La Fiscalía pide al juez del 'caso Koldo' que impute a Ábalos al apreciar indicios de delito
Anticorrupción le atribuye los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal
El exministro de Transportes José Luis Ábalos en julio. | Matias Chiofalo (Europa Press)
Nuevo paso para la imputación de José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción ha enviado este martes un escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo donde le insta a remitir la causa al Tribunal Supremo para investigar al exministro de Transportes por su presunta implicación en la trama de corrupción. El Ministerio Público toma la decisión al apreciar «indicios delictivos» suficientes contra el actual diputado del Grupo Mixto.
La Fiscalía pide al magistrado Ismael Moreno que eleve una exposición razonada al Supremo. Anticorrupción atribuye a Ábalos los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Considera que el exministro se valió de su posición para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión y que habría recibido presuntas contraprestaciones por parte de la trama.
El escrito se apoya en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil envió la semana pasada a la Audiencia Nacional. El documento, de 233 páginas, sostiene que Ábalos «tenía un papel relevante y de responsabilidad» en la trama criminal liderada por su antiguo asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. El fiscal Luis Pastor se centra en elementos como el pago del chalé en Cádiz por parte de la trama, su intervención directa en los contratos de mascarillas o el abono del alquiler del piso de su novia que desveló THE OBJECTIVE.
Ábalos, «el jefe»
Los investigadores de la UCO subrayan que la importancia del exministro en la jerarquía criminal era tal que los miembros de la trama se referían a él como «el jefe». Así se desprende en una de las conversaciones intervenidas a Aldama cuando se estaba negociando el rescate de Air Europa. En la conversación, el empresario dice al CEO de la compañía, Javier Hidalgo, que la reunión tendría lugar «enfrente de casa del jefe», refiriéndose a la vivienda en la sede de Transportes en la que vivía Ábalos durante su etapa en el Gobierno.
El juez que instruye el caso Koldo solicitó el pasado jueves al Congreso que le informara si el exministro continúa siendo diputado y, por tanto, se encuentra aforado ante el Supremo. La Cámara baja comunicó este martes a la Audiencia Nacional su condición de parlamentario, ahora en el Grupo Mixto, lo que le sitúa al borde de la imputación. El aforamiento consiste en un fuero especial. El artículo 71 de la Constitución establece que diputados y senadores están sujetos a ese régimen en cualquier causa por la que se les investigue. Todos ellos deben rendir cuentas ante la Sala de lo Penal del Supremo.
Entre medidas, Ábalos solicitó declarar voluntariamente como testigo en el caso Koldo. El exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE aseguró en una entrevista en el programa Todo es Mentira de Cuatro que nunca se benefició económicamente de la trama y que el informe de la UCO «no acredita nada». También lanzó un mensaje advirtiendo de que su defensa «va a ser intensa», que algunos pensaron que iba dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La semana pasada Ábalos reclamó a la dirección del PSOE que archive el expediente de expulsión que le abrió en febrero y ser readmitido en el partido. La formación le dio un plazo de 24 horas para que renunciara al acta de diputado, aunque el Tribunal Constitucional sostiene desde hace cuatro décadas que este es personal. El exministro de Transportes lanzó un órdago al partido en el que llegó a ser número tres y pasó a integrarse en el Grupo Mixto.
«La decisión más difícil de mi vida política», afirmó el dirigente valenciano. Para tomarla, aseguró haber escuchado a su círculo más cercano, que le habría aconsejado «que no me rinda y defienda mi honorabilidad». En aquella comparecencia en el Congreso aseguró que se enfrentaba «a todo el poder» y que era «un mero peón». Los juristas consultados reconocieron que esa decisión le aseguraba ganar tiempo ante una posible imputación, ya que para ello sería necesario enviar una exposición razonada al Supremo y el proceso podría demorarse un año.
