La UCM restringe la difusión de sus reuniones tras la bronca sobre el 'caso de Begoña Gómez'
La decisión se toma tras la discusión que protagonizaron en mayo el rector y un decano por las cátedras extraordinarias
Begoña Gómez y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha restringido el acceso a su Consejo de Gobierno. Los participantes en el cónclave de este martes han denunciado que el rector, Joaquín Goyache, ha limitado el seguimiento del órgano que representa a toda la comunidad educativa argumentando el derecho a la intimidad y a la propia imagen. La decisión llega tras el enfrentamiento que protagonizó en mayo con el decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Jorge Clemente, por las cátedras extraordinarias tras la imputación de Begoña Gómez.
Varios integrantes del Consejo de Gobierno han denunciado que se haya impedido la difusión de la reunión. «Hasta ahora, las sesiones podían seguirse en directo a través del canal de la UCM en YouTube». En esta ocasión, lamentan que no ha sido posible. Los representantes de la comunidad educativa alegan que la grabación ahora se realiza en Teams y que «solo es accesible para una parte del consejo, que tiene que solicitar el acceso».
Fuentes de la institución académica explican a THE OBJECTIVE que el único cambio que se ha producido es el del sistema. A partir de ahora, los consejos de gobierno pasarán a retransmitirse por Teams, una aplicación desarrollada por Microsoft que incluye videoconferencias, almacenamientos de archivos y chat en el espacio de trabajo, entre otros servicios. Las mismas fuentes aseguran que el cónclave de este martes se subirá al canal de la UCM en las próximas horas, aunque de momento no ha sucedido.
La cátedra de Begoña Gómez
«Se escudan en la protección de datos de los consejeros, pero lo hacen para evitar que la prensa pueda ver lo que se pregunta y las respuestas que se dan», afirman los miembros del Consejo de Gobierno de la UCM, conformado por medio centenar de personas. Entre ellos hay decanos, directores de departamento, profesores, investigadores, estudiantes y personal técnico y de gestión. «Es un cambio sin precedentes desde que se instauró este sistema de transparencia con José Carrillo como rector [años 2011-2015]», insisten.
Clemente reclamó en una sesión celebrada a finales de mayo un esfuerzo del Rectorado para que se cumplan las normas de las cátedras extraordinarias. En su opinión, ese asunto ha puesto a la Complutense «en el punto de mira político, social e informativo». El decano no hizo ninguna mención explícita a Begoña Gómez, que lleva cuatro años al frente de la Cátedra de Transformación Social Competitiva sin disponer de una licenciatura. Sin embargo, su nombre sobrevolaba en el ambiente.
«No voy a abordar siquiera la relevancia reputacional que este tema está generando», insistió Clemente. Sin embargo, el decano se centró en el descontrol que, a su juicio, existe con las cátedras extraordinarias de su facultad. «Existen seis cátedras extraordinarias vigentes, de las cuales cinco no están cumpliendo con la normativa vigente». Entre otras cosas, denunció que estas no convocan a la Comisión Mixta de Seguimiento de forma anual, como están obligadas por la ley.
El vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, reconoció que ha podido haber «errores que cometen todos los servicios administrativos». No obstante, explicó que «cuando se detectan, procedemos de manera, no diría rápida, sino además ilusionada, a su subsanación para que las cuestiones funcionen todo lo bien que deseamos». Clemente solicitó de nuevo la palabra, pero el rector se la denegó al considerar que su ruego ya había sido resuelto.
El rector en Moncloa
Goyache está imputado en la causa que investiga a Begoña Gómez. En su comparecencia ante el juez el pasado julio reconoció que estuvo en Moncloa para tratar de la cátedra extraordinaria de la esposa del presidente del Gobierno. El rector relató que acudió a la residencia oficial a finales de julio de 2020 para abordar la colaboración, aunque no se encontró con Pedro Sánchez. Durante su declaración reconoció que aunque existen más de 50 cátedras de este tipo, la de Transformación Social Competitiva es la única que está codirigida.
La cátedra se creó en octubre de 2020 mediante un convenio entre la UCM, Reale Seguros y la Fundación La Caixa. El máster asociado arrancó el curso 2021-2022. Después de tres años ofertándolo, sus directores han rehusado pedir su continuidad, tras la polémica por la dirección. El acuerdo impedía la posibilidad de que Begoña Gómez pudiese hacerlo. Para solucionarlo, la universidad utilizó una artimaña: designar un codirector, tarea que se encargó a José Manuel Ruano, profesor titular del Departamento de Ciencia Política.
El reglamento interno establece en su artículo 13.2 la posibilidad de elegir a un director sin vinculación laboral con la institución académica, aunque en ese caso se debe designar a un codirector que la posea. Goyache explicó que la creación de la cátedra de Begoña Gómez no partió de él, sino que fue propuesta por la comisión de seguimiento y que se limitó a validar el procedimiento.
Una tesis que puso en entredicho el propio vicerrector, Juan Carlos Doadrio, que le acusó de ser la persona que avaló el fichaje de la esposa de Sánchez. La UCM abrió una investigación interna sobre la cátedra para conocer si se había respetado la normativa. No es la única cuestión polémica. Según adelantó El Mundo, la Intervención de la universidad detectó en 2023 al menos una adjudicación «irregular» después de que Begoña Gómez se saltara el procedimiento habitual de pago a proveedores.
La universidad ya estudia este caso. Además, abrió una investigación para aclarar los detalles del software desarrollado para el máster que Begoña Gómez registró a su nombre. Goyache reveló al juez que el asunto cuenta con dos partes y que solo una de ellas está relacionada con fondos públicos. Concretamente, la parte del expediente de tramitación que inició la universidad en julio del año pasado por importe de 72.000 euros para contratar la aplicación.
