La abogada del Estado se querelló contra el juez Peinado tras un polémico ascenso
Sustituye a Rosa Seaone, que tras defender la sedición en el ‘procés’ se ha marchado a la empresa privada
Juan Carlos Peinado y Pedro Sánchez. | Ilustración: Alejandra Svriz
La abogada del Estado que se ha querellado contra el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, es Zaida Fernández, quien fue ascendida a jefa del área penal unos meses antes de la presentación de esa querella. Antes de su nombramiento, Fernández fue elegida para reemplazar a Rosa Seaone, quien ocupaba previamente ese cargo. Seaone defendió que los líderes independentistas del 1-O debían ser condenados por un delito de sedición en lugar de rebelión, como lo exigía la Fiscalía del Tribunal Supremo. Tras esa postura, Seaone decidió abandonar los servicios jurídicos del Estado, lo que le permitió incorporarse a un bufete de abogados privado. Este cambio de rumbo profesional dejó vacante la jefatura del área penal, que finalmente fue ocupada por Fernández.
El nombramiento de Zaida Fernández, sin embargo, no ha estado exento de controversias dentro de la propia Abogacía del Estado. A pesar de haber aprobado la oposición en 2016, su ascenso a jefa del área penal ha generado gran polémica entre sus compañeros. Según fuentes internas de la institución, su elección no ha sido bien recibida por algunos. «Había otros compañeros con más años de experiencia para ocupar ese cargo, pero querían a una persona que pudiese ser más dócil», comentan a THE OBJECTIVE.
Estas mismas fuentes también destacan que Zaida Fernández había realizado un buen trabajo durante su estancia en Ceuta, donde estuvo destinada antes de su ascenso. «Pero, aunque es una gran jurista –todo el que aprueba esta oposición lo es–, no tiene la experiencia de otros compañeros para ocupar dicho cargo», aseguran a este periódico. Pese a esto, en febrero de este año fue designada para el cargo de manera discrecional, alcanzando un nivel 30.
Las fuentes subrayan que el motivo de su nombramiento podría estar relacionado con la necesidad de tener a alguien «más manejable», para garantizar que ciertas posturas, como la querella contra el juez Peinado, se mantuvieran sin oposición interna dentro de la Abogacía del Estado. Según estas mismas voces, otros abogados del Estado con más experiencia habrían rechazado de manera rotunda la presentación de dicha querella, lo que refuerza la idea de que se buscaba a una persona que estuviera dispuesta a adoptar estas decisiones controvertidas sin cuestionarlas. Así, el nombramiento de Zaida Fernández se percibe por algunos como una estrategia para controlar mejor la dirección penal y asegurar que se sigan determinados criterios o acciones que no contarían con el apoyo de otros juristas más veteranos.
Posturas recientes en favor del Gobierno
Diversas fuentes consultadas por THE OBJECTIVE han señalado que Fernández Toro ha asumido roles que otros abogados del Estado «rechazan por principios éticos». A pesar de tener solo nueve años de experiencia, ha ganado notoriedad por sus intervenciones legales que frecuentemente benefician al PSOE.
En junio pasado, Fernández Toro solicitó el levantamiento de las medidas cautelares contra Carles Puigdemont y otros investigados en la causa Tsunami. A través de la Abogacía del Estado, pidió el inmediato alzamiento de la orden de detención contra Puigdemont, basándose en la Ley de Amnistía acordada por el Gobierno de Sánchez con los partidos separatistas. Argumentó que los hechos de desobediencia cometidos por Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, y la líder de ERC, Marta Rovira, eran actividades amnistiables. No obstante, el Tribunal Supremo rechazó aplicar la amnistía por malversación.
Otra intervención polémica de Fernández Toro fue en el caso de fraude fiscal que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sustituyendo al abogado del Estado Julián Martínez-Simancas, Fernández Toro rechazó un acuerdo que habría permitido dilatar el caso, una medida que podría haber beneficiado políticamente al PSOE. Según fuentes consultadas por este periódico, Martínez-Simancas estaba dispuesto a firmar un pacto donde el novio de Ayuso aceptaría pagar, pero Fernández Toro se opuso firmemente al acuerdo. Finalmente, la pareja de Ayuso ha llegado a un pacto con la Fiscalía.
Imagen de la Abogacía del Estado
«Cuando los medios de comunicación publicáis una noticia sobre la Abogacía del Estado, se produce una auténtica avalancha de críticas», explican fuentes internas. Estas críticas, según afirman, no tienen tanto que ver con el corporativismo, sino con un motivo más personal y económico. Los abogados que forman parte de esta institución esperan recibir ciertos beneficios en forma de convenios discrecionales. Estos convenios pueden ser altamente lucrativos, hasta el punto de llegar a duplicar el sueldo de aquellos que los obtienen. Para conseguir estos acuerdos tan ventajosos, es fundamental ser considerado como parte del grupo selecto dentro de la Abogacía del Estado, lo que implica estar en sintonía con determinadas posturas y decisiones.
Por otro lado, existen otros abogados del Estado que no priorizan esos convenios discrecionales y que tienen como objetivo principal preservar la imagen y el prestigio de la institución. «Otros queremos preservar la imagen de esta institución», explican estas fuentes, quienes insisten en que es necesario evitar que la Abogacía del Estado se deteriore más, como está sucediendo con la Fiscalía. Según ellos, una vez que la imagen de una institución pública se ve afectada o manchada, es extremadamente difícil recuperar el prestigio perdido. «Este tipo de daños, una vez que se producen, son muy difíciles de revertir», añaden. Por eso, sostienen que es crucial que la Abogacía del Estado no siga ese mismo camino, y que se trabaje activamente para preservar su reputación y evitar cualquier tipo de desgaste adicional que pueda comprometer su buen nombre y funcionamiento en el futuro.
