García Ortiz usa la cuenta oficial de la Fiscalía para difundir su defensa de la imputación
El fiscal general ha utilizado los medios de comunicación de la institución para compartir su comunicado
El Tribunal Supremo (TS) ha abierto formalmente este miércoles por unanimidad una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos denunciado por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una medida inédita, al ser la primera vez en democracia que este cargo asume la condición de investigado. También en las formas, y es que en su reacción, el máximo responsable del Ministerio Público ha utilizado los medios de comunicación del organismo para difundir su defensa.
Momentos después de conocerse su imputación, Álvaro García Ortiz emitía un comunicado de defensa en el que descartaba dimitir. «En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado», ha afirmado García Ortiz en una nota de seis puntos. Esa nota ha sido difundida por la cuenta en X de la Fiscalía General del Estado. Una cuenta institucional difundiendo los argumentos de defensa del ciudadano que ostenta el cargo de Fiscal General, lo que podría entenderse como un mal uso de los medios de comunicación de un organismo independiente como la Fiscalía General del Estado.
El fiscal general del Estado sostiene en esa nota que la atribución de investigado le permitirá «ejercitar plenamente mi derecho de defensa», algo que en su opinión no ha podido hacer hasta la fecha. «El ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes», insiste García Ortiz.
Imputación por revelación de secretos
Con su imputación, el Supremo no investigará la difusión de una nota de presa en la que la Fiscalía de Madrid negaba haber ofrecido un pacto a Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal, sino la filtración de los correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto en los que se demuestra lo contrario, que fue la pareja de Ayuso la que pidió este pacto al Ministerio Público.
«Aparentemente, no hay información indebidamente revelada -por la nota-, ante el conocimiento público de los hechos», indica el alto tribunal. Sin embargo, «de la instrucción de la causa se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado de González Amador fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial».
Según explica el auto de la Sala de lo Penal, resulta «obvio» que la filtración de estas informaciones, en las que se indicaba que González Amador reconocía su culpabilidad de dos delitos fiscales, puede afectar a su «derecho a la presunción de inocencia». El Supremo lo considera así, «aunque ese reconocimiento no tuviera lugar en el marco del proceso penal», sino en la fase previa.
En cualquier caso, la instrucción llevada a cabo hasta ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da a entender cómo se produjo la publicación de la nota de prensa que llevó a González Amador a presentar una querella contra la Fiscalía. Las declaraciones efectuadas por testigos e investigados permiten concluir que García Ortiz dio orden de publicar la nota, y así lo ha admitido por escrito el propio fiscal general, que defiende la decisión, tomada según dice, con la intención de poner fin a un «bulo».