Los fiscales estallan contra el Gobierno por el 'plan Sánchez': «Da más poder a García Ortiz»
Sostienen que la creación de dos nuevas fiscalías aumenta la discrecionalidad a la hora de distribuir asuntos
García Ortiz el pasado 13 de septiembre en la toma posesión como fiscal jefe del área de Ferrol. | Carlos Castro (Europa Press)
Nuevo cisma en la carrera fiscal. Dos de las tres asociaciones profesionales se oponen a la intención del Gobierno de crear nuevas unidades especializadas para reforzar la lucha contra la corrupción, como contempla el plan de regeneración democrática. La mayoría de los fiscales consultados por THE OBJECTIVE consideran que aumentará el poder del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que facilitará la discrecionalidad a la hora de distribuir asuntos. En su opinión, también supondrá «un solapamiento» de competencias y generará «disfunciones», por lo que abogan por aumentar los recursos de Anticorrupción.
El Consejo de Ministros aprobó el citado plan de acción el pasado 18 de septiembre. El Gobierno de Pedro Sánchez propone en el texto la creación de dos nuevas fiscalías especiales para luchar contra la corrupción, tanto pública como privada: una de Delitos Económicos contra la Hacienda Pública y otra de Delitos contra la Administración Pública. De hecho, las 79 nuevas plazas que incorpora el proyecto de real decreto para ampliar la plantilla del Ministerio Fiscal ya incluyen seis de las nuevas especialidades.
Las nuevas fiscalías se encargarán de coordinar la actuación del Ministerio Público respecto a pequeños casos de corrupción. Están pensadas para asuntos generados en gobiernos municipales y diputaciones provinciales, cuyas competencias escapan a Anticorrupción. Cada unidad estará formada por un fiscal de Sala (máxima categoría en la carrera) y dos fiscales adjuntos, que se encargarán de garantizar un criterio común en las regiones. Su máximo responsable será igualmente García Ortiz.
Críticas al Gobierno
«Nada es inocente. Se trata de dos fiscalías no ejecutivas. Solo van a coordinar el trabajo de los fiscales de toda España. Eso supone que aumenta el poder del fiscal general a la hora de distribuir causas», lamenta un miembro del Ministerio Público con décadas de experiencia. Otro compañero critica que el Gobierno aumentará «todavía más» la discrecionalidad con la que cuenta García Ortiz para distribuir los asuntos.
Se oponen especialmente a la creación de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública porque «ya existe una unidad contra la corrupción». Los miembros del Ministerio Público advierten de «una operación orquestada» por García Ortiz, que sigue pendiente de una posible imputación en el Tribunal Supremo por revelación de secretos.
Las fuentes consultadas por este diario afirman que el fiscal general evita derivar causas a Anticorrupción para «aumentar su control» sobre ellas. De hecho, los principales casos que cercan al Gobierno, el de Begoña Gómez y el del hermano del presidente, han sido enviados a otras unidades. Sus compañeros alaban la independencia del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que recibió el apoyo del Ejecutivo de Sánchez para renovar el cargo hace dos años.
El Consejo Fiscal ya se opuso el pasado miércoles a la creación de una de las fiscalías contra la corrupción que prevé el Gobierno. Siete de los 12 miembros que conforman este órgano consultivo rechazaron la creación de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Votaron en contra los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales y el único de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
«Solapa competencias»
Los vocales consideran que crear esta nueva unidad supone «solapar competencias» con la Fiscalía Anticorrupción. Abogan por dotar de más medios materiales y humanos al grupo que dirige Luzón. Los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas apoyaron la creación de ambas unidades especializadas al entender que cualquier ampliación de la estructura del Ministerio Fiscal es positiva porque supone un refuerzo de sus actuaciones.
Alegan que no existiría «ningún solapamiento» con Anticorrupción porque esta fiscalía especial sí tiene funciones jurisdiccionales, mientras que las dos nuevas unidades carecerían de ellas y se dedicarían a una corrupción de menor entidad, aunque «sistémica», como la detectada en corporaciones locales y diputaciones provinciales. «Eso supondrá que hay más gente especializada para llevar asuntos que se dan a dedo», proclama un prestigioso miembro de la carrera fiscal.
«Lo que hay que hacer es cambiar los criterios de asignación de asuntos. Deben existir causas objetivas», exige un fiscal veterano. Salvador Viada, único vocal de APIF en el Consejo Fiscal, ha anunciado que emitirá un voto particular. «Hoy el fiscal general tiene el poder legal de asignar asuntos o no a Anticorrupción según su libre criterio. En lugar de regular ese poder, se crean dos fiscalías que facilitarán aún más la discrecionalidad. Creo que hay que cambiar el rumbo», explica a este diario.
Viada hace alusión al caso de la esposa del presidente del Gobierno, inmersa en una investigación judicial por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. «El fiscal general no se lo ha dado a Anticorrupción, prefiere que lo lleve la Fiscalía de Madrid. Eso no puede ser, y menos cuando a veces la Fiscalía General del Estado quita asuntos a los fiscales en el mismo Supremo para despacharlos directamente», insiste.
Aumento de la plantilla
El presidente de APIF, Miguel Pallarés, también muestra su rechazo a la creación de las dos nuevas unidades especializadas que plantea el Gobierno porque «no son necesarias». En su opinión, su puesta en marcha «distorsionaría el funcionamiento de la Fiscalía». En línea con su compañero Viada, insiste en que «no van a funcionar porque aumenta la discrecionalidad» de García Ortiz «para restar asuntos a Anticorrupción».
La mayoritaria Asociación de Fiscales se ha posicionado en contra de la creación de un fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública porque esa plaza «carece de justificación». «Esta figura no prevista en nuestro Estatuto Orgánico se pretende introducir para intervenir respecto de modalidades delictivas ya previstas en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al fijar las competencias de la Fiscalía Anticorrupción», señala en un comunicado.
La organización que preside Cristina Dexeus denuncia que será el fiscal general quien valorará «si existe o no la especial trascendencia» que justifique la intervención de Anticorrupción o del nuevo fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública. «Esta coincidencia de ámbitos y la inseguridad jurídica del criterio de asignación nos llevan a entender que su creación alejará a la Fiscalía de la eficacia en la respuesta penal».
No obstante, la Asociación de Fiscales demanda que se amplíe la plantilla porque «la carrera fiscal tiene un déficit importante». Menos rechazo, en cambio, genera la nueva Fiscalía de Delitos Económicos contra la Hacienda Pública. En el Consejo Fiscal del miércoles solo se opuso Viada. El resto de miembros votó a favor al entender que esa unidad cubriría un vacío de coordinación, aunque eso no les resta preocupación por el aumento de discrecionalidad del fiscal general.
