El juez contra el que Sánchez evitó querellarse archivó la causa de las mascarillas 'fake' de Illa
Carlos Valle fue quien rechazó la petición del presidente para declarar por escrito en la causa contra Begoña Gómez
Salvador Illa y Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz.
Pedro Sánchez se querelló en julio contra Juan Carlos Peinado por prevaricación. El presidente del Gobierno evitó incluir en el pleito a otro juez, Carlos Valle, que fue quien rechazó en última instancia su petición para declarar por escrito en la causa que investiga a su esposa, Begoña Gómez. Nunca trascendieron las razones por las que el dirigente socialista aplicó ese doble rasero que libraba al magistrado que, curiosamente, debía decidir sobre el procedimiento de las mascarillas fake de Salvador Illa. El caso fue archivado en junio, explican a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas.
El presidente del Gobierno declaró el pasado 30 de julio en La Moncloa ante Peinado, aunque guardó silencio. Sánchez se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dispensa de la obligación de declarar, entre otros supuestos, contra la cónyuge. Horas más tarde se querelló contra el juez instructor a través de un texto firmado por la Abogacía del Estado «en defensa de la institución de la Presidencia».
El presidente del Gobierno había solicitado días antes prestar testimonio por escrito en virtud al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El precepto establece que la fórmula solo es válida para informar de «los hechos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo». Peinado primero y más tarde Valle como sustituto respondieron a Sánchez que debía testificar sobre unas cuestiones que conoció por ser esposo de Begoña Gómez, no por su cargo.
El guiño de Sánchez
La querella de Sánchez no menciona a Valle. La jugada soliviantó a los miembros de la carrera judicial, que denunciaron el «doble rasero». Las fuentes consultadas explicaron a THE OBJECTIVE que, con ese movimiento, el presidente del Gobierno realizaba un guiño, ya que Valle sería el encargado de instruir la causa si Peinado resulta apartado.
La esposa de Sánchez y el propio presidente del Gobierno han registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sendas querellas contra Peinado por prevaricación. Buscan recusar a Peinado y, en última instancia, relegarle del procedimiento. Si eso sucede, Valle pasaría a instruir la causa, por lo que las fuentes jurídicas entienden que el dirigente socialista «no quería enojarle». No obstante, el movimiento resulta complicado.
«Es muy difícil recusar a Peinado porque no concurren las causas descritas en la ley», sentencia un prestigioso juez. El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece 16 motivos por los que se puede obligar a un magistrado a apartarse de una causa, pero el actual instructor no incurre, de momento, en ninguna de ellas. Otro veterano jurista subraya que la querella busca «amedrentar al juez» y explica que Sánchez no tiene la posibilidad de presentar un recurso porque no forma parte del procedimiento.
La querella de Begoña Gómez, en cambio, tiene opciones de prosperar. La esposa del presidente del Gobierno acusa a Peinado de emprender una «cruzada personal» contra ella. El texto señala que el juez ha dictado resoluciones «manifiestamente injustas» que retuercen el Derecho Penal y obvian las garantías procesales. En España se presentan cada año unas 200 querellas contra jueces por prevaricación, aunque la mayoría son desestimadas.
Recusar a Peinado
No es el único frente abierto contra Peinado. La Audiencia de Madrid ha fijado el próximo 30 de septiembre para decidir si el juez sigue investigando el caso de Begoña Gómez, acusada de presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El órgano provincial ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le remita toda la causa para poder resolver sobre los recursos interpuestos por la esposa de Sánchez y la Fiscalía para que se archive o acote la investigación.
Ante la dificultad de que Peinado acabe siendo apartado de la causa, las fuentes consultadas señalan a otro lado para explicar que Sánchez evitara incluir a Valle en su querella. Los juristas sostienen que no quiso irritar al juez que instruía la causa por las mascarillas fake del Ministerio Sanidad, que dirigió Illa durante la pandemia. El actual presidente de Cataluña es muy cercano a Sánchez y cualquier decisión negativa del magistrado podía suponer un golpe en la línea de flotación del Gobierno.
Valle tomó la decisión de archivar el caso en junio, después de que la Abogacía General del Estado y la Fiscalía advirtieran de un error en la prórroga de la instrucción, tal y como avanzó Vozpopuli. «Suena extraño, pero no podemos saber si, cuando Sánchez interpuso la querella en julio, sabía que el juez había archivado la causa de las mascarillas fake. Es la eterna discusión de si fue antes el huevo o la gallina», señalan fuentes jurídicas.
El procedimiento, que trataba de dirimir las responsabilidades políticas por dos millones de cubrebocas no homologados suministrados al personal sanitario, arrancó en agosto de 2021, aunque se cerró meses más tarde. La Audiencia de Madrid reabrió la causa en diciembre de 2022. Ordenó la práctica de diligencias al Juzgado de Instrucción número 14, del que es titular Valle.
Mascarillas no homologadas
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se querelló contra Illa por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Los querellantes alertaron de que Sanidad firmó un contrato de emergencia por 24 millones de euros con una empresa china que no figuraba entre los proveedores recomendados por China y que la partida adquirida, que se entregó a los profesionales sanitarios, no cumplía con la normativa.
Los detractores de Valle le tildan de juez «ultraderechista». Hace apenas unos días decidió procesar al exdiputado de Podemos Pablo Echenique por un presunto delito de odio por publicar en sus redes sociales que «es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante».
El magistrado es recordado por preguntar a un centenar de mujeres el lugar en el que abortaron y por archivar el procedimiento contra Esperanza Aguirre por darse a la fuga tras aparcar en una calle en la que estaba prohibido estacionar.
