El Supremo retoma la imputación del fiscal general que paralizó por el encuentro con el Rey
El Alto Tribunal resolverá en las próximas semanas la exposición razonada elevada el pasado 15 de julio por el TSJM
El rey Felipe VI y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | | EFE/Borja Sánchez-Trillo
El jueves 5 de septiembre se celebró la apertura del año judicial, y el principal tema de conversación entre los asistentes fue la posible imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE, en las próximas semanas la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronunciará sobre la exposición razonada enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que solicita investigar a García Ortiz tras una querella presentada por el empresario Alberto González Amador. González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó la querella después de que se divulgaran sus datos fiscales en el marco de un proceso en el que estaba siendo investigado.
Las fuentes judiciales indican que la imputación de Álvaro García es muy probable. «Sería la primera vez en España que un fiscal general del Estado es imputado en una causa», añaden. Sin embargo, García ya ha comunicado a su entorno que, en caso de ser imputado, no tiene intención de dimitir. Esta postura cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha expresado públicamente su respaldo al fiscal. Sánchez argumentó que García se ha limitado a defender a la Fiscalía de Madrid, desmintiendo lo que calificó como «un bulo que sale de la mano derecha» de Díaz Ayuso, en referencia a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. «¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?», cuestionó el presidente.
No se le imputa por «desmentir un bulo»
El magistrado del TSJM, sin embargo, no ha solicitado la imputación de García por desmentir un supuesto bulo, ya que esto no es un delito. La razón de la imputación es la divulgación de datos de un ciudadano anónimo en una causa que se encontraba bajo secreto. El magistrado elevó una exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sugiriendo que este tribunal podría declararse competente para continuar con las diligencias, ya que, según el auto, «la cabal prosecución de las presentes diligencias haría necesario contrastar la versión de los hechos que pueda dar el fiscal general del Estado».
Esta solicitud se presentó después de los interrogatorios a Pilar Rodríguez y Julián Salto, investigados por un posible delito de revelación de secretos. Durante su declaración, Salto aseguró que su jefa, Pilar Rodríguez, le pidió los correos electrónicos que había intercambiado con el abogado de González Amador. Posteriormente, Rodríguez reenvió estos correos al fiscal general. A raíz de esta información, Álvaro García Ortiz ordenó la publicación de una nota de prensa que incluía datos confidenciales sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando el abogado de González Amador con la Fiscalía Provincial de Madrid.
Encuentro con el Rey
Otro de los motivos por los cuales el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre la imputación de García es la reciente celebración de la apertura del año judicial, a la que asistió el rey Felipe VI. Según las fuentes judiciales, dado que el fiscal general ha dejado claro que no dimitirá si es imputado, y que cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez, se quería evitar que el monarca se viera envuelto en una situación incómoda durante el evento.
Además, el receso judicial de agosto también ha retrasado la decisión del Tribunal Supremo, que se espera para las próximas semanas. La atención ahora está centrada en cómo se pronunciará el tribunal, aunque todo apunta a que la imputación es inminente.
Confesión de Álvaro García
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reconocido su responsabilidad en la publicación de la nota de prensa que divulgó los datos confidenciales. El 10 de junio, García presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que asumía la responsabilidad final por la publicación. En su defensa, García argumentó que la nota desmentía informaciones falsas relacionadas con un investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental.
En su escrito, el fiscal general explicó que el TSJM no tiene competencia para investigar los hechos relacionados con la difusión de esa nota de prensa, ya que la publicación no habría ocurrido sin su autorización previa e instrucciones expresas. García añadió que respondió al magistrado instructor cuando este solicitó información a la Fiscalía Provincial sobre la persona que había intervenido en la decisión de hacer público el comunicado. En su respuesta, afirmó que él, como fiscal general, fue el responsable máximo en rango que dio el visto bueno para la publicación del comunicado.
La investigación en curso, que implica a figuras clave del sistema judicial, ha generado una gran expectativa sobre la posible imputación de Álvaro García. Mientras se aguarda el pronunciamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tanto la posición del fiscal general como la del Gobierno han sido claras: García no dimitirá, y el Ejecutivo lo apoya completamente en su defensa.
Este caso ha puesto en el foco mediático el papel del Ministerio Público en la protección de datos confidenciales. El desenlace podría tener implicaciones históricas, al ser la primera vez que un fiscal general del Estado en España sea imputado en una causa judicial.
