Puente premia al abogado que le defendió por sus vacaciones en el yate de un empresario
El nuevo ‘número tres’ de Transportes, Rafael Guerra, era entonces director jurídico del Ayuntamiento de Valladolid
Óscar Puente conversa con la diputada Esther Peña durante una comisión en el Congreso. | Fernando Alvarado (EFE)
José Luis Ábalos ha abierto la caja de los truenos. Dolido por la auditoría que le atribuye la compra de mascarillas que originó el caso Koldo, el exministro ha disparado contra su sucesor. El exdirigente socialista ha recordado que Óscar Puente apareció hace unos años en unas fotografías veraneando en un yate que pagó un empresario al que el Ayuntamiento de Valladolid compró meses antes material sanitario contra la covid. Una asociación se querelló contra el entonces alcalde y este encargó su defensa a la asesoría jurídica municipal, liderada por Rafael Guerra, al que acaba de promocionar como número tres del Ministerio de Transportes.
Puente y una de sus hijas disfrutaron en septiembre de 2020 de unas vacaciones por Ibiza y Formentera en un yate de lujo pagado por el empresario Sergio Zaitegui. Unos meses antes, el Ayuntamiento de Valladolid le había adjudicado un contrato a través del procedimiento de urgencia por más de 195.000 euros. La Asociación de Juristas Europeos Pro Lege se querelló contra el actual ministro de Transportes por un presunto delito de cohecho, aunque el caso acabó archivado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, María Teresa Javato, comenzó a investigar el caso en mayo de 2021. Como avanzó OKDiario, Puente consiguió que el Pleno autorizara «la prestación de la asistencia jurídica reclamada por el alcalde de Valladolid». Este rechazó contratar a un letrado y se sirvió de los servicios municipales alegando que la querella iba en contra del decreto que aprobó el Ayuntamiento para adjudicar a Zaiglobal Services, la empresa de Zaitegui.
Querella contra Puente
Los juristas consultados por THE OBJECTIVE explican que esta práctica podría incurrir en un presunto delito de malversación, ya que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe que los cargos públicos usen recursos de la Administración para fines privados. Además, el artículo 11 de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas impide que los funcionarios realicen las mismas funciones en la esfera privada.
«El personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado», insiste la norma. Los expertos sostienen que Puente acudió a esas vacaciones como particular, no como alcalde, y que debió disociar la persona del cargo.
La jugada sorprendió a la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege. «Nos querellamos contra Puente a título personal, no como alcalde», reconocen fuentes de la organización. El actual ministro de Transportes fue exonerado del caso, no sin eludir la polémica, ya que la juez en la que recayó tuvo que abstenerse por ser su concuñada. Los querellantes presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valladolid, que incluso les condenó en costas.
«Puente tiene mucha mano aquí porque cuenta con varios familiares en la judicatura», insisten desde la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege. Guerra apenas tuvo que dedicar unos meses a su defensa. El ministro de Transportes le acaba de premiar nombrándole subsecretario. Sustituirá como número tres del departamento a Jesús Manuel Gómez, al que acaba de cesar por «una pérdida de confianza». El otro dirigente fulminado es Michaux Miranda, jefe de personal de Adif. Ambos están imputados en el caso Koldo.
Amistad con el empresario
La causa contra el entonces alcalde de Valladolid fue archivada en octubre de 2021. La juez Elena López Negrete consideró que había quedado acreditada «una relación de amistad incontestable entre el Zaitegui y Puente que se remonta a épocas anteriores al contrato administrativo citado». La magistrada sostuvo que no se podía acreditar que el empresario «agasajara por razón de su cargo público» al ahora ministro, ya que su presencia en el barco respondía a su «estrecha relación».
Puente consultó la situación con el interventor municipal, que respondió que dadas las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia era procedente hacer el contrato por vía de emergencia. El propio Zaitegui reconoció que entabló amistad con el entonces alcalde cinco años antes de las polémicas vacaciones. Relató encuentros en sus domicilios particulares, comidas familiares y diversas actividades en lugares como Marbella o Baqueira previas a la adjudicación del contrato por más de 195.000 euros.
La concuñada
El auto judicial señaló que fue precisamente esa amistad la que permitió que Puente se dirigiera al empresario «para que le echara una mano» con la compra de material sanitario en un escenario de escasez. «Así las cosas, no hay cobertura a la corrupción denunciada por la acusación popular», concluyó López Negrete. La magistrada se hizo cargo de la causa después de que María Teresa Javato, que fue quien abrió diligencias, se abstuviera por ser su concuñada.
«Óscar Puente es el cuñado de mi hermano Manuel Javato, quien está casado con la única hermana de Óscar Puente, Sofía Puente», informó la juez en un auto. De esa manera, solicitaba apartarse de la causa al existir «una relación prácticamente familiar, siendo innumerables los acontecimientos familiares y celebraciones compartidos a lo largo del tiempo». Las fuentes consultadas sostienen que el titular de Transportes ficha a Guerra con la intención de «bunkerirzar» el ministerio.
Guerra, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, accedió en 1995 por oposición al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Castilla y León, donde ha ocupado puestos de letrado jefe en varias consejerías durante dos décadas. Desde el 5 de octubre de 2015 hasta la fecha ha desempeñado el puesto de director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid. Su llegada se produjo apenas unos meses después de que Puente se convirtiera en alcalde.
El PP solicitó el viernes a Puente que pida una auditoría a los ministerios de Industria y Economía por «el supuesto trato de favor que ha recibido Sergio Zaitegui, el mismo que pagó al hoy ministro de Transportes unas vacaciones de lujo en Ibiza en 2020». Como ha informado El Debate, el empresario habría recibido 8,8 millones de euros de estos departamentos en los últimos meses en concepto de subvenciones públicas.
