El nuevo CGPJ elegirá el martes al próximo presidente del Supremo entre siete candidatos
El elegido necesita dos tercios de los votos, lo que supone el apoyo de 13 miembros del órgano de gobierno de los jueces
Primera reunión del CGPJ este jueves en Madrid. | EFE
La incógnita se despejará el martes. El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará ese día a su próximo presidente, que también ejercerá como presidente del Tribunal Supremo. Los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces han propuesto este jueves a siete magistrados del alto tribunal. El candidato elegido necesita dos tercios de los votos, por lo que debe contar con el apoyo de 13 de sus 20 miembros. Se trata de un requisito del pacto que alcanzaron PSOE y PP hace un mes para reforzar las mayorías. Aunque no existe ninguna ley escrita, todo indica que el cargo recaerá en una mujer por primera vez en la historia. Las favoritas son Pilar Teso y Ana María Ferrer.
El Pleno del CGPJ ha celebrado este jueves la sesión constitutiva de su octavo mandato, después de que los nuevos vocales hayan jurado o prometido sus cargos ante el Rey. Durante la reunión se ha propuesto a los magistrados Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso como candidatos a la presidencia del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. En total, cinco mujeres y dos hombres. Todo indica que la presidencia recaerá en una fémina por primera vez.
En la reunión, que ha sido presidida por el vocal de más edad, Bernardo Fernández Pérez, los nuevos vocales del CGPJ han dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que en la sesión constitutiva deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas a presidir el órgano de gobierno de los jueces, en quien también recae la presidencia del Supremo.
Favoritas a presidir el CGPJ
El artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que solo puede ser elegido presidente del Supremo y del CGPJ (el cargo es indivisible) un miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado en el alto tribunal o, en su defecto, «un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión».
Como adelantó THE OBJECTIVE, emergen dos nombres propios para presidir el Supremo, ambos de la órbita de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). El primero, el de Pilar Teso, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. La juez, de 63 años, ya disputó el puesto a Carlos Lesmes en 2013, aunque entonces la presidencia del CGPJ estaba pactada entre los dos grandes partidos.
La otra aspirante es Ana María Ferrer, de 65 años y magistrada de la Sala de lo Penal. De hecho, fue la primera mujer en la historia en ocupar un asiento en la Sala Segunda hace ahora una década, por lo que tiene experiencia en romper techos de cristal.
La juez que emitió votos particulares contra la opinión mayoritaria de sus colegas del Supremo respecto a la aplicación de la amnistía (discrepa con que existiera malversación en el procés) y el caso ERE ha ganado enteros en las últimas semanas para convertirse en la futura presidenta del Supremo. Quienes mejor la conocen la catalogan como una juez «seria, rigurosa y comprometida».
La renovación frustrada
Ferrer obtuvo plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid en 1996, órgano que presidió desde 2008. Ferrer ya sonó para convertirse en vicepresidenta del alto tribunal y para sustituir a Manuel Marchena como presidenta de la Sala de lo Penal si este era designado presidente del CGPJ en 2018. La renovación se frustró tras filtrarse un mensaje en el que el portavoz de los populares en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, reflejaba la politización del pacto al desvelar que su formación controlaría la Sala Segunda «por la puerta de atrás».
El acuerdo alcanzado por PP y PSOE hace un mes para renovar el CGPJ con cinco años de demora incluía la reforma de la LOPJ y el Estatuto del Ministerio Fiscal para evitar las denominadas puertas giratorias en la Justicia; reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo órgano de gobierno de los jueces a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales, tal y como solicitan las autoridades europeas.
