Puente se niega a publicar el inventario del sótano que almacena las mascarillas de Ábalos
Transportes también desconoce si los cubrebocas que compró a la empresa del ‘caso Koldo’ están caducados
El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado lunes en Madrid. | Mariscal (EFE)
El material que alberga el sótano del Ministerio de Transportes es un auténtico misterio. El departamento que dirige Óscar Puente se niega a hacer público el inventario del espacio en el que se encuentran buena parte de las mascarillas adquiridas en la etapa de José Luis Ábalos, señalado en la auditoría publicada a finales de agosto. El informe revela que la sede ministerial aún almacena 238.840 de los cubrebocas que se compraron a la empresa investigada en el caso Koldo. A esa cifra hay que sumar otras 206.000 mascarillas guardadas en un depósito de Azuqueca de Henares (Guadalajara). El Gobierno también desconoce si están caducadas.
THE OBJECTIVE ha tenido acceso a la pregunta que realizó un particular a Transportes el pasado septiembre. Le reclamó información sobre el inventario del ministerio, desglosando todo aquello que tuviese identificado y almacenado. Además, solicitó el número de unidades, el valor estimado y el año en el que se compraron los productos que se acumulan en el sótano de la sede ministerial que aparece identificado en la auditoría que encargó Puente tras estallar el caso Koldo.
Transportes ha inadmitido la solicitud de información realizada a través del Portal de Transparencia en aplicación del artículo 18.1 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ltaipbg). El departamento de Puente se excusa en el apartado b, que aboga por rechazar las peticiones que tenga «carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas».
La auditoría de Puente
La respuesta también alude al apartado e del artículo 18 de la Ltaipbg, que descarta admitir las cuestiones que tengan «un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia». Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
«El inventario de los almacenes del ministerio constituye un documento de carácter auxiliar. Esto es así porque este documento no tiene relevancia en la tramitación de ningún expediente en la conformación de la voluntad pública del órgano. Es decir, no es relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas ni en su aplicación», destaca la respuesta del departamento que dirige Puente.
El texto, firmado por la directora general de Organización e Inspección, subraya que las solicitudes de información pública «deben estar justificadas con la finalidad de la Ltaipbg». Según el Criterio Interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una solicitud está justificada cuando cuenta con un interés legítimo de someter a escrutinio la acción política, conocer cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos o los criterios con los que actúan las instituciones.
La auditoría encargada por Puente para analizar los contratos de compra de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión, la empresa investigada en el caso Koldo, revela una falta de control del departamento en la compra de cubrebocas. Hasta el punto de que en la actualidad «en el sótano de este ministerio quedan unas 238.840 mascarillas y en el almacén existente en Azuqueca de Henares, unas 206.000 mascarillas, que en términos económicos supone [en conjunto] 1.128.559 euros».
Mascarillas caducadas
Como ya avanzó este diario, Transportes desconoce el número de esas mascarillas que están caducadas, una información necesaria para buscarles una salida o, finalmente, optar por su destrucción. En una respuesta obtenida a través de Transparencia, el departamento que dirige Puente afirma que «no dispone de ninguna base de datos, de ningún documento ni de ninguna fuente de información ordenada o sistematizada que recoja la información solicitada sobre el material sanitario adquirido por el departamento con el nivel de detalle pedido».
La resolución añade que generar dicha información «requeriría de una labor de inventario minuciosa y específica para recabar los datos solicitados, lo que constituiría la creación de un informe ad hoc y una reelaboración de datos». Los almacenes de Transportes amontonan casi medio millón de mascarillas adquiridas hace más de cuatro años. Todo apunta a que ese material ha prescrito, ya que, según el modelo, suelen caducar entre uno y tres años después de su fabricación.
La auditoría que publicó a finales de agosto el departamento de Puente puso en un brete a Ábalos. Transportes solo ha podido acreditar con documentos el reparto de cinco millones de mascarillas de los 13 millones que se compraron a Soluciones de Gestión, la empresa investigada en el caso Koldo. El informe revela que el exministro amplió la cantidad de mascarillas del primer pedido de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 38 minutos.
La compra, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2020, superó los 20 millones de euros. La investigación advierte de la falta de control en el reparto de cubrebocas durante la etapa de Ábalos. «No existe constancia documental de la entrega ni al ministerio, ni a Correos, ni a la Dirección General de Transporte Terrestre», insiste el dosier. Ese escenario ha hecho que Liberum, una de las acusaciones populares, pida al juez que se aporten todos los justificantes que acrediten la entrega de las mascarillas.
