El juez del 'caso Koldo' aparta a la Abogacía de la defensa del cargo cesado por Óscar Puente
El que fuera subsecretario de Estado de Transportes, investigado en la causa, no ha aportado la autorización necesaria
Sede de la Abogacía del Estado. | Archivo
El juez del ‘caso Koldo’ ha apartado a la Abogacía del Estado de la defensa del que fuera subsecretario de Estado de Transportes Jesús Manuel Gómez -investigado en la causa- al no haber aportado la autorización de la Dirección General de lo Contencioso necesaria para asumir su representación. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, suspende su declaración como imputado prevista para el próximo lunes y vuelve a citarle el próximo 23 de septiembre a partir de las 09.30 horas, según la providencia a la que ha tenido acceso este periódico.
La Fiscalía Anticorrupción avisó al juez de «posible incompatibilidad» de la Abogacía del Estado después de que asumiera la defensa del entonces subsecretario de Estado de Transportes por si más adelante quisiera personarse como acusación particular «ante el eventual delito contra la hacienda pública».
En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal Alejandro Cabaleiro señalaba que no se oponía a que el subsecretario de Transportes eligiese la defensa que considerase oportuna, pero advertía del choque de intereses en el que podrían incurrir a futuro los servicios jurídicos del Estado.
Además, las acusaciones populares, con la asociación Liberum a la cabeza, se mostraron en contra de que la Abogacía del Estado asumiese la representación de Gomez. En esta causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 indaga en ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
Investiga, entre otros, a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
