oír, Manos Limpias o Iustitia Europa–. El juez, en esta nueva providencia para responder a Camacho, señala además que «no se alcanza a comprender» la petición de Camacho y le recuerda que el hecho de recoger con imagen y sonido las grabaciones no es una práctica que carezca de soporte legal, sino todo lo contrario.
Cabe recordar que Peinado investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y que antes de que se suspendiera esa declaración del 5 de julio, el letrado de la mujer del presidente insistió en varios escritos en conocer los hechos por los que la investigaba habida cuenta que la Fiscalía Europea ha asumido la parte de las pesquisas relativas a contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.