El PSOE quiere que la juez que pidió absolver a Griñán presida la sala clave del Supremo
El magistrado Manuel Marchena dejará de ser presidente de la Sala Segunda del Supremo en octubre
Ana Ferrer y Marchena
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concluido el Pleno de este lunes sin llegar a un acuerdo para nombrar a su presidente. Entre los siete candidatos está la magistrada Ana Ferrer, de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Ferrer defendió que José Antonio Griñán y otros cuatro condenados en el caso de los ERE debían ser absueltos del delito de malversación de fondos públicos. A pesar de ello, la candidata preferida del bloque progresista del CGPJ es Pilar Teso, porque el PSOE quiere que Ferrer, considerada «la magistrada más afín» en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, reemplace a Manuel Marchena, cuyo mandato como presidente de la Sala de lo Penal termina en octubre, según aseguran fuentes socialistas y judiciales a THE OBJECTIVE.
Y es que, en octubre de 2019, el magistrado Manuel Marchena fue nombrado por segunda vez presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. El órgano de gobierno de los jueces apoyó un nuevo mandato de cinco años con una mayoría abrumadora: 19 votos a favor y dos en blanco. Sin embargo, Marchena no puede repetir otra vez, puesto que el artículo 586.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) específica que «los presidentes de Sala del Tribunal Supremo pueden ser reelegidos una sola vez». Por lo tanto, pueden estar en el cargo por un máximo de diez años.
Candidata: Ana Ferrer
El bloque progresista del CGPJ ya está pensando en el próximo nombramiento que será clave: quién sustituirá a Marchena como presidente de la Sala Segunda. Según fuentes judiciales y políticas consultadas por este periódico, aseguran que «la idea es proponer para dicho cargo Ana Ferrer» porque, recalcan, «es afín a los socialistas» y ese puesto «es de suma relevancia». Por ello, no la auparán a la presidencia del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial pese a que sea una de las siete candidatas.
Ferrer, de 65 años y magistrada de la Sala de lo Penal, fue la primera mujer en la historia en ocupar un asiento en la Sala Segunda hace ahora una década, por lo que tiene experiencia en romper techos de cristal y podría convertirse en la primera mujer que preside la Sala de lo Penal. Es la juez que emitió votos particulares contra la opinión mayoritaria de sus colegas del Supremo respecto a la aplicación de la amnistía (discrepa que existiera malversación en el procés) y en el caso ERE, lo que ha llevado a ganar enteros entre los socialistas.
Ferrer se mostró, hace un mes, favorable a aplicar la amnistía en contra del resto de magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo que rechazaron perdonar los delitos de malversación a los condenados por la consulta ilegal del 1-O. La magistrada emitió un duro voto particular contra sus colegas en el que advertía «del inequívoco propósito legislativo de amnistiar la aplicación de fondos públicos a la celebración de los referéndums que tuvieron lugar en Cataluña en 2014 y 2017». Su discrepancia se centra en entender el beneficio personal de los condenados, que se dio «en la medida en que no se vieron obligados a efectuar desembolsos patrimoniales para culminar el que era su proyecto político». Mostró una postura similar a lo defendido por Pedro Sánchez y sus socios independentistas. También defendió que se debería haber elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), un extremo que también beneficiaba a Puigdemont porque, de ser así, se habría levantado la orden detención que pesa sobre el prófugo de la Justicia.
Pidió la absolución para Griñán
La magistrada Ana Ferrer formuló un voto particular en la sentencia del caso ERE, al que se adhirió la magistrada Susana Polo, por el que defendieron la absolución para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y los condenados Carmen Martínez, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez y Francisco Vallejo. Ambas consideraron que las condenas «no se ajustaban a derecho».
Según explicaban, la razón era que «habiendo colaborado con sus actos a la implantación de un procedimiento ilegal para la aceleración y agilización del otorgamiento de subvenciones excepcionales en el territorio de Andalucía, con el fin de atender cuanto antes a los problemas que suscitaba la crisis económica en el ámbito laboral y social, se les pretende condenar en la sentencia mayoritaria no solo por un delito de prevaricación, sino también por un delito de malversación derivado de las conductas que realizaron las autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo en la fase final de la ejecución de los presupuestos». Basándose en esa tesis, Ferrer y Polo defendieron que el dolo no estaba acreditado y que, por tanto, se debía absolver a los condenados del delito de malversación por el que Griñán, de no haber sido por su enfermedad, debía haber entrado en prisión.
Estos votos particulares sirvieron al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, para corregir –de forma inédita– la sentencia del Supremo. La corte de garantías decidió perdonar al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, la condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos, y estimó parcialmente el recurso presentado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán a quien se le anuló la condena relativa a la malversación de caudales públicos y, parcialmente, la relativa a la prevaricación administrativa.
Sentencia sobre cargos del PP
Sin embargo, Ana Ferrer, que defendió la absolución de los políticos socialistas ligados al mayor escándalo de corrupción de la historia de la Democracia, en el que se defraudaron 680 millones de euros, revoca una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que absolvió a cargos del PP al considerar que las escuchas telefónicas fueron ilegales.
Ferrer ha sido ponente de la sentencia que ha estimado parcialmente el recurso de casación de la Fiscalía contra la resolución por la que los 34 acusados del caso Brugal fueron absueltos. El Supremo defendió que las escuchas telefónicas, que cimentaron la investigación, no pueden considerarse nulas y ordena a la Audiencia Provincial a que se dicte una nueva sentencia contra estos excargos populares de Orihuela (Alicante).
Fuentes judiciales aseguran que, hasta el momento, «los magistrados han podido trabajar con independencia en la Sala Segunda gracias a la concordia vivida durante la presidencia de Marchena». Según explican a este periódico, tanto magistrados como otros funcionarios del Alto Tribunal, «esa independencia podría verse amenazada con la llegada de Ferrer». Del mismo modo, las fuentes consultadas añaden que, con este nombramiento, «el PSOE tendría el control de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, si las negociaciones para elegir al presidente del CGPJ no le van mal, también el órgano de gobierno de los jueces».
