Dos abogados denuncian que se les impidió el acceso al juzgado por culpa de Begoña Gómez

Un despliegue sin precedentes para blindar a Begoña Gómez. Los empleados de los juzgados de la Plaza de Castilla coinciden en valorar como «desproporcionadas» las medidas para proteger a la esposa del presidente, que acudió a declarar el 5 de julio. Los agentes evitaron que un pequeño grupo de manifestantes se acercara a la sede judicial. Dos abogados denuncian en THE OBJECTIVE que, en su interior, la seguridad privada les impidió realizar su trabajo. Sostienen que se vulneraron sus derechos fundamentales. Uno de los letrados, incluso, ha presentado una queja ante el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Begoña Gómez estaba citada a las 10.30 horas para declarar ante el juez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La esposa de Pedro Sánchez accedió al edificio a través del garaje, después de que lo autorizara la juez decana por razones de seguridad. La medida fue reclamada días antes por la directora de Seguridad de Moncloa. Fuera protestaba un centenar de personas. El problema se agravó en el interior de los juzgados, especialmente en la sexta planta.

En ese punto se encuentra el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a Begoña Gómez. En el mismo pasillo están ubicados una serie de juzgados que se vieron afectados por las «extremas» medidas de seguridad que se activaron con la visita de la esposa del presidente del Gobierno, según un abogado al que se le impidió el paso.

La declaración de Begoña Gómez

El letrado, que solicita mantener el anonimato para evitar problemas, explica que dos agentes de la seguridad privada le obstaculizaron. Explicó a una agente que necesitaba acceder a uno de los despachos que se encuentran en ese pasillo para realizar unas gestiones en representación de su cliente, pero le negaron la posibilidad. Les preguntó cuánto tiempo se demoraría la limitación, pero no supieron contestarle.

«Vi varias personas en el pasillo, imagino que formaban parte del equipo de seguridad de Begoña Gómez. La agente privada les miraba, como si ellos fueran quienes decidieran», lamenta el perjudicado. Al cabo de un rato abandonó el edificio, lo que en su opinión supone que su cliente haya sido víctima de «indefensión», ya que tuvo que demorar la gestión que pensaba realizar.

La esposa del presidente del Gobierno accedió a los juzgados por el garaje. A continuación subió las escaleras acompañada por seis personas, entre ellas su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. El séquito incluía a cuatro personas de la seguridad de Moncloa. A unos pasos de distancia le seguían varios agentes de la seguridad privada del edificio, que se opuso sin éxito a que se tomarán medidas especiales al considerar que podía garantizar la integridad de la compareciente.

Otro abogado, J. A. S., consiguió hacer un hueco en su agenda el 5 de julio para pasarse por Plaza de Castilla. Su objetivo era realizar una gestión a favor de su representado en un procedimiento de apropiación indebida. Ajeno a lo que estaba sucediendo, llegó hasta la sexta planta y se encontró con un cordón de seguridad. «Me acerco y digo que voy al juzgado número 40. Me dicen que no se puede pasar y me preguntan si tengo cita», relata el letrado.

Queja por escrito

Pasados unos minutos, demanda a los agentes de seguridad privada por el tiempo que van a demorarse las limitaciones, pero le dicen que lo desconocen. «Incluso piden permiso a las personas que acompañan a Begoña Gómez», sostiene el abogado. E insiste: «Unos señores de paisano que no se identifican paraban a la gente para decirles que no se podía acceder». Como el tiempo pasaba sin avances, decidió abandonar los juzgados y presentar una queja, a la que ha tenido acceso este diario.

«Personado en la sede de estos juzgados, trato de acceder al Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid y, por parte de una empleada de seguridad, se me impide el acceso a la salida de los ascensores, incluso físicamente con una cinta barrera. Se me dice que tengo que esperar y que no me pueden decir cuánto tiempo habiéndome identificado como letrado del ICAM», reza el texto registrado ante la Defensa de la Abogacía en la oficina de enlace de Plaza de Castilla.

Las fuentes consultadas en el ICAM no tienen constancia de ninguna queja por el momento. J. A. S. señala que otras personas, entre ellas un joven procurador, también se vieron afectados como él por esta restricción de la «libertad de movimiento». Espera que los compañeros que acudan a la sexta planta de los juzgados de Plaza de Castilla a realizar gestiones el 19 de julio no padezcan la misma situación. Ese día está llamada a declarar de nuevo Begoña Gómez.

Sin medidas especiales

Hazte Oír presentó una solicitud el pasado jueves para pedir «que no haya medidas especiales ni privilegios» en la próxima declaración. Eso implica que acceda al edificio «por los lugares habilitados para el resto de usuarios de la Administración de la Justicia». La petición sostiene que «Begoña Gómez es una persona particular, pues no ocupa cargo público o institucional ninguno. El único título que exhibe es el de esposa del presidente del Gobierno».

En opinión de la asociación, una de las acusaciones populares personadas, Begoña Gómez «ha exigido un trato desigual» pese al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución y «el igualitarismo que exhibe el PSOE, partido del que son afiliados la investigada y su esposo». La solicitud subraya que ministros, presidentes autonómicos y miembros de la Familia Real han acudido a estos y otros juzgados «sin que haya habido nunca ningún problema de seguridad». La última palabra la tendrá la juez decana, María Jesús del Barco.