La Audiencia Nacional reclama al Gobierno la auditoría que salpica a Ábalos
La Fiscalía se pone del lado del exministro y denuncia revelación de secretos en el ‘caso Koldo’
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se le entregue la auditoría encargada por el actual ministro del ramo, Óscar Puente, para analizar los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Sociedad de Gestión.
En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, exige que «sea remitida» a su juzgado una «copia certificada» sobre la auditoria realizada por el Ministerio. Asimismo, en el propio escrito, el juez Moreno pide que se identifiquen a los encargados de elaborar dicha auditoria.
Por otro lado, la Fiscalía Provincial de Madrid ha interpuesto una denuncia por revelación de secretos, después de que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, denunciase ante el Ministerio Fiscal la filtración de sus datos personales por parte de funcionarios pertenecientes al Ministerio de Justicia en el marco de la investigación del caso Koldo, según informan diversos medios.
Ábalos, adscrito en el Grupo Mixto del Congreso tras haber sido expulsado del PSOE, anunció el pasado 24 de julio que presentaba su denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las filtraciones de documentos relativos al caso Koldo que le afectan a él y a terceras personas con las que ha tenido relación.
38 minutos
Sobre la auditoria elaborada por el Ministerio, el dato más resaltado de la investigación interna fue la ampliación de la cantidad de mascarillas de cuatro a ocho millones de unidades en 38 minutos, cuando ya se había firmado la primera orden ministerial del 20 de marzo de 2020. Este elemento ha sido el más subrayado por los encargados de elaborar la auditoria, en lo referido a la primera orden ministerial, en la compra de Puertos del Estado.
Sobre la segunda adquisición investigada, fechada el 26 de marzo, en la que Adif compró cinco millones de mascarillas; la auditoría destaca que no se analizara la necesidad de la adquisición de cinco millones de unidades y censura que no se precisaran los destinatarios hasta un mes después. Además, abunda en que la determinación de las necesidades por destinatarios finales no se realizó hasta haber llegado ya a España cuatro de los cinco vuelos a través de los cuales se hizo efectivo el suministro.
La investigación interna encargada por Puente indagaba en dos contratos realizados por Puertos del Estado y Adif en los que se compraron 13 millones de mascarillas. El informe le costó el puesto al exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y al jefe de Personal de Adif, Michaux Miranda.
Destituciones en Transportes
Tras la publicación de la autoría, Puente anunció el pasado viernes en el Senado los ceses del subsecretario de su departamento y del jefe de personal de Adif por su condición de investigados en el caso Koldo desde hace un mes.
«Habida cuenta la situación procesal en la que ambos se encuentran, espero que lo entiendan», indicó Puente en la Cámara Alta durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, convocada a petición del PP. Los dos altos cargos están imputados desde finales de julio y tienen que declarar ante el juez Ismael Moreno el próximo 9 de septiembre en la Audiencia Nacional.
El titular de Transportes subrayó que los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría interna realizada por su ministerio «se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión» de destituir a ambos, a los que el juez tiene previsto interrogar en quince días.
«Tribunal de honor»
Ábalos no tardó en reaccionar a la auditoría del Ministerio de Transportes, la cual tachó de «improcedente» y de «tribunal de honor». El ahora diputado del Grupo Mixto lamentó el pasado lunes que no se podía «esperar esto» de la dirección de los socialistas: «Me lo podía esperar de otros, pero del PSOE no».
Ábalos denunció que «más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución». «El ministro puede ordenar una auditoría, pero lo que no se puede hacer es una investigación paralela a nivel judicial», censuró.
Por ello, consideró que «esa investigación» en el Ministerio no se podía hacer y, en todo caso, si se pretendía realizar, «había que dar cuenta» al juez que está instruyendo la causa sobre el caso Koldo en la Audiencia Nacional.
