La Audiencia anula la sentencia que absolvió al alcalde de Nerja (Málaga) por el vertedero ilegal
El tribunal ha solicitado la redacción de un nuevo fallo judicial, sin la necesidad de realizar otra vez el juicio
El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, en una imagen de archivo entrando en la Ciudad de la Justicia de Málaga. | Europa Press
La Audiencia de Málaga ha anulado completamente la sentencia que exculpaba al alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, respecto a la gestión de un vertedero presuntamente ilegal en esta localidad. El tribunal ha solicitado la redacción de un nuevo fallo judicial, sin la necesidad de realizar otra vez el juicio, que deberá considerar adecuadamente todas las pruebas presentadas inicialmente.
Según el documento judicial, la Sección Tercera ha aceptado el recurso interpuesto por el fiscal, quien argumentaba varios errores en la valoración inicial de las pruebas, incluyendo la omisión de documentos fundamentales. La nueva sentencia deberá emitirse bajo la «absoluta libertad de criterio y decisión de la magistrada de instancia», y deberá evaluar especialmente el impacto de ciertas pruebas para determinar si corresponden a un dictamen pericial y la clasificación de la persona que las ratificó.
El caso se centra en la existencia de un vertedero en la cantera de Río de la Miel, cerca del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, que operó durante aproximadamente 18 años. Según la acusación, en este lugar se depositaron de manera incontrolada residuos de construcción, materiales peligrosos y restos de poda, lo que supuestamente representaba un riesgo significativo. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga había absuelto a Armijo y otros seis acusados, concluyendo que no se había demostrado, a través de las pericias realizadas, la existencia de un riesgo de incendio o un peligro para la salud pública.
Ante tal veredicto, el ministerio público decidió apelar, resultando en la reciente decisión de la Sala de apelación que desestima los hechos declarados probados por el primer fallo y ordena que el caso regrese al juzgado para que se redacte una nueva sentencia, que deberá valorar todas las pruebas «de forma suficiente y motivada». Este giro en el proceso subraya la importancia de una evaluación exhaustiva y detallada de las evidencias en casos de potencial impacto ambiental y riesgos para la comunidad.
