El CNI busca al autor del 'hackeo' del móvil de Sánchez tras el informe clave de Francia
El Centro Criptológico Nacional investigará posibles conexiones entre ciberataques en el país vecino y el caso Pegasus
Pedro Sánchez. | Alejandra Svriz
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha enviado un sobre cerrado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el organismo responsable de la seguridad nacional y el análisis criptográfico en España. Este sobre, una vez recibido en el CNI, quedó registrado con el sello de entrada del organismo, un sello que marca la llegada formal de documentación altamente confidencial. Este pequeño gesto administrativo, el estampado del sello, adquiere una gran relevancia en este contexto, pues certifica el control y la recepción de un informe crucial para la investigación en curso.
El informe, enviado por las autoridades francesas, está relacionado con un sofisticado hackeo que ha afectado a periodistas, abogados, figuras públicas y miembros del Gobierno francés. En particular, este ataque informático masivo ha generado gran preocupación en el ámbito de la seguridad cibernética, dado que las víctimas son personas en puestos clave dentro de la administración francesa. El informe será ahora sometido a un exhaustivo examen por parte del Centro Criptológico Nacional, una unidad especializada dentro de los servicios secretos españoles. Su tarea será determinar si el ataque informático en Francia tiene alguna conexión con el hackeo que sufrieron varias figuras del Gobierno español en el denominado caso Pegasus.
Entre los afectados por estos ciberataques en España se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como tres de sus ministros: Margarita Robles, ministra de Defensa; Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior; y Luis Planas, ministro de Agricultura. Estos altos cargos fueron víctimas de ataques en sus dispositivos móviles, lo que provocó una gran alarma en el Gobierno y la apertura de una investigación para aclarar los hechos.
Informe del CNI
El sello de entrada en el CNI no solo simboliza la recepción formal de un documento de alta confidencialidad, sino que también destaca la importancia de esta investigación en curso. El análisis que lleve a cabo el CNI será fundamental para determinar si existe una relación entre los ataques cibernéticos sufridos en Francia y los ocurridos en España. Este vínculo, si se confirma, podría arrojar luz sobre el origen de los hackeos y desvelar la identidad de los autores detrás de esta compleja trama de espionaje digital.
En un escrito fechado el 27 de junio y firmado por el inspector jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional se remite al CNI lo que fue acordado por el Juzgado Central de Instrucción número 4 en una resolución judicial. El escrito expresa claramente lo siguiente: «Libro el presente a fin de que sirva dar las órdenes oportunas a los funcionarios a su cargo, para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 431 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), procedan a la entrega de la documentación adjunta en un sobre cerrado en el Centro Criptológico Nacional-Centro Nacional de Inteligencia». Un día después, el 28 de junio, se confirmó la entrega de la documentación al CNI, según consta en el sello de entrada en el control de acceso, como ha podido saber THE OBJECTIVE.
La causa se reactiva
La investigación del juez Calama se reactivó en abril de este año. Decidió reabrir el caso relacionado con la infección de los dispositivos móviles de Pedro Sánchez y sus ministros tras recibir una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales francesas. Esta orden incorporaba una investigación llevada a cabo en Francia durante 2021, en la que se descubrió que los teléfonos móviles de periodistas, abogados, figuras públicas y miembros de diversas asociaciones gubernamentales y no gubernamentales habían sido infectados por un software malicioso. Entre los afectados en Francia, además de figuras públicas, se incluían miembros del Gobierno, ministros y diputados.
La documentación proporcionada por las autoridades francesas es clave en la investigación española. Según se indica en dicha documentación, las autoridades galas contactaron con la empresa Grupo NSO, una sociedad de capital riesgo con sede en Israel, responsable del desarrollo y la comercialización del software Pegasus. Este, en teoría, se vende exclusivamente a organizaciones estatales con el objetivo de vigilar a personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas u otros delitos graves. Sin embargo, las autoridades francesas detallan en sus informes que la investigación sobre las infecciones masivas de teléfonos ha llevado a solicitar ayuda judicial tanto a Estados Unidos como a Israel, debido a que NSO negó ser responsable de dichas infecciones y afirmó que cualquier información adicional debería ser solicitada a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional.
Dada la importancia y la magnitud de este informe pericial, el juez Calama ha decidido ampliar el plazo de instrucción del caso hasta el 14 de febrero de 2025. Esta extensión se justifica por la necesidad de llevar a cabo un análisis detallado de toda la documentación y los datos proporcionados por las autoridades francesas, así como por la posibilidad de que surjan nuevas diligencias en el transcurso de la investigación. Como adelantó THE OBJECTIVE, no se descarta que, a medida que avance la investigación, se tomen nuevas decisiones judiciales que profundicen en el esclarecimiento de los hechos.
