Los dos años como fiscal general de García Ortiz: de la sombra de Delgado a su imputación
El Supremo lo investiga por una presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
Álvaro García Ortiz. | Francisco J. Olmo (Europa Press)
Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general Estado imputado por el Tribunal Supremo (TS), un hecho inédito que supone el colofón a dos años de mandato marcados por la polémica desde sus inicios. Primero cuestionado por llegar al cargo como ‘heredero’ de Dolores Delgado, después se sumaron el veredicto de «no idóneo» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y varias sentencias del Tribunal Supremo, que llegó a hablar de «desvío de poder».
Una sala de cinco magistrados, con Susana Polo como ponente y Manuel Marchena como presidente, ha acordado por unanimidad abrir causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, el que le achaca Alberto González Amador –el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– por una nota de prensa enviada el 14 de febrero por la Fiscalía de Madrid donde se revelaban ‘emails’ de las negociaciones para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso, Julián Salto.
El Supremo afirma que, si bien buena parte de la información contenida en la nota ya estaba publicada en prensa, horas antes de que esta se difundiera algunos medios también habían desvelado el contenido de los correos electrónicos entre el abogado de González Amador y Salto, «estando los mismos en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial».
Para el TS, aunque «en este momento inicial de formación de la causa, resulta difícil de fijar y deslindar» el daño causado con ello a la pareja de Díaz Ayuso, «al menos indiciariamente, en este supuesto sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa» en la causa donde se investiga a González Amador por fraude fiscal.
Tras ello, García Ortiz, que esperaba tranquilo pero resignado este auto, ha anunciado en un comunicado que seguirá en el cargo por estar convencido de que «es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía». No obstante, la apertura de una investigación en su contra marca un punto de inflexión en su mandato.
Fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como ‘mano derecha’ de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.
Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
Varapalos judiciales
Una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del TS, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.
Rueda recurrió dicha decisión ante el Supremo, que le dio la razón anulando el nombramiento de Delgado para su Sala Quinta. El alto tribunal fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder», que calificó de «innegable», por ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado. «Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público», dijo la Sala Tercera.
El TS se apoyó en las palabras del propio Ortiz durante ese Consejo Fiscal, cuando defendió que «quien ha sido fiscal general del Estado no debería retornar a la carrera fiscal en una categoría inferior a la más alta», reconociendo que, «si bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no prevé una promoción automática en ese sentido, él como fiscal general del Estado estaba dispuesto a remediar esa situación, que consideró como una laguna en la ley».
En una decisión posterior, el TS también anuló la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, dejando en manos del Consejo Fiscal examinar una posible incompatibilidad para el cargo por ser pareja del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El órgano consultivo resolvió que no existía tal incompatibilidad –aunque sin que la mayoría se pronunciara al apreciar defectos en la documentación a analizar–, por lo que se la volvió a nombrar.
El ‘caso Delgado’ y otros nombramientos discrecionales han acarreado a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que al igual que hicieron con Delgado le acusan de favorecer a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.
De hecho, la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos supuso que destacados fiscales se dieran de baja de UPF –como el fiscal del ‘procés’ Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra– por «el lamentable espectáculo» vivido en el Consejo Fiscal a cuenta de esta propuesta de nombramiento. Fue «la gota que colma el vaso», manifestaron fuentes fiscales a Europa Press.
Otra decisión «inédita»
Fue en este contexto cuando el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –de mayoría conservadora– declaró «no idóneo» a García Ortiz para continuar al frente del Ministerio Público, en el marco del proceso para su renovación, que finalmente se consumó el pasado 27 de diciembre.
El Consejo concluyó que García Ortiz había hecho un uso «espurio» de sus poderes, aludiendo a su política de nombramientos discrecionales y al duro fallo del TS sobre Delgado, así como señalando que ha impuesto criterios erróneos, como con la ley del ‘solo sí es sí’, y su «inactividad» para defender a los fiscales del ‘procés’ de las acusaciones de ‘lawfare’.
García Ortiz respondió a estas críticas en la comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados requerida para formalizar su renovación en el cargo. Acusó al CGPJ de ejercer como un «tribunal de honor» y aseguró que nunca adoptará «posiciones partidistas».
‘El caso Tsunami’ y la amnistía
Poco después llegó el choque con la Junta de Fiscales de Sala a causa de ‘Tsunami Democrátic’ y de la ley de amnistía, discrepancias que avocaron a sendas juntas de fiscales.
La mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal decidió tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo para abogar por investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por la plataforma independentista tras la sentencia del ‘procés’.
Pese a ello, el informe acabó en manos de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, que, en contra del criterio mayoritario, expuso que no había indicios suficientes para investigar a Puigdemont por terrorismo.
Un recorrido similar tuvo la Fiscalía a la hora de fijar posición con la amnistía. En una votación ajustada, la Junta de Fiscales de Sala decidió que la ley debía aplicarse a la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos del ‘procés’. Una vez más, García Ortiz acordó que fuera Sánchez-Conde –su ‘número dos’– quien elaborara los informes pertinentes, apartando así a los cuatro fiscales del ‘procés’.
El Gobierno, que le confirmó hasta 2027, ha ratificado este mismo miércoles su «total respaldo» a García Ortiz. No obstante, cabe recordar que la APIF tiene recurrida su renovación como fiscal general ante el Supremo.
