Carmen Calvo activa la comisión de estudio del Consejo de Estado en pleno debate migratorio
En la memoria 2023 destaca un descenso del número de consultas y de los dictámenes de urgencia
Carmen Calvo durante la presentación de la Memoria 2023 del Consejo de Estado. | Alberto Ortega (Europa Press)
La comisión de estudios del Consejo de Estado se reunirá en octubre tras seis años sin hacerlo. Su presidenta, Carmen Calvo, ha activado este grupo de trabajo para elaborar informes y estudios de oficio, aunque aún no se han decidido los temas a tratar. Uno de los más candentes es el reparto de jóvenes migrantes entre las comunidades autónomas, un asunto que ha generado una importante bronca política porque la legislación española no lo contempla. El órgano consultivo del Gobierno ha presentado este miércoles su memoria anual, en la que destaca un descenso de las consultas y de los dictámenes de urgencia, que aún siguen siendo demasiados.
«La protección de los menores es un valor superior de la democracia», ha subrayado Calvo durante la presentación de los datos de 2023. La exministra socialista reconoce que la realidad española ha girado en los últimos años, ya que ahora existen menores inmigrantes. «El Estado, en su conjunto, debe mirarlo», ha insistido la presidenta del Consejo de Estado desde el pasado marzo. La atención de los jóvenes migrantes es competencia regional, aunque el Gobierno ha mostrado su disposición a repartirlos por todas las comunidades autónomas ante el colapso que sufre Canarias.
Calvo ha asegurado que el Consejo de Estado se pronunciará si el Ejecutivo le pregunta por esta cuestión, pero que la intención es «no interferir en un debate con muchas ramificaciones políticas». A la misma hora, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo anunciaba que las regiones gobernadas por su formación anunciarán esta tarde en la reunión sectorial que están dispuestas a aceptar 400 menores, una cifra consensuada en 2022, pero lejos de las necesidades de Canarias. Vox ya amenazó con romper gobiernos autonómicos si los populares aceptan este trasvase.
La propuesta de Calvo
La exvicepresidenta del Gobierno ha reconocido que el órgano consultivo se tendrá que pronunciar en algún momento, ya que el Ejecutivo se tendrá que pronunciar sobre la reforma política de la migración y asilo de la UE que aprobó el Parlamento Europeo el pasado abril. El pacto, que prevé normas colectivas para gestionar la acogida y reubicación de los solicitantes de asilo, necesitará de una transposición a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que el Consejo de Estado podría tener un papel esencial.
«Si nos hacen un encargo sobre alguna circunstancia, aquí estaremos», ha insistido Calvo. La presidenta del Consejo de Estado no ha descartado que la cuestión se trate en la comisión de estudios, un órgano que puede elaborar informes y estudios de oficio (no vinculantes) y no se reúne desde 2018. Esta comisión, compuesta por el máximo representante de la institución, seis consejeros (dos permanentes, dos natos y dos electivos) y la secretaria general son designados por dos años renovables y sus propuestas deben ser sometidas a Pleno.
El plazo para la elaboración de estos encargos lo fija la autoridad consultante o la presidenta del Consejo de Estado. El periodo máximo es de un año, aunque excepcionalmente, cuando por la complejidad de la materia se prevé que este será insuficiente, puede solicitarse un plazo superior. Calvo, que este miércoles ha estado arropado por consejeros y letrados de la institución, quiere potenciar sus capacidades, por lo que ha anunciado convenios con las universidades y la Administración Pública.
«Representamos la ayuda técnica de la seguridad jurídica», ha señalado Calvo durante la presentación de la Memoria 2023, que ya ha enviado al Gobierno. La presidenta del Consejo de Estado ha glosado la labor del órgano que preside. Ha subrayado que sus acuerdos «son muy útiles», ya que las instituciones que consultan los siguen en el 99,19% de los casos.
La consejera permanente de la sección tercera y ponente de la memoria por segundo año consecutivo, Paz Andrés, ha informado de que el pasado ejercicio se realizaron 1.514 consultas (1.298 sobre materias y otras 216 sobre regla general) y se dictaron 1.670 expedientes. En esta ocasión se realizaron 98 consultas urgentes, 24 menos que en los dos últimos cursos, aunque la cifra continúa siendo excesiva para los letrados consultados por THE OBJECTIVE.
El debate de la amnistía
«Nos interesan que las urgencias sean las justas, pero no por reproche, sino porque nos da la pauta para hacer nuestro trabajo bien hecho», ha subrayado Calvo. Hace un mes, Vox y la asociación Denaes registraron una demanda ante el Tribunal Supremo para que declarara nulo su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no dispone del prestigio reconocido necesario para el cargo. Un argumento que ya costó el puesto a su antecesora, Magdalena Valerio. La Abogacía del Estado ha esgrimido que ambos demandantes carecen de legitimidad para esa solicitud.
Calvo ha evitado pronunciarse sobre la ley de amnistía aprobada el pasado mes para beneficiar a los implicados en el procés. La presidenta del Consejo de Estado ha señalado que esa es una facultad que corresponde a las Cortes Generales y no al Gobierno, a quien su institución tiene la obligación de auxiliar con informes jurídicos, aunque no son vinculantes. «Tengo opinión jurídica y personal», ha insistido la exdirigente socialista tras las preguntas de los periodistas, aunque ha matizado que «no puede ni debe» pronunciarse.
