La amnistía cumple su primer mes con más policías beneficiados que independentistas
Solo hay cuatro cargos públicos entre la setentena de personas amnistiadas de forma íntegra
Manifestación independentista.
Un mes desde la entrada en vigor de la ley de amnistía, 74 personas se han podido beneficiar íntegramente de ella. Según las resoluciones hechas públicas por los distintos juzgados donde se dirimen causas vinculadas con el procés independentista, el grueso de los perdonados no ostentaban cargos públicos. En este listado se encuentran los primeros 46 agentes de la Policía Nacional, cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra, veinte activistas independentistas y cuatro cargos públicos. La ley prevé solo un plazo de dos meses para que se aplique a todos los afectados, pero algunos tribunales estudian presentar cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional.
Los 46 policías, procesados por su actuación en un colegio electoral de Barcelona durante el 1-O, fueron amnistiados por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, mientras que la Audiencia Provincial de Barcelona aplicó el olvido penal a los cuatro mossos acusados de agredir a dos manifestantes en las protestas tras la sentencia del procés en octubre de 2019. Por su parte, la veintena de independentistas y los cuatro cargos públicos restantes se beneficiaron de la medida de gracia por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña u otros juzgados del ámbito penal.
La mayoría de las causas que atañen a independentistas fueron los mismos condenados o investigados que solicitaron acogerse a la medida, como es el caso de Miquel Buch, exconsejero de Interior, condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por malversación y prevaricación. O la exalcaldesa de Figueras, Marta Felip, condenada por organizar el 1-O y primera edil amnistiada. Incluso otros investigados por causas que sobrepasan al procés, como los cincos activistas procesados por los disturbios de febrero de 2021 a favor del rapero Pablo Hasél, han pedido la amnistía porque durante las protestas se lanzaron proclamas independentistas (aunque todavía no se han resuelto).
En sentido contrario, la mayor parte de los policías involucrados no quisieron acogerse a la medida de gracia, pero la Fiscalía lo solicitó de todos modos. Asimismo, la Generalitat se adhirió a las peticiones impulsadas por órganos judiciales de más de cincuenta casos, entre los que se incluía a policías y guardias civiles.
Dudas o amnistías parciales
Con todo, la mayoría de estas amnistías se han resuelto en tribunales catalanes. Otros casos que se llevan en la Audiencia Nacional, debido a causas específicas como el terrorismo, o por el Tribunal Supremo, por la condición de aforados de los investigados o condenados, han merecido otro tratamiento. El Supremo ha amnistiado los delitos de desobediencia, pero no la malversación, al entender que el tipo penal no entra en la ley de amnistía. Un hecho que dificulta la vuelta de Carles Puigdemont o de los exconsejeros Toni Comín o Lluís Puig.
La Audiencia Nacional estudia presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por sus «serias dudas» en el caso Judas, que afecta a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Cuestión distinta se produce en el caso de quienes estaban procesados en la causa de Tsunami Democràtic. Su archivo por un error formal beneficia especialmente a Marta Rovira o Roger Wagensberg, ambos dirigentes de ERC y quienes no tenían funciones ejecutivas en los años del procés.
Los dos ya pueden volver a España al decaer dicha causa en la Audiencia Nacional. Por parte de Rovira tampoco tenía ya ningún proceso en trámite por el delito de sedición al haber sido suprimido del Código Penal.
En el caso concreto de tres altos cargos de ERC, Josep María Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también les declara «amnistiables», pero ha activado la vía para elevar la causa ante la Justicia europea. Lo mismo ha determinado el tribunal con el expresidente de la Generalitat Quim Torra, por un delito de desobediencia. Y en los casos del exedil Bernat Solé y el exdiputado Pau Juvillà, la justicia catalana plantea a las partes si conviene presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La Fiscalía calculó 486 posibles beneficiados
La Fiscalía General del Estado calculó que 486 personas podrían beneficiarse de la ley de amnistía tras su entrada en vigor. El Ministerio Público consideró la norma podría afectar «aproximadamente» a 82 procedimientos penales que se encontraban en tramitación. Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas y juzgados y tribunales de Cataluña.
Por su parte, entidades como Òmnium Cultural cifraron en «4.000 represaliados» por el procés que deberían ser amnistiados. Entre ellos, también incluían casos de personas sancionadas administrativamente, que no entran en el caso penal de la amnistía. Y el colectivo de abogados Alerta Solidària cifró recientemente en 419 el número de manifestantes y activistas amnistiables. En su recuento, dejaban fuera de la amnistía a políticos, miembros de la Administración o trabajadores bajo órdenes de gobiernos.
