Los ‘indepes’ denuncian a España por no investigar si el imán del 17-A está vivo
Piden una «mayor aclaración oficial sobre el destino de Es Satty y del papel del CNI en el período previo a los ataques»
Activistas independentistas cuestionan al Estado por los atentados de Barcelona de 2017. | Europa Press
El equipo legal y jurídico que asesora a una de las víctimas del atentado yihadista que tuvo lugar en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 ha llevado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El motivo de esta denuncia es obligar a España a «aclarar» si el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, considerado el cerebro del atentado, sigue vivo, después de que la Policía Nacional lo diera por muerto tras la explosión involuntaria que se produjo en la casa de Alcanar donde el grupo preparaba los explosivos. Según explica el abogado Jaume Alonso-Cuevillas a THE OBJECTIVE, están a la espera de la admisión a trámite por parte del tribunal comunitario, y prevén que la decisión se conozca «en algunos meses».
«Denunciamos la vulneración al derecho a saber la verdad. Es un derecho que originariamente no figura con este nombre en el Convenio Internacional de los Derechos Humanos, pero en relación con el derecho a la vida, y en diversas resoluciones de Naciones Unidas, el TEDH ya lo ha reconocido. Es un derecho fundamental de tercera generación», abunda Cuevillas, que confía que su demanda prospere ante las instancias europeas.
Nico Krisch, catedrático de Derecho Internacional en el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra, y marido de Neus Torbisco-Casals, número dos de Junts en las elecciones al Parlamento Europeo, presentó a inicios de septiembre la denuncia contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un apunte en la red social X, aseguró que «los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils de 2017 aún no han sido investigados del todo», y que buscaba «responsabilizar a España por su incumplimiento».
Tanto Cuevillas como Krisch forman parte del equipo que asesora a Francisco Javier Martínez, quien perdió a su hijo de tres años en el atentado en Las Ramblas. Como informó este periódico, hace tiempo que una parte del independentismo quiere llevar este caso en Estrasburgo. Después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo presentado por el representante legal de la familia Martínez, han decidido elevarlo ante el TEDH.
«El papel del CNI»
En la demanda europea, piden una «mayor aclaración oficial sobre el destino de Es Satty y sobre el papel del servicio de inteligencia español en el período previo a los ataques». Cuevillas, que hasta 2021 fue diputado de Junts per Catalunya en el Parlament, puso en el foco una posible inacción o negligencia de los servicios secretos del Estado en la evitación de los atentados, dados los vínculos que el CNI mantenía con Es Satty.
Según los demandantes, el Estado español habría vulnerado los artículos 2 y 13 del Convenio Internacional de los Derechos Humanos. Y resaltan que «lo importante es el impacto que tuvo el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones procesales en el acceso del solicitante a otros recursos disponibles y efectivos para establecer la responsabilidad de los funcionarios u organismos del Estado por actos u omisiones que impliquen la violación de sus derechos».
Comisión en el Congreso
Una parte del independentismo desconfía de la versión ofrecida por las autoridades españolas de los atentados yihadistas que acabaron con la vida de 15 personas, entre ellos dos menores, y dejaron 131 heridos el verano de 2017. ERC y Junts forzaron la creación de una comisión de investigación en el Congreso —que aún no ha arrancado— para analizar al detalle la «conexión» entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll.
Tras los atentados, y en pleno pulso secesionista, varias voces de estos dos principales partidos, así como de la CUP, se sumaron a esta teoría de que el Estado podía estar detrás de los atentados, ya fuera directamente para desarticular el procés o, por su negligencia al no tener debidamente vigilado al imán. La dirigente de la CUP, Mireia Boya, que el Govern de ERC fichó en 2022 como directora general de Cambio Climático, también abonaba la tesis de que el Estado «eligió un atentado para frenar el referéndum».
La comisión de investigación de los atentados en el Congreso es una de las tres que el PSOE acordó crear con sus socios para la investidura, todas ellas vinculadas a Cataluña. Junto a esta, figura también la ‘Operación Cataluña’, que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy, y el caso Pegasus, sobre el presunto espionaje a los líderes independentistas.
