Las asociaciones de fiscales estallan y piden la dimisión de García Ortiz tras ser imputado
El Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra el fiscal general por presunta revelación de secretos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Los fiscales piden la dimisión de su jefe. Dos de las tres asociaciones profesionales consideran que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe abandonar su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por una presunta revelación de secretos. Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que los tribunales investigan al máximo exponente del Ministerio Público. «Es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y estar imputado por el Supremo como posible autor de un delito», ha asegurado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) este miércoles en un comunicado.
El alto tribunal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra García Ortiz por la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra la pareja de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Sala de lo Penal del Supremo también se ha arrogado la competencia para investigar a la jefa provincial, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de una nota.
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se mostró en contra de que el alto tribunal investigase a su jefe al entender que los hechos no eran «constitutivos de delito», por lo que pidió «archivar las actuaciones». La decisión de los magistrados ha desencadenado reacciones que piden la dimisión de García Ortiz.
La autoridad de García Ortiz
La primera asociación en solicitarla ha sido APIF, que considera quela imputación da lugar a perder la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). También lo ha hecho la mayoritaria Asociación de Fiscales. Para su portavoz, Cristina Dexeus, el fiscal general del Estado «debe reflexionar sobre su continuidad en el cargo para evitar profundizar en una crisis reputacional». Dexeus ha pedido a García Ortiz que abandone el cargo por doloroso que sea para reforzar la institución.
«Nunca hubiésemos imaginado que podríamos llegar a encontrarnos en una situación tan crítica con el fiscal general del Estado investigado en una causa penal. Es la primera vez que ocurre algo así. Es algo inédito y no está ni previsto en el EOMF», ha insistido la portavoz de la Asociación de Fiscales en declaraciones a THE OBJECTIVE.
La APIF en su comunicado destaca que «en el Derecho romano se distinguía potestas y auctoritas. Lo primero significa que una persona que encarna una determinada función puede imponer su voluntad por la fuerza, normalmente ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo segundo, la auctoritas, viene referido al poder que ostenta una persona para imponer su voluntad por el convencimiento, por el reconocido prestigio que tiene en el desarrollo de su función. Pues bien, a partir de ahora (…) ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público».
La asociación que preside Miguel Pallarés considera que no es posible que García Ortiz pueda continuar ni un minuto más en el puesto «pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto». APIF señala que conforme al artículo 145 del EOMF el titular de la Fiscalía General del Estado podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal.
Falta de idoneidad
«Es decir, cualquier fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él, salvo que sea fiscal general del Estado. Esta situación no tiene ningún sentido», insiste en su comunicado APIF. La asociación considera, además, «urgente y necesario» modificar el EOMF para incluir una nueva causa de cese del jefe del Ministerio Público, cuyo mandato tiene una duración de cuatro años. El Gobierno renovó a García Ortiz en noviembre, tras sustituir en la anterior legislatura a Dolores Delgado.
APIF ya denunció el pasado abril ante el Supremo la falta de idoneidad en el nombramiento de García Ortiz. La asociación sostenía su acusación en «la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo». Una de las cuestiones que más pesó en este movimiento fue la sentencia del alto tribunal, que anuló el nombramiento Delgado como fiscal jefe de la Sala de lo Militar. Esa decisión supuso el ascenso de su antecesora a la máxima categoría.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) se ha desmarcado de sus colegas y ha mostrado su apoyo a García Ortiz, que presidió la organización. Sus miembros consideran que la imputación no desvirtúa su presunción de inocencia y muestra su «total discrepancia» con la decisión del Supremo, ya que en su opinión «en modo alguno los hechos investigados revisten las características de delictivos». En una nota difundida a los medios también admite su «profunda preocupación» por la presión y desgaste a la que está sometido el fiscal general y la institución.
