Antifraude remitió a Anticorrupción la trama de Loterías y Apuestas por ser de su competencia
La causa se basa en un presunto amaño de los concursos públicos para la obtención de licencias
María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión de control al Gobierno | Agencias
La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción envió a la Fiscalía Anticorrupción la causa sobre el presunto amaño en los concursos públicos en la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) que salpica a la ministra María Jesús Montero, desvelada por THE OBJECTIVE.
La trama se basa en un presunto amaño en los concursos públicos, diseñado para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencias. Estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), una entidad que depende directamente del Ministerio que encabeza Montero. El alcance económico de estos contratos es considerable, dado que la partida destinada a estas licitaciones asciende a 25 millones de euros anuales. Este episodio pone bajo la lupa no solo a Montero, sino también al funcionamiento del Ministerio de Hacienda y su relación con Selae, un organismo clave en la gestión de los juegos de azar.
Denuncia en Antifraude
Estos hechos fueron denunciados ante el organismo encargado de combatir el fraude y la corrupción. El denunciante subrayó: «Hemos analizado un informe técnico-jurídico que expone una serie de irregularidades y presuntas actividades delictivas relacionadas con los contratos de servicio de gestión de las delegaciones comerciales del Selae. A continuación, se detallan los puntos más relevantes del informe:
1- Presunta prevaricación y cohecho: Se ha identificado una presunta trama de corrupción orquestada para favorecer de manera directa y arbitraria a ciertos licitadores en los contratos de servicios de gestión de las delegaciones comerciales, vulnerando los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia.
2- Presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos: Los contratos de gestión de las delegaciones comerciales se han adjudicado presuntamente de manera sucesoria y no competitiva, beneficiando a familiares directos de los delegados anteriores, en clara violación de la normativa de contratación pública. Los ejemplos específicos presuntamente incluyen a la delegación de Cuenca, donde el local aceptado no cumple con los requisitos mínimos establecidos, y a la delegación de Sevilla, donde se ha aceptado un local que no cumple con las especificaciones mínimas requeridas.
3- Presunta falsedad documental y ocultación de información: Se han presentado documentos y presuntos datos falsificados en los procesos de licitación para justificar las adjudicaciones. Además, ha habido una falta de transparencia en la publicación de documentos fundamentales de las licitaciones, como por ejemplo informes de competencias inexistentes».
El pasado 24 de junio la Oficina Antifraude de Andalucía abrió el expediente 2024/0777-CD, al que ha tenido acceso este periódico, y respondió que «en el presente caso, la denuncia comunica unos hechos que, de ser ciertos, serían constitutivos de delitos de diversa naturaleza. Dado que las competencias en la materia corresponden a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen organizado, procede a acordar el archivo provisional y su remisión a aquella (unidad)».
Las delegaciones de apuestas del Estado
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) es una empresa pública, adscrita al Ministerio de Hacienda, que tiene por objeto «la gestión, explotación y comercialización de la actividad del juego en sus distintas modalidades». Este organismo público cuenta con 52 delegaciones comerciales (para las 50 provincias junto a Ceuta y Melilla) en toda España, encargadas de gestión de los 10.900 puntos de ventas de loterías que existen en la actualidad.
La explotación de una delegación comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado se logra mediante un concurso público. Quien resulte ganador de la adjudicación del contrato de servicio de gestión, conforme a la normativa vigente en materia de licitaciones y contratación con la Administración Pública, se convierte en delegado de la provincia correspondiente. Estos puestos de delegado están altamente cotizados, debido a los importantes beneficios económicos que puede llegar a percibir la persona que obtiene la adjudicación. La empresa pública destina 25 millones de euros al año a la gestión de las delegaciones comerciales. Los contratos tienen una duración inicial de siete años prorrogable por otros siete años, según los documentos de pliegos de los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esto supone una asignación presupuestaria estimada en 180 millones de euros; en el caso de que se prorroguen los contratos, el gasto presupuestario asciende a 360 millones de euros.
Casualmente, estos cargos suelen quedar en manos de las mismas familias. Los puestos de delegado tienden a pasar «de padres a hijos» o a otros miembros de la familia: en muchas ocasiones, los agraciados por la concesión del contrato guardan algún tipo de relación de «consanguinidad» con el titular anterior que deja vacante la delegación. Este patrón de adjudicación ha generado suspicacias, ya que parece sugerir que los concursos públicos, aunque teóricamente abiertos a todos, favorecen en la práctica a ciertos familiares de los delegados destacados. Fuentes internas consultadas por este periódico afirman que «no se trata de una mera casualidad», sino que en realidad «nunca ha existido una regulación estricta» en los concursos públicos para la concesión de delegaciones comerciales. Según estas fuentes, se ha permitido adulterar los procesos para que los beneficiarios sean siempre las mismas personas.
Según documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, los concursos públicos para licitar las delegaciones comerciales de Selae en Cuenca, Lugo, Zaragoza y Segovia fueron presuntamente amañados para «beneficiar, y adjudicarlas, a quienes actualmente son los titulares». Desde la sociedad pública de Apuestas del Estado se llevó a cabo presuntamente «un fraude consistente en favorecer a contratistas arbitrariamente, que no reunían las condiciones para la adjudicación del contrato con Selae para poder administrar una delegación. En otras ocasiones se ha justificado el contrato sobre hechos completamente falsos».
Hay que destacar que, en paralelo a la resolución de Antifraude, estas irregularidades ya han sido puestas en conocimiento de la justicia. El letrado Antonio García-Berbel ha presentado una querella ante los Juzgados de Plaza de Castilla en representación del sindicato Manos Limpias. En la misma se ha adjuntado un informe de la agencia de investigación privada Detectivia que realizó las indagaciones que confirman los hechos denunciados.
