El fiscal general bloquea la llegada de causas a Anticorrupción para extremar su control
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, respeta la independencia de sus subordinados
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no deriva las causas que son materia de corrupción a la Fiscalía Anticorrupción y de Criminalidad Organizada. El máximo representante del Ministerio Público –revalidado en el cargo por el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez– pretende tener un control exhaustivo de las causas que se instruyen. Sin embargo, según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, enviar estos casos a la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón, que respeta la independencia de sus subordinados, le hace perder el control de las causas judiciales a García Ortiz.
Desde hace meses, Anticorrupción no está recibiendo causas de su especialidad derivadas de la Fiscalía General del Estado, según ha podido saber este periódico. Un ejemplo de ello es el caso Begoña Gómez, en el que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, que lo está llevando la Fiscalía adscrita a la Audiencia Provincial. El fiscal personado en la causa, José Manuel San Baldomero, recurrió la resolución del juez por la que acordaba la declaración como testigo del presidente del Gobierno.
Este recurso presentado fue recibido con sorpresa y cierto desconcierto en el ámbito judicial. Tradicionalmente, la Fiscalía no recurre las decisiones de citación de testigos por parte de un juez instructor. Fiscales consultados por este periódico subrayan que «cuando un juez practica diligencias, lo propio no es recurrir, sino ver el resultado de las mismas, porque se trata de una investigación y lo que debe hacer el fiscal es facilitar la instrucción, no bloquearla o impedir el transcurso de la misma». Y es que esto pone en relieve la función colaborativa que debería desempeñar la Fiscalía en el proceso judicial, en lugar de entorpecer la labor del juez instructor.
También llamó la atención que el representante del Ministerio Público decidiera no realizar preguntas al único investigado en la causa que está dispuesto a responder a todas las partes. Se trata de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien respondió incluso a las preguntas del partido político Vox, a pesar de no estar obligado a hacerlo, ya que declaraba como imputado y no como testigo. Hay que destacar que el fiscal ha solicitado, en reiteradas ocasiones, desde el inicio de la instrucción que se archivara la causa. Por otro lado, el caso David Azagra –nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno– tampoco está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. En esta causa se investigan presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude fiscal, prevaricación y tráfico de influencias.
De manera excepcional, Anticorrupción sí está investigando el caso Koldo sobre el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19. Aunque hay que destacar que la acusación en este caso la lleva la Fiscalía Anticorrupción, cuyo nombre oficial es Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, porque el denunciante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso, presentó dicha denuncia ante el órgano dirigido por Luzón.
Más poder para el fiscal general
El llamado plan de regeneración democrática que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros incluye la creación de dos nuevas fiscalías para luchar contra la corrupción que, en principio, actuarían al margen de la Fiscalía Anticorrupción ya existente.
Por ello, tal y como ha publicado THE OBJECTIVE, dos de las tres asociaciones profesionales se oponen a la intención del Gobierno de crear unidades especializadas para reforzar la lucha contra la corrupción, como contempla el plan de regeneración democrática. La mayoría de los fiscales consultados por este periódico consideran que aumentarán el poder del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que facilitarán la discrecionalidad a la hora de distribuir asuntos. En su opinión, supondrá «un solapamiento» de competencias y generará «disfunciones», por lo que abogan por aumentar los recursos de Anticorrupción.
