Una asociación de fiscales pide la dimisión de García Ortiz: «Ha traspasado todos los límites»
«La forma de proceder ha sido en todo momento inapropiada», avisan en referencia a su participación en el ‘caso Ayuso’
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. | Europa Press
La situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es cada vez más delicada, a propósito de su participación en la polémica nota de prensa que publicó la Fiscalía para desmentir unas informaciones sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, que derivó en una investigación judicial por un posible delito de revelación de secretos. En el marco de este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha pedido su imputación al Supremo, tal y como ha adelantado THE OBJECTIVE, lo que ha provocado una airada reacción de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que pide su dimisión al aludir a su «insostenible continuidad». También reclaman el cese de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández.
«La situación ya ha traspasado todos los límites que puede soportar la institución», protesta esta asociación en un comunicado, donde recuerda una nota anterior advirtiendo de que la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid revelando las gestiones relativas a un pacto de conformidad entre el ministerio público y el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, podía exceder la ley y constituir un delito. Entonces se dirigieron públicamente al fiscal general para que desautorizara esta práctica, pero posteriormente este asumió la responsabilidad última de la nota. «Hoy nos encontramos con que el fiscal general no podía desautorizar lo que él mismo había ordenado: la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid», indican.
«La forma de proceder ha sido en todo momento inapropiada, los tribunales dirán si además es delictiva. El fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid, de considerar que se propagaban noticias que afectaban a la Fiscalía de Madrid, debieron simplemente denunciar la filtración de dichas noticias al Colegio de Abogados y emitir una breve nota dando cuenta de esta actuación», argumenta la asociación de fiscales.
Asimismo, esta asociación reprocha que la publicación de la nota de prensa haya provocado la imputación del fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto Torres, que figura como investigado en la causa junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid tras la querella interpuesta por Alberto González Amador. «Proceder contra el criterio de la fiscal superior de Madrid, que según noticias de prensa ordenó a la fiscal provincial que se abstuviera de cualquier actuación hasta el día siguiente, y desvelar datos en vez de denunciar a quien los hubiera desvelado antes ha permitido la imputación de un fiscal de Madrid, lo cual debió ser evitado por el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid asumiendo desde el primer momento la autoría de la nota y la consiguiente responsabilidad».
«Sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia, que asiste al titular de la Fiscalía General del Estado y a la de la Fiscalía Provincial de Madrid el derecho a defenderse en toda su extensión, no cabe duda que la actuación de los fiscales en ese procedimiento no puede estar ejercida por fiscales bajo dependencia jerárquica de los mismos», subraya el comunicado.
Y concluyen: «En este caso se intervino tanto por el fiscal de Madrid interesando que no se admitiera a trámite una denuncia por la ‘filtración’ como por fiscales ante el TSJ instando al archivo de las actuaciones. Este comportamiento anómalo de la Fiscalía compromete la imparcialidad de la Fiscalía cuando se actúa en defensa de intereses que afectan a los superiores jerárquicos. En la APIF entendemos que es el momento de regeneración de la institución, la Fiscalía debe ponerse en manos de quienes actúen en defensa de la legalidad y del interés público protegido por la ley utilizando mecanismos que no lleven a la situación penosa que hoy sufrimos».
