Manos Limpias pide suspender a García Ortiz de sus funciones mientras siga investigado
El fiscal general anunció su continuidad por ser «lo más prudente» y para «reforzar» la independencia de la institución
García Ortiz en una entrega de premios el pasado junio. | A. Martínez Vélez (Europa Press)
Manos Limpias quiere apartar a Álvaro García Ortiz de su puesto. El sindicato de funcionarios, una de las acusaciones populares en la causa contra el fiscal general, ha solicitado al Tribunal Supremo que le suspenda de sus funciones mientras dure el proceso judicial, en el que sigue siendo jefe del fiscal encargado. El alto tribunal le ha abierto una investigación por un presunto delito de revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de prisión. Los magistrados deben dirimir ahora la responsabilidad del máximo exponente del Ministerio Público en la filtración de los datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Manos Limpias aboga por la suspensión cautelar de García Ortiz como fiscal general mientras siga investigado. El Supremo ha acordado abrirle una causa por la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra Alberto González Amador. El alto tribunal también se ha arrogado la competencia para investigar a la jefa provincial, que supuestamente envió al fiscal general datos para la elaboración de una nota.
«Se da la circunstancia extraordinaria de que la persona investigada ostenta la condición de fiscal general del Estado y que los hechos investigados se han producido en el ejercicio de su cargo», insiste el escrito, firmado por el abogado Víctor Soriano, del despacho Soriano i Piqueras. La acusación que ejerce Manos Limpias considera que, al tratarse del jefe de un órgano netamente jerárquico (artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), García Ortiz «dispone de un amplio margen de decisión sobre la intervención del Ministerio Público».
La posición de García Ortiz
El sindicato de funcionarios considera que, en esas circunstancias, «se pone en entredicho» la tarea de los fiscales, lo que supone «un riesgo para la integridad del proceso penal, por cuanto la Fiscalía no puede intervenir de forma plenamente imparcial, toda vez que el miembro de la carrera fiscal que aquí intervenga lo hará sometido a la dependencia jerárquica del propio investigado».
El texto, de cinco páginas, insiste en que para evitar esa «quiebra de imparcialidad» no basta la abstención de García Ortiz, ya que sigue ocupando una posición jerárquica preeminente desde la que puede «adoptar decisiones de índole profesional, con efectos incluso económicos, que les afecten personal y directamente, llegando incluso a conservar las facultades disciplinarias sobre ellos, generando así una situación de sometimiento informal a su voluntad por quien debiera de intervenir».
Manos Limpias basa su petición en la apariencia de buen derecho y en el peligro por la mora procesal. La acusación popular sostiene que la apariencia de buen derecho en el proceso penal reside, fundamentalmente, en la exigencia de indicios de la existencia del hecho delictivo y de la participación de la persona investigada en él. «Sin investigado no habría posibilidad de adoptar medida cautelar alguna», manifiesta el escrito dirigido al Supremo.
En segundo lugar, Manos Limpias subraya que el procedimiento conlleva un periodo de tiempo, lo que entraña «un riesgo claro de afectación a la integridad del proceso, por la imposibilidad material de que el Ministerio Fiscal participe en el mismo con la imparcialidad que le es legalmente exigible, al ser cualquier representante del organismo que comparezca en la instrucción un dependiente jerárquico del investigado».
Ola de indignación
Dos de las tres asociaciones profesionales han solicitado la dimisión de García Ortiz. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha aludido al Derecho romano, afirmando que ha perdido el principio de autoridad (poder que ostenta una persona para imponer su voluntad por el convencimiento, por el reconocido prestigio que tiene en el desarrollo de su función). El fiscal general decidió mantenerse en el puesto tras ser imputado, lo que generó una ola de indignación en la carrera fiscal. Basa su decisión en que es «la más prudente para la institución a medio y largo plazo» y «refuerza» su independencia.
Los hechos por los que se ha abierto una investigación contra García Ortiz se remontan al pasado 14 de marzo, cuando la Fiscalía General del Estado emitió una nota que desvelaba los detalles sobre el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la pareja de Ayuso, imputado por fraude fiscal y falsedad. La instrucción estuvo precedida por horas de gran tensión. Finalmente, se emitió un texto que detallaba la cronología de las diligencias practicadas con datos confidenciales que evidenció que fue el letrado de González Amador quien propuso el pacto a la Fiscalía.
