A juicio los responsables de una asociación de cannabis en Murcia por venta de drogas
La Fiscalía pide 15 años de prisión para los cuatro directivos acusados de promover el tráfico de estupefacientes
Palacio de la Justicia de Murcia. | Archivo
La Fiscalía ha solicitado penas de prisión que suman una quincena de años para tres hombres y una mujer, quienes están acusados de operar bajo la fachada de una asociación de cannabis en Murcia para la venta de sustancias estupefacientes. Este grupo se valía de su posición en la junta directiva de dicha asociación, ubicada en un local en la Avenida de Alicante, para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
El juicio se celebrará este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia. Según el escrito de calificación fiscal, los implicados, todos mayores de edad y sin antecedentes penales, habrían utilizado la asociación no con fines de consumo compartido o investigación, sino como un medio para facilitar el consumo de drogas.
Durante una inspección realizada el 11 de diciembre de 2019, las autoridades encontraron diversas cantidades de cannabis y hachís, valoradas en aproximadamente 1.385 euros, además de 245 euros en efectivo y documentos que detallaban los precios y las variedades de las sustancias ofrecidas.
El Ministerio Público acusa al hombre que ocupaba el cargo de presidente de la asociación por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita. Para él, la Fiscalía pide cinco años de prisión y multas que ascienden a 3.000 euros, además de una penalización adicional de 15 meses con una cuota diaria de 6 euros.
Para los otros dos hombres, que desempeñaban los roles de tesorero y secretario, la Fiscalía solicita ocho años de prisión en total, repartidos equitativamente entre ambos, junto con las mismas multas impuestas al presidente. En cuanto a la mujer, considerada cooperadora necesaria en un delito de tráfico de drogas, se pide una pena de dos años de prisión y una multa de 3.000 euros. Este caso destaca la utilización de asociaciones legales como fachadas para actividades ilícitas, un tema de creciente preocupación para las autoridades.
