Begoña Gómez maniobra para que no declaren ante el juez los dos cargos de la Complutense
Defiende que estas citaciones exceden la investigación porque en la denuncia inicial no se alude a la universidad
La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Begoña Gómez maniobra para impedir que declaren dos testigos clave en la causa judicial contra ella por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez que no interrogue este viernes al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, ni a su antecesor, Juan Carlos Doadrio, argumentando que la denuncia de Manos Limpias que dio origen al caso no alude a la citada universidad. Por tanto, su citación implicaría exceder «el ámbito objetivo de la investigación», según un escrito de la defensa de Gómez al que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, el escrito subraya que «la denuncia que dio lugar a la incoación y que ha de delimitar el ámbito objetivo de la investigación no hacía referencia alguna a la Universidad Complutense de Madrid ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno».
En línea con la tesis defendida por el Gobierno, que insiste en que se trata de una investigación «prospectiva» contra la mujer del presidente para hallar algún delito que pueda incriminarla, el escrito abunda en que «no se alcanza a entender y tampoco se explicita en la sucinta providencia -por la que les cita- que es objeto de este recurso cuál es la aportación que pueden hacer con sus declaraciones un vicerrector (…) y su antecesor en el cargo, a los hechos que se venían investigando antes de la avocación a la Fiscalía Europea».
Al hilo de esto, el abogado Antonio Camacho, encargado de la defensa de Gómez, reitera como en escritos anteriores que existe una «indeterminación» en cuanto al objeto de lo que se está investigando, y que esta realidad «ha sobrevolado este procedimiento desde el inicio de las presentes diligencias».
El escrito va en la línea del recurso interpuesto recientemente por la Fiscalía donde solicita que se «delimite» la investigación al considerar que el instructor está dirigiendo una «causa general». Tanto el ministerio público como la defensa reprochan que el juez investigue más allá de las tres adjudicaciones públicas del organismo Red.es a una UTE en la que participaba una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, en las que Begoña Gómez medió a través de unas cartas de recomendación y cuya causa obra en manos de la Fiscalía Europea. En su reciente declaración ante el juez, Barrabés confesó haberse reunido en La Moncloa con Gómez y su marido, el presidente Sánchez.
Begoña Gómez se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el pasado 5 de julio como imputada, si bien logró aplazar el interrogatorio alegando que no había recibido toda la documentación pertinente del caso, por lo que volverá a declarar este viernes 19 de julio. Ese mismo día, si el recurso de la defensa de la esposa de Sánchez no prospera, el juez ha citado a Coello de Portugal y a su antecesor, Juan Carlos Doadrio, en calidad de testigos.
La decisión de citar a estos dos cargos surgió tras la declaración del rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien afirmó que Gómez le había invitado a La Moncloa para discutir sobre su máster, pero añadió que «de esos asuntos se encargaba la vicerrectoría». A este respecto, cabe destacar que la mujer de Sánchez se reunió con el actual vicerrector, Coello de Portugal, tres días antes de su primera declaración ante el juez en calidad de imputada, tal y como pudo saber THE OBJECTIVE, lo que suscitó sospechas debido a la cercanía de la fecha de la citación judicial.
Escrito de la UCM al juez
La Complutense ha tomado recientemente, por su parte, un papel más activo en la investigación, tras hacerse público este miércoles que ha solicitado al magistrado Juan Carlos Peinado, a cargo de la causa, que investigue si Begoña Gómez habría podido incurrir en un posible delito de «apropiación indebida». La Universidad halló esos indicios en una investigación interna qué realizó a propósito de la apertura del caso, si bien no ha extraído datos concluyentes.
La UCM indicó en un escrito remitido al juez Peinado que realizó este informe para «averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria» por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía Gómez, detallando además la falta de «cooperación de determinados participantes afectados por la cuestión», en referencia a su negativa de entregar información que la universidad le reclamaba.
El texto precisaba que «las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra».
El centro universitario admite que «no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes», motivo por el que acude a instancias judiciales para aclarar si se ha cometido el citado delito de apropiación indebida.
