Los abogados del Estado se plantan: «El fiscal general debería contratar un letrado»
El Supremo debe pronunciarse próximamente sobre la posible imputación de García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
Abogados del Estado consultados por THE OBJECTIVE han mostrado su firme rechazo ante lo que consideran un «uso indiscriminado» de la institución. Según estas fuentes, si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es finalmente imputado por el Tribunal Supremo, los servicios jurídicos del Estado no deberían encargarse de su defensa. En su lugar, debería contratar a un letrado particular. Esta posibilidad surge a raíz de la exposición razonada que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado al Tribunal Supremo, solicitando la imputación de García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con una causa de fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En los próximos días, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre si acepta o no la solicitud de imputación del fiscal general. Los abogados del Estado consultados por este medio han expresado que el marco normativo actual no permite que la Abogacía del Estado defienda a García Ortiz en un caso como este, ya que no estaría relacionado con el legítimo desempeño de sus funciones. Para sustentar esta posición, los abogados citan el Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, que establece que los servicios jurídicos del Estado solo pueden defender a autoridades, funcionarios y empleados públicos cuando las acciones legales en su contra surgen del legítimo ejercicio de sus funciones o cuando han cumplido órdenes de una autoridad competente.
Este decreto es claro al delimitar las circunstancias en las que los abogados del Estado pueden intervenir en la defensa de estos funcionarios. Las mismas fuentes señalan que el artículo 2 de la Ley 52/1997 es aún más contundente, ya que especifica que los abogados del Estado pueden representar y defender a estas personas cuando los procedimientos judiciales estén relacionados con actos u omisiones vinculados al cargo. Sin embargo, los abogados consultados por THE OBJECTIVE se preguntan si «lanzar notas de prensa revelando información reservada puede considerarse un acto legítimo relacionado con el cargo del fiscal general».
Para ellos, no hay duda de que la revelación de datos confidenciales sobre una causa judicial que involucra a un ciudadano no está dentro de las funciones del fiscal general, tal y como se establecen en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En este sentido, cuestionan si la difusión de información reservada puede ser defendida bajo el amparo de la Abogacía del Estado, dado que no es una labor propia del cargo.
Por otro lado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha defendido a su jefe en un informe remitido al Alto Tribunal. En dicho informe, Sánchez Conde sostiene que no existen motivos para imputar a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, alegando que no hay indicios de que la información difundida haya violado ningún principio legal. Esta postura, sin embargo, no ha calmado la controversia en torno a la posible responsabilidad penal del fiscal general.
Perjuicio para las arcas del Estado
Además, los abogados del Estado consultados por THE OBJECTIVE han advertido de las posibles consecuencias económicas que podría acarrear este caso para las arcas públicas. Si el proceso contra García Ortiz sigue adelante, los querellantes podrían reclamar una indemnización económica, lo que implicaría una responsabilidad civil subsidiaria por parte de la Fiscalía General del Estado, y en última instancia, del Estado como administración pública. Esta responsabilidad civil podría suponer un importante perjuicio económico para el erario público, algo que estos abogados consideran inaceptable, dado que, en su opinión, la emisión de notas de prensa no forma parte de las funciones que corresponden al fiscal general.
Por este motivo, sostienen que la Abogacía del Estado debería personarse en la causa solo para defender que cualquier responsabilidad civil recaiga directamente sobre Álvaro García Ortiz, ya que consideran que los actos que se le imputan fueron realizados a título personal y no en el ejercicio legítimo de sus funciones como fiscal general. Desde esta perspectiva, insisten en que el Estado no debería asumir las consecuencias económicas de unas acciones que, según ellos, no están relacionadas con el desempeño del cargo.
Este posicionamiento por parte de los abogados del Estado refleja una división dentro de las instituciones públicas en cuanto a la forma de proceder en casos como el del fiscal general. Aunque aún está por verse si el Tribunal Supremo acepta la solicitud de imputación de García Ortiz, el debate sobre los límites de la defensa institucional está más vivo que nunca.
