El juez del 'caso Pegasus' prorroga la causa a la espera de un informe del CNI
El magistrado José Luis Calama amplía la investigación seis meses más a contar desde el 14 de agosto
Pedro Sánchez
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido ampliar la instrucción del conocido caso Pegasus, en el cual se investiga el hackeo de los teléfonos móviles de varios miembros del Gobierno, incluyendo el dispositivo del presidente Pedro Sánchez. Esta decisión de prolongar la investigación por un período adicional de seis meses ha sido comunicada mediante un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En dicho auto, fechado el miércoles 14 de agosto, el magistrado establece la prórroga de la instrucción debido a que el Juzgado Central de Instrucción número 4 sigue a la espera de recibir un informe pericial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual se considera clave para avanzar en la causa. La prórroga será efectiva desde la fecha mencionada, extendiendo la investigación hasta febrero del próximo año.
Es importante recordar que el juez Calama decidió reabrir este caso en abril de este año, un caso que gira en torno a la infección de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de tres ministros de su gabinete: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura). La reapertura de las diligencias tuvo lugar tras la recepción de una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales francesas. Esta orden incorporaba una investigación desarrollada en Francia durante el año 2021, en la que se identificaron múltiples infecciones de teléfonos móviles pertenecientes a periodistas, abogados, figuras públicas y miembros de diversas asociaciones gubernamentales y no gubernamentales. Entre los afectados por el software Pegasus en Francia se incluyen miembros del Gobierno, ministros y diputados.
La documentación proporcionada por las autoridades francesas es clave en la investigación española. Según se indica en dicha documentación, las autoridades galas contactaron con la empresa Grupo NSO, una sociedad de capital riesgo con sede en Israel, responsable del desarrollo y la comercialización del software Pegasus. Este, en teoría, se vende exclusivamente a organizaciones estatales con el objetivo de vigilar a personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas u otros delitos graves. Sin embargo, las autoridades francesas detallan en sus informes que la investigación sobre las infecciones masivas de teléfonos ha llevado a solicitar ayuda judicial tanto a Estados Unidos como a Israel, debido a que NSO negó ser responsable de dichas infecciones y afirmó que cualquier información adicional debería ser solicitada a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional.
Informe del CNI
El informe francés incluía también los llamados «indicadores de compromiso» (IOCs), que son una serie de datos técnicos que pueden sugerir que un sistema ha sido comprometido por un atacante. Estos indicadores pueden incluir una variedad de elementos como direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red y comportamientos anómalos de usuarios. Los IOCs son herramientas fundamentales en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática. El juez Calama remitió estos datos aportados por Francia al Centro Criptológico Nacional del CNI, con el objetivo de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española, y así poder identificar la autoría de los ataques informáticos.
No obstante, casi tres meses y medio después de haber derivado estos datos al CNI, el informe pericial solicitado aún no ha sido entregado al juzgado. Debido a esta demora, el juez ha decidido ampliar el plazo de instrucción hasta el 14 de febrero de 2025, sin descartar la posibilidad de ordenar nuevas diligencias en el transcurso de la investigación.
En el auto de 17 de julio, el juez argumenta que, considerando tanto la complejidad de los hechos investigados como la naturaleza de las diligencias de investigación que ya han sido acordadas, pero aún no realizadas, es completamente lógico y razonable prever que, a la luz de los resultados obtenidos, podría ser necesario llevar a cabo nuevas diligencias de investigación. Estas nuevas acciones podrían surgir como consecuencia directa o indirecta de las diligencias ya acordadas, y la falta de realización de estas podría comprometer seriamente la averiguación de las circunstancias en torno a los hechos investigados, así como la identificación de los partícipes en los delitos objeto de la presente causa.
