El CGPJ cierra la puerta a buscar un presidente fuera del Tribunal Supremo
Los vocales volverán a reunirse el 2 de septiembre para desbloquear la elección, aunque el acuerdo se antoja lejano
Los magistrados Pilar Teso, Ana Ferrer y Pablo Lucas, favoritos para presidir el CGPJ. | Ilustración de Alejandra Svriz
La elección del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra en un callejón sin salida. Tras varios intentos estériles, sus miembros se han emplazado al 2 de septiembre para buscar un acuerdo que se antoja complicado. Los progresistas defienden que el cargo recaiga en una mujer, pero los conservadores apuestan por Pablo Lucas, uno de los siete candidatos pactados en la sesión constitutiva. Todos son magistrados del Tribunal Supremo. La falta de entendimiento ha llevado a algunos vocales a explorar vías alternativas, como juristas del mundo académico. Los progresistas descartan esa opción porque la normativa impide añadir nuevos nombres a los acordados inicialmente.
El CGPJ celebró el pasado 25 de julio el pleno constitutivo de su octavo mandato, después de que los nuevos vocales juraran o prometieran sus cargos ante el Rey. Los vocales propusieron durante la sesión a siete magistrados del Supremo, dos hombres y cinco mujeres. Los progresistas quieren que el puesto recaiga en una mujer por primera vez en la historia. Sus favoritas son Pilar Teso y Ana María Ferrer, pero los conservadores descartan cualquier «discriminación positiva» y afirman que Lucas reúne más méritos que el resto de aspirantes.
Las conversaciones comenzaron una semana antes de la toma de posesión de los vocales. Sin embargo, después de tres jornadas de votación, ningún candidato ha obtenido el apoyo de tres quintos del pleno, lo que supondría el respaldo de 12 vocales. Se trata de uno de los requisitos que incluyeron PSOE y PP en su pacto de finales de junio para desbloquear la renovación del CGPJ tras cinco años con el mandato caducado.
Una mujer al frente del CGPJ
El cambio buscaba reforzar las mayorías del CGPJ, pero la maniobra ha tenido un efecto bumerán, ya que está dificultando la elección. Los candidatos que más votos han obtenido hasta el momento son Pilar Teso y Pablo Lucas, 10 cada uno. En cualquier caso, insuficientes. Para que exista fumata blanca deben cambiar de bando al menos dos miembros de uno de los sectores.
Una posibilidad remota, subrayan las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Por eso, algunos vocales han comenzado a sondear la posibilidad de elegir a alguien que no esté entre los siete seleccionados. El artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que puede ser elegido presidente del CGPJ un miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado en el Tribunal Supremo o, en su defecto, «un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión».
La LOPJ admite la posibilidad de buscar a una persona de consenso fuera del Tribunal Supremo, aunque subraya que las candidaturas deben «presentarse y hacerse públicas» en la sesión constitutiva del CGPJ, algo que no sucedió. Las normas que acordaron los vocales para regular la elección de la presidencia cierra definitivamente la puerta, ya que descarta incluir nombres sobre la marcha.
Las reglas de procedimiento subrayan que la sesión constitutiva es «una y exclusiva por imperativo legal» y que, por tanto, la presentación de aspirantes «se consuma y agota en esta sesión». E insiste: «En consecuencia, los efectos de la presentación y proclamación de las candidaturas son preclusivos, de suerte que solo podrán ser candidatos a la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ (el cargo es indivisible) los propuestos en la sesión constitutiva».
Tensión en el pleno
Ese escenario convierte en inviable la búsqueda de perfiles en el mundo académico, aunque en un principio podrían haber optado a la presidencia del CGPJ. «Hacerlo ahora sería extemporáneo», admiten varios juristas. La única solución pasa porque los vocales lleguen a un acuerdo, aunque las posiciones siguen distantes, como se ha podido comprobar en el pleno de este lunes. El sector conservador quiso introducir en el orden del día un punto para defender a los jueces de los últimos ataques realizados por el Gobierno, pero los progresistas lo rechazaron porque excedía de sus competencias y no se trataba de un asunto urgente.
En cambio, se aprobó 112 acuerdos relacionados con asuntos considerados urgentes e inaplazables, según un informe elaborado por el Gabinete Técnico del CGPJ. La mayoría de las cuestiones eran organizativas y estaban relacionadas con excedencias voluntarias, reingresos en la Carrera Judicial, licencias por asuntos propios, solicitudes de compatibilidad, jubilaciones o prolongaciones en el servicio activo. Lo que no se debatió fue el bloqueo para elegir presidente, que se debatirá el 2 de septiembre, tras un nuevo acercamiento entre los equipos negociadores.
Los vocales progresistas tiran de datos para convencer a los miembros del otro sector. En los ocho mandatos anteriores, el órgano de gobierno de los jueces ha tenido 10 presidentes varones (los dos últimos interinos), pero ninguna fémina. Además, destacan que las mujeres representan el 57% de la carrera judicial y elegir a una supondría «una legitimación democrática». A pesar de esos datos sin paliativos, ellas siguen siendo minoría en el Supremo: solo el 21% de los magistrados.
La situación está enquistada, pero el tiempo apremia, ya que no cubrir la presidencia del CGPJ acarrea consecuencias fatales para el Tribunal Supremo, pero también para las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, pendientes de un centenar de nombramientos. En el alto tribunal, un tercio de sus plazas de magistrados están vacantes y la situación se antoja cada vez más crítica.
