El TEDH inadmite la demanda del juez Velasco tras ser destituido de una Sala de la Audiencia
Estrasburgo considera que la decisión del Tribunal Supremo fue «coherente» y no violó ningún derecho fundamental
Eloy Velasco no encuentra apoyo en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha inadmitido este jueves la demanda que presentó el magistrado contra el Tribunal Supremo alegando que su destitución como miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional violó el principio de seguridad jurídica. La resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, afirma que el pronunciamiento del alto tribunal fue «coherente» y que no se produjo ninguna violación de los derechos del demandante, según el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia subraya que la función del TEDH no es sustituir a los tribunales nacionales, ya que este no es un tribunal de apelación respecto a sus decisiones. Por tanto, advierte a Velasco de que su función no es pronunciarse sobre errores de hecho o de derecho presuntamente cometidos por un órgano nacional «a menos que se puedan haber vulnerado derechos y libertades protegidos» por los convenios europeos. Un escenario que descarta porque los argumentos del demandante fueron «abordados y contestados».
«En el presente caso, la Corte observa que el problema denunciado no reside en el diferente tratamiento de situaciones fácticas similares, sino en una discordancia con la interpretación dada por el Supremo al régimen aplicable en materia de promoción de determinados cargos en el Poder Judicial, en particular, lo que respecta a la propia candidatura del demandante», sostiene la sentencia publicada por Estrasburgo.
La batalla de Velasco
Velasco, especializado en la jurisdicción penal desde 1990 mediante un concurso organizado por el Consejo General del Poder General (CGPJ), fue elegido para ocupar un puesto en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que inició su andadura en 2017. La designación se basó en su condición de especialista, pero el Supremo revocó el nombramiento dos años después y decidió que el puesto debía ser otorgado a otro magistrado con mayor antigüedad.
El alto tribunal ya había anulado en 2013 varios preceptos de un reglamento del CGPJ que permitía a magistrados en ejercicio convertirse en especialistas en las jurisdicciones civil y penal mediante concursos. El Supremo sostuvo que estos excedían la autoridad legal del órgano de gobierno de los jueces y no podían ser utilizados para adquirir la condición de especialista. No obstante, reconoció que los méritos adquiridos podían ser valorados en futuros procesos de promoción.
El juez Velasco alegó que la interpretación del Supremo era contraria a las sentencias anteriores de 2013 y que tenía la antigüedad suficiente para ser elegible. Además, sostuvo que el otro aspirante había obtenido su especialización en 2011 mediante pruebas que luego fueron anuladas. El demandante insistió en que el alto tribunal había dado valor a una prueba considerada nula y creado un requisito para el puesto que no estaba establecido en la ley, al preferir candidatos con mayor antigüedad en el CGPJ que en la especialidad.
Velasco comenzó su carrera como juez sustituto en Portugalete (Vizcaya) en 1987. Al año siguiente obtuvo plaza como titular y comenzó un peregrinaje por distintos juzgados valencianos. En 1990 ascendió a la categoría de magistrado y consigue plaza en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, donde permanece cinco años, cuando es nombrado director general de Justicia de la Generalitat Valenciana, gobernada por Eduardo Zaplana (PP).
Tras ocho años en el puesto, el consejero Fernando de Rosa lo destituye en 2003 por desavenencias. Entonces se reincorpora a la carrera judicial y, un año después, obtiene plaza en el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid. En 2008 se incorpora al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, donde lleva numerosos casos mediáticos. Entre otras cosas, Velasco fue el magistrado que envió a prisión al antiguo presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. También instruyó la Operación Púnica, la trama de corrupción por la que fue encarcelado el exconsejero madrileño Francisco Granados.